La legislación brasileña favorece la corrupción y pone en riesgo muchos de los avances de Lava Jato. Por ello, el Ministerio Público Federal (Fiscalía de la Nación) ha tomado la iniciativa de proponer al Congreso un conjunto de cambios legales, llamados 10 Medidas Contra la Corrupción.
Los promotores de las 10 Medidas argumentan que, si no hay cambios legales, concluida la operación Lava Jato la corrupción gradualmente regresará a los patrones preexistentes. Sin embargo, la visibilidad de los escándalos crea condiciones favorables para impulsar reformas para dificultar la corrupción y para ser más efectivos en el castigo a los corruptos. Gracias a una campaña, la iniciativa ha obtenido el respaldo de dos millones de firmas.
Los principales componentes de las 10 medidas son: 1) Creación de mecanismos de prevención de la corrupción, 2) Criminalización del enriquecimiento ilícito, 3) Incremento de las penas por corrupción, 4) Agilización de las apelaciones, 5) Simplificación y agilización de los procesos jurídicos, 6) Extensión de plazos y reforma del sistema de prescripción, 7) Reducción de las causas de nulidad, 8) Asignación de responsabilidad a los partidos políticos, 9) Uso cautelar de la prisión preventiva, 10) Recuperación de los bienes obtenidos con la corrupción.
Actualmente, las 10 Medidas están en discusión en el Congreso, siendo materia de intensa confrontación entre los promotores de las reformas y los defensores del statu quo legal. El esfuerzo de los promotores de las diez medidas es aprovechar la indignación social por la corrupción para hacer las reformas legales que permitan resolver un problema secular del país.
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