El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) está conformado por 11 jueces. De ellos, ocho fueron nombrados por Lula y Dilma, dos de ellos ex abogados del PT. Sin embargo, el STF ha mantenido una postura discreta de apoyo al PT y de resistencia a Lava Jato, evitando polarizar. Esto comienza a mudar para peor.
En la última semana de junio, Dias Toffoli, juez del STF, ordenó liberar al ex ministro Paulo Bernardo, preso por Lava Jato por el caso Costo Brasil, que expliqué en un artículo anterior.
La semana pasada, el presidente del STF, Ricardo Lewandowski, ha ordenado a Sergio Moro explicar, en 48 horas, por qué ordenó el registro de las conversaciones en que Dilma ofrecía a Lula el cargo de ministro para tener foro privilegiado y así escapar de Lava Jato.
Al día siguiente, el STF ha ordenado a la Policía Federal investigar quiénes están inflando “pixulecos” (muñecos gigantes inflables) con caricaturas de los miembros del STF. ‘Enganô’ es una caricatura de Rodrigo Janot y ‘Petralowski’ es de Lewandowski. Anteriormente, los movimientos sociales habían usado pixulecos de Lula y de Dilma en que eran mostrados como “petralhas” (bandidos de historietas) y el STF no los consideró una amenaza al orden público.
Tradicionalmente, el STF ha sido poco efectivo para castigar a los políticos corruptos: dos años por juicio, muchas prescripciones y muy pocos condenados. Las diferencias con Lava Jato son evidentes.
Estos incidentes muestran una creciente polarización entre el STF y la lucha contra la corrupción. Lava Jato ya tiene 85% de apoyo social y los movimientos sociales están fuertes. Quien puede perder en esa polarización es el STF.
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