Columna Carlos Meléndez

Por más de un año he escrito ininterrumpidamente de lunes a viernes en las páginas de este periódico. Cuando asumí el desafío de la columna “diaria”, lo hice como oportunidad para contribuir al acercamiento entre la academia politológica –de donde provengo– y un público mayor no necesariamente al corriente de los debates sofisticados de nuestras ensimismadas élites intelectuales. Concibo la difusión como parte fundamental del ejercicio profesional y ese ánimo encontró una feliz coincidencia en el proyecto que, bajo la dirección de Juan José Garrido, desarrolla Perú21. Lamentablemente, nuevas políticas del consorcio empresarial al que pertenece este diario –a mi juicio, muy restrictivas– inhiben mi continuidad en estas páginas.

Luego de dos meses de gestión, va quedando en evidencia la falta de adaptación del alcalde Castañeda a las urgentes exigencias metropolitanas. Lima ha llegado a un nivel superior a la crisis que tuvo que enfrentar hace cuatro años: caos en el transporte, inseguridad ciudadana alarmante y carencia de planificación en la gestión. Estos problemas desbordan con facilidad el estilo de “cemento” que el proyecto solidario impuso.

Si usted interroga a dos políticos peruanos seleccionados al azar, lo más probable es que cada uno tenga una visión distinta de cuál es la modificación legal más urgente a realizar en materia electoral y política. ¿Escuchó al presidente dando la largada al diálogo nacional? Su argumentación sobre la reforma política era digna del ‘Puma’ Carranza. La culpa no es suya, sin embargo. Cada político, analista, politólogo, constitucionalista tiene en mente una reforma distinta. Hacer una síntesis evidencia que, pese a que será materia de debate en el Pleno, no existe norte para tomar un camino.

La propuesta de la reforma política –en su versión “mínima”– planteada por las autoridades electorales ha sido bien recibida por el gobierno, a tal punto que se propone llevar la discusión al diálogo político promovido por la PCM. El impostado discurso “reformista” del Ejecutivo encuentra así viada y le da algo de soporte a una iniciativa ajena. Sin embargo, este inusitado padrinazgo oficialista tiene un lado anverso y, de hecho, delata las limitaciones del “wishful thinking” de los reformólogos locales: ¿es posible una reforma sin el Apra y el fujimorismo?

Cómo evoluciona y sobrevive un proto-partido político en un ambiente tan agreste para la institucionalización como la política peruana? Una manera es construir una “marca partidaria”, es decir, un prestigio que sirva de atajo comunicativo para el electorado, de síntesis “ideológica”, de resumen de ideas-fuerza a representar.

Ha llamado mucho la atención el surgimiento de Podemos en España, en momentos en que tambalea la estabilidad del sistema de partidos ibérico. La izquierda ve con optimismo la expansión de una prédica antisistema en Europa, mientras que la derecha la tilda de populista y chavista. Lo cierto es que Pablo Iglesias y sus seguidores han renovado la oferta política y programática de la “madre patria”.

El legítimo y necesario reclamo de una política metropolitana de promoción cultural se ha planteado en términos errados. La “estrategia” empleada en tal demanda trasluce reflejos clasistas y resentimientos electorales que sabotean una causa meritoria de adhesión ciudadana.

La revelación periodística de Cuarto poder sobre el irregular manejo de las finanzas de campaña del Partido Nacionalista (PNP) en el 2011 ajusta en la discusión técnica sobre las reformas electoral e institucional. En nuestra política informalizada, nada es más informal (y delictivo) que las administraciones de recursos financieros que desbordan con facilidad una regulación blanda y carente de sanciones efectivas. La “caja chica” (no tan pequeña en realidad) para gastos proselitistas es la gran “caja negra” de nuestra política “pre-OCDE”.

Estos dos anglicismos –sobre todo el primero– se han convertido en moneda corriente en el vocabulario de la opinología nacional. Su uso extendido para catalogar a cualquier político es, sin embargo, frecuentemente errado. Bajo tal designio, se ha dicho que el ex ministro Urresti será el outsider del 2016 o que el aprista Cornejo lo fue en las elecciones municipales. Procedamos a una breve lección politológica.

El fin de semana último, dos de nuestros partidos políticos más añejos realizaron megaeventos. El Apra celebró el Día de la Fraternidad, mientras que el PPC llevó adelante su decimoséptimo congreso estatutario. ¿Qué ofrecen nuestros viejos partidos entre tantos potenciales outsiders presidenciables?

No se trata de la precuela del blockbuster de moda, sino una gráfica descripción de la inestabilidad del Ejecutivo: seis presidentes del consejo de ministros (Lerner, Valdés, Jiménez, Villanueva, Cornejo y Jara) en menos de cuatro años, sin contar las renovaciones parciales (como la de esta semana). La táctica del outsider en el poder (sin partido, pero con esposa de hábil operadora) ha sido de relevos rápidos ante las oposiciones furiosas respecto a escándalos, errores y agresiones inadecuadas de ministros a quienes se les sube el fajín a la cabeza. (Algunos de ellos, como Urresti, se despiden también con furia).

Yonhy Lescano quiere ser presidente del Perú. Ántero Flores-Aráoz quiere ser presidente del Perú. Juan Carlos Eguren quiere ser presidente del Perú. Yehude Simon quiere ser presidente del Perú. Juan Incháustegui quiere ser presidente del Perú. Mauricio Diez Canseco, Antauro Humala, Alfredo Barnechea y Malzon Urbina quieren ser el presidente del Perú.

Una política institucionalizada disminuye los niveles de incertidumbre. Los actores, más o menos, se comportan según los cánones previstos por la democracia. Las reglas de juego tienden a respetarse. Si existen patrones no normados oficialmente –lo que el argot politológico llama “instituciones informales”–, estos suelen ser conocidos y aceptados por la mayoría. Pero, ¿qué sucede cuando ese esquema que guía el comportamiento de las élites (y los ciudadanos) es en sí mismo inestable, fluido, cambiante, a tal punto de ser casi inexistente? ¿Cómo funciona una política carente de institucionalidad?

Desde el año pasado, las investigaciones por denuncias de corrupción (caso Martín Belaunde y otros) han apuntado a indicios de nexos con Palacio de Gobierno. Las sospechas que asoman sobre la primera dama no han cesado en el tiempo, sino que tienden a incrementarse. Y aunque no existen pruebas terminantes de su involucramiento en prácticas ilícitas, la imagen carismática de Heredia se ha dañado significativamente. Si hace menos de seis meses gozaba del 34% de aprobación (octubre del 2014), hoy cuenta con un magro 16% de apoyo popular; bajón que contagia al presidente.

El presidente Humala reaccionó ante los sucesos en Pichanaki con un llamado al protagonismo de las autoridades subnacionales. El objetivo, según su argumentación, es restarle espacio a “agitadores profesionales” –como ha catalogado a los dirigentes sociales de las protestas contra Pluspetrol–. Para el mandatario, “ellos (los agitadores) no quieren adaptarse al desarrollo del país”, sino que buscan “violencia, atraso y confrontación”. El discurso de Humala exhibe reminiscencias con el de su antecesor García; particularmente en su referencia implícita al “perro del hortelano”. La grave contradicción es que, hace cinco años, Humala representaba lo que ahora rechaza.

Algunas encuestadoras ya incluyen en sus sondeos la intención de voto presidencial. La prensa rebota a diestra y siniestra cifras que, con un año de anticipación de la contienda, no presentan validez predictiva. Los apoyos que exhiben son relativos; en el mejor de los casos expresan simpatía e identificación, aunque no una reflexión sensata sobre la decisión electoral.

¿Qué tipo de ciudadano es aquél que apoyó la ‘ley Pulpín’? ¿Es un autoritario defensor de la “mano dura” y/o del pragmatismo de las obras de cemento? Datos desagregados –que gentilmente proporciona Ipsos– ofrecen pistas sobre las características del “defensor de las reformas laborales”. Al respecto, resultan sugerentes dos comparaciones: los pro-‘ley Pulpín’, con quienes apoyan al ministro Urresti –a nivel nacional–; y los defensores de dicha ley, con quienes aprueban la gestión de Castañeda en Lima.

El diálogo político del lunes último, auspiciado por el Ejecutivo, ha sido duramente criticado por incluir a organizaciones políticas de nimia representación. Efectivamente, entre la mayoría de partidos nacionales registrados sobresalen vehículos personalistas, vientres de alquiler, organismos de pasado auspicioso y presente lamentable. La política se vuelve disfuncional con la fragmentación y atomización de partidos ‘pitufos’ –bautizados así por el humor popular–, por lo que se requiere de una reforma ‘Gárgamel’, que, entre otras cosas, sincere la oferta organizativa y destierre para siempre la aldea liliputiense en que se ha convertido la política nacional.

Hace poco apareció la noticia de que los ex ‘chakanos’ Juan Sheput y Carlos Bruce estarían evaluando sumarse a los equipos de cuadros políticos del ex presidente Alan García (AGP) o del ex candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Obviamente, existen grandes diferencias entre ambos presidenciables: AGP requiere menos operadores y “voceros” porque tiene en el Apra su propia cantera, a diferencia de PPK, quien está construyendo una organización con base en el carisma “perdedor” del 2011. En términos de recursos políticos, Sheput y Bruce podrían ser más funcionales (e incrementar su valor) donde más se los necesita (PPK).

El encuentro político que acogerá hoy Palacio de Gobierno podría ser catalogado por algunos como un “diálogo sin crisis”. Si, como señala Alberto Vergara, no hay crisis económica, la “cumbre” anunciada se degrada a cháchara politiquera. De hecho, el titular del MEF, Alonso Segura, nos ha conminado –vía RPP– a eliminar la palabra “crisis” de nuestro vocabulario. Si el modelo de profundización de reformas de mercado es consensual, no habría espacio para discrepancias de fondo sino puro encono y mezquindad personal. “¿Crisis? ¿Qué crisis?”. Es aquí donde Vergara y Segura se dan la mano.

El fujimorismo y el nacionalismo nacieron en distintos momentos históricos como fuerzas opositoras al sistema (político y económico). El paso por el gobierno y la adopción de políticas de mercado –considerando los matices entre cada uno de ellos– coadyuvaron a su admisión en el establishment. Sin embargo, persisten sectores políticos que propugnan la exclusión del fujimorismo, mientras Humala carga aún con el apelativo de “velasquista” que genera desconfianza entre empresarios. No obstante, mal que bien, son actores legítimos que acarrean los defectos de pertenecer a una política desinstitucionalizada como la peruana.

Recientemente, en lo que supongo fue un arranque de orgullo, la primera dama tuiteó el link de una noticia aparentemente optimista. Lima aparecía entre las “50 ciudades seguras del mundo”, y ocupaba el puesto 33, según un estudio de la revista británica The Economist. Este ránking suponía un espaldarazo al gobierno y su “política” de lucha contra la delincuencia, aun cuando la inseguridad es una de las principales preocupaciones nacionales. El entusiasmo palaciego proyecta, sin embargo, una superficial interpretación del citado reporte.

En una región de la selva peruana, un ex candidato a la presidencia regional no se lamentaba mucho de su suerte en la campaña electoral a pesar de haber quedado tercero en primera vuelta. “Debo haber hecho una caja de 400 mil soles”, señaló en un arranque de honestidad brutal. “Gran parte de la campaña estuve como favorito –explicaba– y, aunque al final me fallaron unos alcaldes del interior, amigos empresarios –y no tan amigos– me tocaban la puerta para ofrecerme donaciones”. Nunca hizo inventario oficial de los aportes voluntarios recibidos ni tampoco gastó todo el dinero acumulado. “Perdí la elección, pero hice guita”, afirmó como balance de su primera experiencia política.

El mercado de los servicios de “inteligencia” se ha “democratizado” y hoy se encuentra casi al alcance de cualquier mortal. Chuponeos, reglajes y hasta investigación documentaria se ofrecen a pedido del cliente. La desintegración del otrora SIN y el avance de la criminalidad confluyen en la potenciación y crecimiento de una oferta de espionaje que el gobierno no puede detener. De hecho, parecería que el Estado ha sucumbido y es incapaz de controlar este tipo de recurso, tarea que le corresponde en aras de la seguridad interna.

La semana pasada abundaron las teorías conspirativas sobre el divisionismo al interior del Ejecutivo y sus efectos en la correlación de fuerzas legislativas. Los analistas especularon sobre “facciones” que exhibían maquiavélicas estrategias para inclinar la balanza hacia su favor. Las denuncias de “reglajes” y tuits eran interpretadas como parte de un intenso ajedrez político. Contrario a mis colegas, creo que se ha sobredimensionado la organicidad de la dinámica política peruana.

Otoño de 1997. La destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional inició una ola de movilización estudiantil contra el régimen autoritario de Fujimori. La espontaneidad, frescura y agallas de las protestas juveniles –paralelas a las de sindicatos tradicionales y frentes regionales– generaron ilusión respecto a la conjeturada generación “X”, calificada de apolítica y frívola. Las calles mostraron entonces lugar para la esperanza de renovación política; sensación similar a la actual resaca post-‘Pulpín’. Pero ¿qué fue de esa promisoria generación? ¿Qué de aquellas jóvenes promesas galardonadas y apapachadas por activistas e intelectuales?

Esta semana se celebró el primer aniversario del fallo de La Haya y el balance del presidente Humala suena correcto: la relación con Chile se ha fortalecido. Se percibe un clima favorable entre las dirigencias políticas y los funcionarios de relaciones exteriores de ambos países. Además, fluyen diversas iniciativas de integración promovidas por hombres de negocios, académicos y periodistas. El desafío, sin embargo, no está tanto en las élites como en los ciudadanos de a pie.

Miles de jóvenes se movilizaron los últimos dos meses para protestar contra una ley que consideraban injusta. Luego de cinco marchas masivas, el Ejecutivo –promotor de esta legislación– se vio obligado a convocar una sesión extraordinaria del Parlamento para que, al final, este terminara por derogar dicha regulación. Hay veces en las que, efectivamente, la acción de protestar alcanza sus objetivos ulteriores. Son precisamente estos momentos los que legitiman la movilización y empoderan a los ciudadanos. Demuestran con hechos que la decisión individual de unirse a una acción colectiva puede tumbarse una reforma que cuenta con el respaldo de los poderes políticos y el beneplácito de los grupos económicos. La derogatoria de la ‘ley Pulpín’ es, efectivamente, el triunfo de la calle sin partidos opositores ni organizaciones intermedias. Es la victoria de la indignación espontánea que no necesita redes sociales virtuales ni liderazgos demagógicos.

Hay momentos determinados en que el más poderoso diseñador de políticas públicas no puede lograr que su más sofisticada elaboración se convierta en norma. Aunque cuente con la venia del poder político y del poder económico, y el respaldo de la econometría aplicada, hay veces en que la ausencia de sentido político socava la soberbia del policy-maker. Responsabilizar las deficiencias aduciendo “problemas de comunicación” es negar la realidad y la incompetencia para un puesto de envergadura. Ayer, el joven Pulpín movilizado fue más que un Ph.D. en Economía. Así de hermosa puede ser la democracia.

Si el presidente Humala leyera (adecuadamente) las encuestas, se daría cuenta de que, a pesar del juego de “todo o nada” que ha planteado respecto a la ‘ley Pulpín’ (como bien señala el director de este diario, el sábado último), tiene salidas más decorosas. Si bien tal contumacia presidencial es a todas luces impopular (solo 8% de peruanos desearía dejarla como se promulgó), la consigna de las marchas juveniles alcanza un tercio a nivel nacional (31% considera que debería ser derogada). Ha pasado inadvertido que más de la mitad de encuestados (55%) está a favor de su modificación, un poco más en los sectores A (58%), D (57%) y E (56%) que en B (52%) y C (53%). ¿Hay acaso una salida intermedia?

A inicios de año, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, rechazó la campaña publicitaria de Ladrillos Lark. La crítica apuntaba a tres paneles gigantes ubicados en el camino a las playas del sur, en los que la modelo Vania Bludau posa en casco y bikini al lado de frases del tipo: “Está dura”, “Está maciza”, “Está fuerte”. La indignación ministerial se justificaba en el sexismo del mensaje.

En las últimas semanas se ha criticado la agresión sistemática tuitera de Daniel Urresti a las principales figuras de la oposición. Son vergonzosos los trinos ministeriales, dignos de un ‘troll’, un acosador 2.0 y no de un miembro de un gabinete. Representantes de la sociedad civil han hecho llamados a la cordura, incluso ‘especialistas’ se han animado a ensayar “criterios para el debate político en redes sociales” (¿no es acaso más recomendable exigir el cumplimiento de las regulaciones vigentes antes que descubrir la pólvora?). Estas preocupaciones me parecen loables, pero opaca una pregunta de fondo: ¿no es la podredumbre de las redes sociales reflejo de sus usuarios?

Después de cuatro multitudinarias movilizaciones en Lima y en otras ciudades del país, la protesta contra la ‘ley Pulpín’ se ha convertido en la principal oposición social al gobierno. De hecho, algunos sectores de la oposición parlamentaria se han alineado para contraatacar a la iniciativa estatal. Incluso dentro del ‘partido’ de gobierno (disculpen la exageración) crecen las voces disidentes. Sin embargo, la protesta social –en términos orgánicos y de liderazgos– mantiene la medianía política. ¿Puede usted distinguir a un joven anti-‘Pulpín’ que, más allá de tener un rollo articulado, sea capaz de proyectar un liderazgo plural y aglutinar a diversos sectores políticos?

La mayoría de autoridades electas empieza su gestión con un periodo de gracia otorgado por el electorado. En Lima, los alcaldes reelectos inmediatamente (Castañeda en el 2007) suelen iniciar con una altísima aprobación (85% en el caso mencionado). Los debutantes (Castañeda en el 2003, Villarán en el 2011) reciben generalmente un apoyo mesurado pero significativo (bordeando el 50% en ambos casos mencionados). Según Ipsos, la tercera gestión de Castañeda arranca con un importante 68% de aprobación, apoyo que aumenta conforme se desciende en niveles socioeconómicos (39% en A, 58% en B, 65% en C, 77% en D y 88% en E). Además de retomar la alcaldía con un espaldarazo generalizado, el líder solidario es popular en los estratos bajos (0% lo desaprueba en E). Si bien coincido con varios analistas en que ha emergido un sentido común fiscalizador entre los limeños, en la actualidad Castañeda debe ser el político peruano con mejor imagen ante la opinión pública. Las acusaciones de corrupción solo parecen tener efecto en los niveles de ingreso altos. Entre quienes lo desaprueban (21% de limeños), el 49% cree que encabezará un gobierno corrupto (79% en A) y el 26% lo cree incapaz de resolver los problemas de tráfico de la ciudad (57% en A). En cambio, entre quienes lo aprueban (68%), el 53% lo hace por su experiencia, el 45% lo califica como “hacedor de obras” y el 33% por su enfoque en los más pobres. ¿Cómo fiscalizar a un alcalde popular en plena luna de miel? La popularidad del alcalde no puede ser sinónimo de “cheque en blanco” porque puede convertirse fácilmente en impunidad. La oposición debe asumir los costos de la antipatía si quiere cumplir el rol para el que fueron elegidos. Por ahora, un 21% de limeños lo agradecerá.

A finales de su tercer año de gobierno, Alan García tuvo un bajón en su popularidad. El ‘Baguazo’ –esta calamitosa represión policial en contra de ciudadanos indígenas que defendían sus territorios, y que cobró víctimas entre los nativos y las fuerzas del orden– afectó severamente la gobernabilidad del país. Los índices de aprobación presidencial llegaron al 20% (su ‘piso’) y se mantuvo, en promedio, menor de 30 puntos hasta el final del mandato. Los artículos justificatorios que escribió el entonces mandatario –denominando “perros del hortelano” a quienes se oponían a sus políticas– agudizó aún más la bronca hacia García, quien así daba por completo la espalda a las mayorías del país.

Las marchas contra la ‘ley Pulpín’ permiten cuestionarnos hasta qué punto estamos ante una ola de participación que excede la reivindicación de derechos laborales. Si bien los jóvenes movilizados procuran la defensa del trabajo digno, también existe un activismo articulado en torno a temas netamente capitalinos. Un brevísimo inventario nos sorprende: promoción del uso de bicicletas y ciclovías, empleo de redes virtuales para identificar problemas de la ciudad, movida contra el acoso callejero a las mujeres, etc. Asimismo, el ánimo fiscalizador con las gestiones metropolitanas (que ha heredado Castañeda, a pesar suyo) parece extenderse a los distritos. ¿Estará despegando una ola participativa urbana?

Mantener el ritmo de la protesta no es sencillo, sobre todo si el tejido social es débil como en Perú. Sin partidos enraizados (ni oficialistas ni opositores), gremios representativos ni bases activas es difícil convertir a la calle en la principal fuente de presión frente a políticas consideradas injustas. A pesar de estas barreras, hoy se llevará a cabo la cuarta marcha anti-‘ley Pulpín’. ¿Cuál es el horizonte de esta estrategia de lucha opuesta a la reforma laboral del gobierno?

¿Qué puede hacer el presidente Humala en el año y medio de gobierno que le queda? ¿Cómo emprender reformas o megaobras que requieren de amplio consenso político si él y algunos de sus ministros insisten con temeridad en un discurso antagónico con los principales líderes de la oposición? ¿Es posible para un gobierno de salida encontrar un aliado de fuste?

Los periodos históricos se superponen y la sociedad no tiene capacidad de asimilarlos. Vivimos una etapa post-terrorismo con discursos aún enfrentados. No hay consensos más allá de zanjar con Sendero y sus legados. En medio de esa confrontación de estigmatizaciones (quienes reivindican la desigualdad como origen de la violencia son “terrucos”; quienes defienden a los militares son “fachos”), nos alcanza otra etapa, la del crecimiento económico sin instituciones, donde la delincuencia es la principal preocupación.

Una de las grandes transformaciones de Ollanta Humala como mandatario ha sido su gran sintonía con el sector empresarial. Como evidencia la entrevista del presidente de la Confiep publicada ayer en Perú21, se reconoce un “cambio estructural en la forma de pensar” de Humala y de su equipo, a tal punto que se le entiende como un “gobierno de buenas intenciones”. ¿Cómo es posible que el otrora enemigo de campaña esté tan complacido luego de casi cuatro años de gestión? El presidente Humala ha logrado introducir garantías que satisfacen al empresariado, pero nunca llegará a generar confianza. El manejo de la economía (MEF y Banco Central), la expansión de tecnocracias en más sectores del gabinete y la defensa de banderas pro inversión (“Conga va”) complacen al poder fáctico. Pero jamás un “velasquista” (entiéndase así a quien cree que el “régimen de Velasco fue uno de los grandes aportes en la historia económica y política del país”, García Miró dixit) podrá ser de la confianza del poder económico de este país. Para García Miró, Humala partió con un “error de origen”: considerar al sector privado como su enemigo. Según el entrevistado, el presidente da un giro positivo cuando abandona sus “posiciones ideológicas… manteniendo ciertos principios”. Sin embargo, esos “principios” son tan ideológicos como las posiciones originarias de Humala. Precisamente por la adopción acrítica de esos “principios” (pro mercado) es que el empresariado no necesita pautar las políticas del Ejecutivo (como se dice de la ‘ley Pulpín’). Este gobierno –salvo algún lapsus– camina derecho como quieren los principales beneficiados del establishment económico. No hay mayor fundamentalismo que el del converso. ¿Quién no quisiera un enemigo así?

Las redes sociales virtuales –especialmente el Twitter– se han convertido en la arena política predominante en las últimas semanas en Perú. Dada la brevedad de su formato, la ausencia de interacción cara-a-cara y la anonimidad de sus espectadores, este medio 2.0 tributa más a la ofensa y el insulto que a la deliberación e intercambio argumentativo. Cuando los ánimos se caldean entre el oficialismo y la oposición, dicha red saca a relucir la peor versión de nuestros políticos.

El asesinato de los integrantes del semanario francés Charlie Hebdo, ejecutado por fundamentalistas islámicos, ha dejado en shock a Francia (en palabras del presidente Hollande) y a gran parte del mundo. La mofa sistemática del magazine en contra de las religiones (especialmente del islam extremo) provocó este condenable atentado terrorista. Sin embargo, ¿cuál es el debate detrás de esta tragedia?

Los análisis sobre la política a nivel subnacional han enfatizado en el nivel regional, pero poco se sabe sobre quiénes gobernarán las alcaldías provinciales. Comencemos por auscultar el perfil de los alcaldes de las capitales departamentales que acaban de asumir los cargos respectivos.

Por ahora, Enrique Cornejo y los apristas que ingresaron al concejo limeño (en su mayoría jóvenes) son quienes se encuentran en mejores condiciones para capitalizar la oposición a Castañeda. Desde el primer día, el ex candidato municipal salió a ocupar el espacio de fiscalización vacío (con un PPC resolviendo sus problemas internos). Mientras los regidores villaranistas se ocupan de disputas secundarias (la crítica a la presencia del cardenal Cipriani en la juramentación y el affaire del puño alzado), Cornejo apela a una crítica mediática con miras al 2018. La primera pregunta que asoma es si existe un vínculo orgánico y comunicativo entre el protagonismo que inicia Cornejo y el papel de la bancada aprista en el Concejo. Recordemos que el Apra ya compartió la asamblea metropolitana con Solidaridad, con quienes devino en una ‘convivencia’ cómoda para el oficialismo. Dada la animadversión del actual alcalde a la transparencia, resulta vital una oposición más aguda y con liderazgo que solo el Apra puede ensayar. La segunda pregunta refiere al electorado. Cornejo terminó representando al limeño ‘republicano’, más afín a la rendición de cuentas y al respeto institucional. El izquierdista capitalino –progre, posmaterial, hummus de Barranco– se inclinó electoralmente por un aprista de cuño ante la decepción de Villarán. El sorpresivo endoso de votos (800 mil limeños marcaron la estrella) no es definitivo, pero cultivable. De hecho, el desprestigio de la izquierda limeña post-Susana (¿dónde está Marisa Glave?) y la flexibilidad ideológica del aprismo pueden coadyuvar a que Cornejo y el Apra asuman el rol de “nueva izquierda” frente al clientelismo populachero y conservador que nos gobernará los próximos cuatro años.

¿Cuál debe ser el criterio para evaluar a una autoridad pública cuando esta deja el cargo? ¿Las obras que hizo? ¿La honestidad con la que gobernó? ¿Ninguna de las anteriores? La alternancia municipal en Lima –Castañeda-Villarán-Castañeda– nos ha llevado a un debate inútil que, en el mejor de los casos, nos conduce a elogiar la mediocridad de las obras sin transparencia o de la transparencia sin obras.

La semana movida que termina permitió ver, a través de gestos y presentaciones públicas, la ‘división’ del trabajo ministerial. Primero, Urresti se ha convertido en la fuerza de choque del gobierno. Es un ‘todoterreno’ que en menos de 48 horas puede ‘debatir’ de tú-a-tú con defensores de senderistas, armar operativos policiales para proteger la residencia presidencial de las marchas juveniles y reprocharle al suspendido fiscal de la Nación la publicitación del paradero del “más buscado” por la justicia peruana. Mientras Figallo y Gutiérrez (técnicos de jurisprudencia) coordinan una estrategia para el caso MBL, Urresti juega por la libre en su propia conferencia de prensa. Para quienes pedíamos cuadros políticos en el Ejecutivo, el gobierno encontró su propia versión antinstitucional de vocero con vozarrón.

Un estadista sabe escuchar las demandas ciudadanas y, sobre todo, sabe reconocer errores. Dar “marcha atrás” en reformas (máxime si son puntuales) no significa necesariamente una derrota, sino una mejor representación política. Por eso, luego de la sostenida movilización juvenil respecto a la ‘ley Pulpín’ (tres multitudinarias marchas, una más grande que la anterior), el gobierno de Humala debería derogar esta norma.

A partir de la irrupción del ministro Urresti en una “retrospectiva artística” (sic) que exponía obras de reclusos senderistas, se ha generado el debate sobre cuál es la manera más apropiada de lidiar con Sendero Luminoso (SL) y sus legados. Para unos, hay que hacerlo vía la “lucha política”; para otros, usando las armas legales; finalmente, están quienes opinan que con terroristas solo es permisible “mano dura”.

La utopía social o política es un sueño colectivo. Es una ilusión que nace de la insatisfacción con el statu quo. Cuando ese sueño moviliza se pasa a un nivel superior; hay un cambio cualitativo: de un ciudadano inconforme, frente a un televisor, a uno que pisa la calle para elevar su reproche. El elemento disruptivo de la protesta crea la sensación de empoderamiento, de heroicidad en su nivel más cotidiano. Se crea un compromiso mayor, se endosa una causa activamente.

Se ha convocado una nueva movilización contra la ‘ley Pulpín’ para mañana sábado, con el propósito de aprovechar la inercia movimientista de fin de año. Las dos marchas juveniles previas han sorprendido por su convocatoria (10 mil manifestantes en época navideña) y nuevos repertorios de protesta. Las movilizaciones son nocturnas, se expanden por la ciudad (desde el Centro hasta Miraflores) y por distintos focos de poder (desde el Congreso hasta la Confiep). El efecto simbólico –para la clase política y la opinión pública– ha sido potente, pero ¿será posible que este ‘despertar’ juvenil llegue a sostenerse más allá de ánimos coyunturales? ¿Estamos ante el inicio de una ola ‘antipulpín’?