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Opinión

El miércoles pasado, el Ministerio Público denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de activos. Esta es una denuncia cuyas consecuencias para Lula pueden ser muy graves. La denuncia incluye a él y a su esposa Marisa, y se sustenta en pruebas materiales y declaraciones de los colaboradores eficaces que recién se están haciendo públicas.

Además de hacer la denuncia, el fiscal de Lava Jato ha señalado a Lula como el organizador del Mensalão y del Petrolão, y como la cabeza de un sistema de gobierno basado en el soborno, una especie de “sobornocracia”.

La denuncia y las declaraciones de Lava Jato han tenido un gran impacto, afectando la imagen de Lula y desencadenando una polémica en los medios políticos y jurídicos.

Si Moro acepta la denuncia, Lula será acusado y su situación jurídica se complica aun más. Lula ya es acusado de intento de obstrucción a Lava Jato y su juicio será en noviembre próximo. Pero esta nueva denuncia puede traerle largos años de cárcel.

La respuesta de Lula no fue la más acertada. Él se presentó como un perseguido político, atacado por quienes no quieren que los pobres progresen, se comparó con respetados líderes brasileños (Getúlio Vargas y Juscelino Kubitschek), y hasta con Jesucristo, pero no respondió bien a la denuncia, dejando implícita la culpabilidad.

En ese contexto, el Petrolão y la crisis económica se vuelven las referencias para interpretar la postura moral y el discurso social del PT y del conjunto de la izquierda brasileña.

La crisis del PT ha puesto en evidencia los mecanismos del capitalismo de compadrazgo en Brasil. Este es un logro importante de este difícil proceso.


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