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Opinión

En Brasil, una forma clásica de legalizar una coima era presentarla como donación electoral. Los contratistas hacían donaciones a las campañas de los políticos y ellos, una vez en el poder, le devolvían el favor en contratos. El argumento utilizado por ellos era que, si la donación fuera utilizada legalmente, recibir la donación era legal.

Así funcionó por décadas, pero la semana pasada ocurrió un cambio. El Supremo Tribunal Federal (STF) ha denunciado al senador Valdir Raupp por lavado de activos al haber recibido una donación electoral de R$500 mil de las constructoras Queiroz Galvão e Vital Engenharia. A pesar de haber sido declarada a la justicia electoral, esa donación fue identificada por Lava Jato como dinero desviado de contratos de Petrobras.

El juez Celso de Mello, decano del STF, ha declarado que (el uso de coimas en campañas electorales) es una estrategia ingeniosa de lavado de dinero. La prestación de cuentas actuará como un típico mecanismo de ocultamiento y disimulación de su carácter delictivo.

Para el STF, lo que interesa para definir la legalidad o no de un dinero es su origen y no su uso. Si las donaciones electorales provienen de coimas y buscan beneficios ilegales, sean o no declaradas, el recibimiento de esa donación es corrupción, y su declaración en la contabilidad electoral es considerada un intento de lavado de activos.

Ahora, las donaciones electorales de Odebrecht u otras empresas, si están relacionadas a beneficios contractuales ilegales, serán consideradas por el STF como coimas y los políticos que las recibieron serán juzgados por corrupción y lavado de activos. Esto va a afectar la situación legal de decenas de políticos brasileños y algunos extranjeros.


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