Columna Sebastiao Mendonça Ferreira

El viernes pasado, el Partido de los Trabajadores (PT), con los abogados de los políticos acusados de corrupción, ha organizado un Tribunal Popular en contra de la operación Lava Jato y de las sentencias emitidas por el juez Sergio Moro.

La semana pasada, Michel Temer salió victorioso del intento de juicio político por corrupción. De los 342 votos necesarios para iniciar el impeachment, la oposición obtuvo solo 227, mientras el gobierno mantuvo su mayoría con 263. Con esta victoria, Temer se consolida, por lo menos, por algunos meses más.

El jueves pasado se realizó la fase 42ª de la operación Lava Jato, llamada Cobra. En esa etapa fue detenido Ademir Bendine, ex presidente del Banco do Brasil y de Petrobras. Su detención se realizó dos días antes de su proyectada fuga a Italia. Según Odebrecht, Cobra era el apodo de Bendine en sus planillas de coima.

La semana pasada, obedeciendo la sentencia del juez Sergio Moro, el Banco de Brasil ha bloqueado US$2.8 millones en depósitos de Lula en una empresa privada de pensiones, VGBL. El hallazgo sorprendió por dos motivos: (1) El discurso de Lula fue siempre de ser una persona de pocos recursos y nunca informó al país que poseía una cantidad tan grande de dinero; y (2), cuando presidente, Lula se opuso a los sistemas privados de pensión y fue defensor del sistema público, pero terminó optando personalmente por una empresa privada. El PT no sabe qué decir para explicar esos hechos.

En el Brasil republicano, dos líderes políticos han logrado constituirse en mito: Getúlio Vargas y Lula da Silva.

Columnista invitado

La ofensiva contra Lava Jato se puso en marcha en febrero, a partir de las declaraciones de Odebrecht, pero se ha acelerado en las últimas semanas. Desde entonces, los políticos, de todos los partidos, venían negociando un acuerdo para evitar que los juicios los alcanzaran.

Lula tiene 5 juicios. Tres de ellos ya fueron transferidos al Supremo Tribunal Federal, pero dos siguen en manos del juez Sergio Moro. El quinto juicio, en manos de Moro, ya pasó por todo el proceso de ley y está listo para dictar sentencia esta semana. La acusación es por corrupción y lavado de activos, correspondientes a US$1.2 millones.

Después de 4 años de campaña anticorrupción y la realización de 2,056 operaciones (búsqueda, aprehensión, etc.), la Policía Federal ha calculado que los grupos criminales (políticos y económicos) han generado un costo de US$ 39 mil millones, equivalentes a 2% del PBI del Brasil.

La semana pasada el Tribunal Superior Electoral (Jurado Nacional de Elecciones) juzgó la plancha Dilma-Temer por la acusación de uso de dinero corrupto en las elecciones de 2014 y la declaró no culpable. Para llegar a ese fallo, el TSE descartó las declaraciones del principal financiador de la campaña, Odebrecht, y del asesor en marketing de Dilma, Joao Santana. Si las elecciones hubieran sido anuladas, Temer estaría fuera del gobierno, Dilma perdería sus derechos políticos y, en un mes, la Cámara de Diputados habría convocado nuevas elecciones.

El Ministerio Público ha propuesto una pena de cárcel en régimen cerrado y una compensación de US$27 millones para Lula da Silva por corrupción, lavado de dinero y daños a la Petrobras. La defensa de Lula presentará sus argumentos en 20 días y para fines de julio el juez Moro deberá estar emitiendo la sentencia. Mientras tanto, Lula dirigió el sexto congreso del PT, y considerando su casi segura condena en los actuales juicios, él nombró a Gleisi Hoffmann presidenta del PT y su probable heredera política para 2018.

La semana pasada representó uno de los puntos más altos de la crisis política brasileña. Uno de los detonantes fue una conversación entre Temer y un empresario corrupto, Joesley Batista, de la empresa JBS. La grabación fue difundida a nivel nacional como la prueba de que Michel Temer habría comprado el silencio del diputado Eduardo Cunha. El segundo detonante fue otra grabación en la cual Aécio Neves solicita a JBS una coima por US$600 mil y el video de la entrega del dinero a un intermediario.

En 2015, el PT y Lula se sentían los dueños del país. La coalición PT-PMDB-PP aparentaba solidez, las estrategias electorales eran efectivas y la institucionalización de la corrupción (Petrobras, Odebrecht, OAS, BNDES, etc.) permitía financiar todo. Sin embargo, el 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff fue vacada y, sorpresivamente, el PT se vio sin la Presidencia de la República.

Las delaciones de Odebrecht han sido como una ametralladora en campo abierto. No quedó partido sin muertos ni heridos, y sus líderes fueron las principales bajas. Entre tantos corruptos, la corrupción de Lula y del PT ha quedado relativizada. Ahora, entre los políticos tradicionales, la corrupción dejó de ser un factor diferenciador.

Lava Jato, hasta ahora, ha puesto bajo investigación a 415 políticos de 26 partidos políticos, entre ellos 80 congresistas. Además, ha permitido que la población visualice la escandalosa corrupción de famosos políticos y poderosos empresarios.

Las dos últimas semanas fueron atípicas. La población brasileña ha presenciado en la TV, día tras día, a altos ejecutivos de Odebrecht explicando en detalle la corrupción. Eran personas reales, gerentes importantes, explicando en vivo cómo era la realidad política en Brasil. Decenas de políticos que, hasta días atrás, eran personas muy respetables, hoy ya no lo son.

Según la legislación brasileña, si la campaña electoral de un presidente de la República es financiada con dinero corrupto, su elección debe ser anulada. Ello en cuenta de que Marcelo Odebrecht declaró que él financió la campaña electoral de Dilma Rousseff en 2014, con más de US$50 millones, y un tercio de ese dinero fue como pago por la Medida Provisional 470 que favoreció su empresa en 2009. Joao Santana, el asesor de la campaña de Dilma, refuerza esas declaraciones.

Dos semanas atrás, la Policía Federal de Brasil llevó a cabo la mayor operación de su historia, movilizando simultáneamente a 1,100 policías en seis Estados, interviniendo 194 locales de 30 empresas de la industria de la carne, recogiendo pruebas y realizando 38 arrestos. El motivo de la operación fue la denuncia de un esquema de corrupción de inspectores públicos para ocultar la venta de carne vencida y adulterada con ácidos y otros productos químicos.

A un año de la marcha contra Dilma Rousseff, los movimientos sociales han llevado a cabo una nueva marcha nacional. Aunque menor en su alcance, su agenda ha estado enfocada en las reformas para acabar con la corrupción. Los principales puntos considerados por los organizadores son: el fin del fuero privilegiado, lucha contra la corrupción, apoyo a Lava Jato, contra la autoamnistía de los congresistas, defensa del voto preferencial, etc.

El 17 de marzo de 2014 se inició la Operación Lava Jato, con el propósito de descubrir una red dedicada al lavado de dinero. En tres años, Lava Jato ha destapado el esquema de corrupción de políticos con Petrobras, Odebrecht y otras contratistas, dentro y fuera de Brasil.

En Brasil, una forma clásica de legalizar una coima era presentarla como donación electoral. Los contratistas hacían donaciones a las campañas de los políticos y ellos, una vez en el poder, le devolvían el favor en contratos. El argumento utilizado por ellos era que, si la donación fuera utilizada legalmente, recibir la donación era legal.

Después de tres años de trabajo y 38 operaciones, Lava Jato ha llegado a un punto de quiebre. Las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht recientemente homologadas, más las investigaciones paralelas, han creado una situación nueva. Altos políticos de todos los partidos políticos medios y grandes estarán involucrados en las confesiones, y en pocos meses deben ser enjuiciados.

Brasil está de carnaval. Fuera de los desfiles, los bailes y la cerveza, nada funciona en el país.

La legislación brasileña favorece la corrupción y pone en riesgo muchos de los avances de Lava Jato. Por ello, el Ministerio Público Federal (Fiscalía de la Nación) ha tomado la iniciativa de proponer al Congreso un conjunto de cambios legales, llamados 10 Medidas Contra la Corrupción.

Brasil, igual que sus vecinos, era el paraíso de la impunidad. Los políticos y contratistas robaban miles de millones de dólares sin recibir castigo. Antes de Lava Jato, solo 16 políticos poderosos habían sido condenados, 8 fueron castigados, y uno cumplía prisión.

Esta semana ha sido triste pero importante para Brasil. El fallecimiento de la Sra. Marisa Lula da Silva, por un derrame cerebral, fue la nota triste. Y más triste aun está siendo el uso político que Lula le da al deceso de su esposa. Pero hay temas más importantes.

“Eike es nuestro patrón, nuestra expectativa y, sobre todo, el orgullo de Brasil cuando se trata de un empresario del sector privado” (Dilma Rousseff, 2012).

El juez Teori Zavascki, el relator de Lava Jato, murió en un accidente aéreo días antes de aprobar las confesiones de los 77 gerentes de Odebrecht. Su muerte ha generado muchas preocupaciones sobre la continuidad del proceso contra Odebrecht y de la misma Lava Jato. Ha generado, además, muchas teorías sobre su posible asesinato. Sin embargo, las evidencias existentes, hasta este momento, no dan base para ninguna de ellas.

El 1 de enero ocurrió una rebelión en la Prisión de Manaos en que fugaron 140 presos y 60 miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) fueron horriblemente masacrados por los miembros de la Familia del Norte. Cinco días después, el PCC llevó a cabo una represalia, en la cárcel de Roraima, contra el Comando Rojo, aliado de la Familia del Norte, con un saldo de 31 muertos.

Iniciada en marzo de 2014, la operación Lava Jato ha demostrado que, en el Brasil de hoy, nadie es tan poderoso como para estar por encima de la justicia, y que la justicia puede ser ágil, muy ágil. En poco menos de tres años (33 meses) Lava Jato ha condenado a 120 corruptos a 1,257 años de cárcel, un promedio de 4 condenas cada 5 semanas, y 10 años de cárcel por condena.

El segundo hecho más importante de 2016 ha sido la aprobación de la PEC 55 por más de 2/3 del Congreso federal. Solo el impeachment a Dilma ha sido más transformador. La PEC es un Proyecto de Enmienda Constitucional que, por 20 años, estableció un techo a los aumentos presupuestos.

El año 2016 ha sido de grandes cambios: 1. El impeachment de Dilma Rousseff puso fin al proyecto populista del Partido de los Trabajadores (PT) y abrió un nuevo periodo político; 2. Lava Jato se ha vuelto un símbolo nacional al destapar la corrupción de los políticos y del empresariado brasileño; 3. Un nuevo movimiento social, no partidarizado y de corte liberal, ha llevado más de 8 millones de personas a las calles apoyando el impeachment y la lucha contra la corrupción; 4. La postura de la ciudadanía ha cambiado, y el interés por la política se ha incrementado dramáticamente; y 5. Se vive una disposición excepcional por repensar las creencias políticas en un país tradicionalmente dominado por el populismo.

Ayer fue día de manifestación en Brasil. En las principales ciudades del país, cientos de miles de participantes salieron a las calles en apoyo a Lava Jato, en respaldo a Sergio Moro, y en contra de las maniobras procorrupción de diputados y senadores.

Las elecciones municipales resultaron ser un desastre multidimensional para el Partido de los Trabajadores (PT): perdieron ciudades, votos, recursos e imagen, mientras sus rivales se han fortalecido en esas áreas.

Ayer, 144 millones de brasileños fueron a las urnas para elegir a 5,568 alcaldes. Los resultados aún son de la primera vuelta, pero permiten visualizar los cambios políticos que están ocurriendo.

El miércoles pasado, el Ministerio Público denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de activos. Esta es una denuncia cuyas consecuencias para Lula pueden ser muy graves. La denuncia incluye a él y a su esposa Marisa, y se sustenta en pruebas materiales y declaraciones de los colaboradores eficaces que recién se están haciendo públicas.

Tal como Lula había anunciado, el Partido de los Trabajadores (PT) se ha lanzado en una campaña radical bajo la consigna Fuera Temer. Los petistas han movilizado a cientos de miles de manifestantes a nivel nacional, en una campaña bien orquestada: artistas, figuras políticas, periódicos, TV y redes sociales; todos ellos en acciones sinérgicas.

El 31 de agosto fue un día de cambios en Brasil: en la mañana Dilma fue retirada del gobierno, y en la tarde Temer asumió la presidencia en forma definitiva. Fuera del Partido de los Trabajadores (PT), todos aprueban la sanción a la incompetencia y corrupción del gobierno y celebran el retorno a la alternancia democrática.

En sus inicios, Lava Jato afectó principalmente a los ejecutivos de las grandes empresas constructoras (OAS, Odebrecht, etc.) pero en la medida en que los colaboradores eficaces fueron declarando, la investigación alcanzó a la aristocracia política, especialmente al PT.

El proceso del impeachment concluye en una semana u ocho días, y los actores mueven sus últimas cartas para influenciar en la votación final y para generar condiciones favorables para lo que se viene.

Hacer de Río la sede de las Olimpiadas 2016 fue parte del plan político que Lula concibió el 2008, cuando su popularidad era superior a 60%. Las olimpiadas deberían suceder después de que Brasil ganara su sexta Copa del Mundo en 2014, contribuyendo así a consolidar el gobierno del PT y a preparar el retorno triunfal de Lula en 2018. Pero las cosas no salieron según lo esperado y ahora ni Dilma ni Lula van a asistir al evento para evitar ser pifiados en público.

El jueves pasado fue elegido el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Este cargo es el segundo más importante en la jerarquía política brasileña, solo después del presidente de la República. Como Michel Temer no tiene vicepresidente, sería el presidente de la Cámara de Diputados quien lo sustituiría en caso de ser necesario.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) está conformado por 11 jueces. De ellos, ocho fueron nombrados por Lula y Dilma, dos de ellos ex abogados del PT. Sin embargo, el STF ha mantenido una postura discreta de apoyo al PT y de resistencia a Lava Jato, evitando polarizar. Esto comienza a mudar para peor.

La operación Lava Jato, iniciada el 17 de marzo del 2014, es la operación anticorrupción más grande de la historia de Brasil, y probablemente de América Latina. Creada originalmente para investigar a Petrobras, Lava Jato se ha expandido a distribuidoras, contratistas y consultoras conexas a ella.

Esta semana, en su fase 31, la operación Lava Jato ha realizado un operativo llamado Costo Brasil en 5 estados, realizando 40 mandatos de búsquedas, incluyendo al local del PT en Sao Paulo, y deteniendo a 11 personas, entre ellas, Paulo Bernardo, ex ministro del PT.

El gobierno de Temer se encuentra aún en una fase de legitimación, y el riesgo de regreso de Dilma es como una espada de Damocles sobre su cabeza.