26.ABR Jueves, 2018
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Columna Santiago Pedraglio

En el presupuesto nacional de la república se plasman las prioridades de un Estado y de un gobierno. Una información del Ministerio de Educación, de esta semana, indica que a diciembre de 2017 el salario mínimo de un docente será de 2,000 soles. Esta primera escala comprenderá a cerca de 80 mil docentes; la segunda escala, con 2,200 soles, a algo más de 67 mil docentes; mientras que la tercera, con 2,400 soles, a algo más de 45 mil docentes. En estas tres primeras escalas están cerca de 200 mil docentes (82.5%). Es importante poner énfasis en las diferencias por escala salarial, porque las dos con mayores ingresos –la quinta, con 3,000 soles; y la sexta, con 3,500– solo incluyen a 12 mil docentes (5.1%).

La propuesta del Poder Ejecutivo para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) encarna un grave peligro para la independencia de la administración de justicia; y, en particular, del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Es de esperar que nuevos vientos se infiltren en la gestión del presidente: más sintonía con la gente, menos preferencia selectiva por el grupo de amigos –que se refleja en el reciente cambio de ministros– y mayor voluntad para gobernar.

Difícil pensar que el gobierno de PPK vaya a cambiar su estilo y prioridades, por más que el país esté requiriendo un cambio. Menos mirarse al ombligo. Menos reflejos endogámicos, del estilo “no confío sino en mis amigos”. Salvo una mayor actividad de la economía –superando los errores del MEF durante el primer año de gobierno–, es muy poco lo que se puede esperar. El nombramiento de las nuevas ministras es una muestra del continuismo. La única novedad es la designación de Ana María Choquehuanca en el Ministerio de la Mujer.

Coincidiendo con la excesiva prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, la cúpula familiar que dirige Fuerza Popular ha llegado a un punto de tensión poco imaginable hasta hace unos meses. ¿Qué ha llevado las cosas hasta el punto en el que Kenji Fujimori ha sido sancionado por la mayoría de la bancada de Fuerza Popular, y Alberto Fujimori ha debido salir en su defensa y criticar como infraterna la medida contra su hijo menor?

Al momento de redactar esta columna se acaba de conocer la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho sobre el pedido del fiscal Germán Juárez de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia: 18 meses, respectivamente.

El Ejecutivo, a través del premier Fernando Zavala, ha dado a conocer su propuesta sobre el contenido del diálogo con Keiko Fujimori: seguridad, corrupción, empleo, reactivación económica y reconstrucción. Esto podría significar una reunión de varias horas o incluso sesiones de varios días.

Hay quienes justifican la semiesclavitud en la que trabajan algunos compatriotas afirmando que la actual regulación laboral es muy exigente para los empresarios. Esta tesis, repetida como mantra desde hace 25 años, considera que la modernidad y el respeto a los derechos reinarán cuando a empresarios como los de Las Malvinas se les dé la posibilidad de contratar personal con solo 15 días de vacaciones, salarios extramínimos, jornadas extralargas, sin pagar CTS y con más facilidades para despedir.

Tres economistas, vinculados al mundo financiero y empresarial, ocupan –o han ocupado hasta hace muy poco– los cargos políticamente más importantes del Ejecutivo: presidente de la República, premier y ministro de Economía y Finanzas.

En la última encuesta de Ipsos (12.6.2017), ante la pregunta: “¿Qué actitud cree que debería tomar el gobierno ante el Congreso?”, las respuestas diseñan una polarización muy semejante a la de la segunda vuelta de junio del año pasado.

En días recientes se han visto serias anomalías que perjudican al ciudadano como consumidor, productor y, finalmente, como persona. Desde Panamá llegó la noticia de que Gloria se verá obligada a cambiar el etiquetado de Pura Vida, porque la vaca allí impresa genera confusión sobre su contenido. Hecha la denuncia, recién los organismos reguladores en el Perú levantaron su voz. A los pocos días, la directora de Certificaciones y Autorizaciones de Digesa reconoció que esta entidad modificó equivocadamente, en 2015, la denominación del contenido del referido producto de “lácteo” a “leche” (¡!).

A partir de ayer, vencido el plazo de reserva, las autoridades brasileñas podrán entregar información sobre el caso Lava Jato a países como Perú. Aún no está claro el mecanismo ni el procedimientos acordado entre, por un lado, el procurador general del Brasil, Rodrigo Janot, los fiscales e incluso, indirectamente, el Tribunal Supremo de ese país y, por otro lado, los fiscales de los países interesados en obtener información, entre estos, el Perú.

El tira y afloje entre el gobierno y la oposición fujimorista no soporta cuatro años más. Ha pasado solo un año del tiempo de gobierno de PPK y el ambiente no deja de cargarse. La responsabilidad principal es del fujimorismo, pero no solo. El gobierno ha puesto lo suyo; y el caso de la adenda de Chinchero es el más emblemático de sus errores. El afán comprensible de “destrabar” las inversiones no justifica la firma de la adenda; tampoco los atarantados pasos que se ha visto obligado a dar el gobierno para salvar la cara, incluido el sacrificio de Martín Vizcarra, su vicepresidente, quien probablemente no fue el más interesado en firmar la famosa adenda.

Se están viniendo abajo instituciones de alcance global como las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, que obtuvieron cierto peso después de la Segunda Guerra Mundial. ¿O ya terminaron de desplomarse? Los iniciadores simbólicos del proceso fueron George Bush y sus acompañantes Blair, el británico, y Aznar, el español, cuando en 2003 decidieron invadir Irak.

Fuerza Popular ha entrado en un momento en el que tendrá que definir aspectos centrales de la vida interna de su organización y, sobre todo, de su orientación política. Su dilema político central –ya no pensando en si interpela y censura a los ministros Basombrío o Vizcarra, o si las diferencias entre los hermanos Fujimori se incrementan o no– es si seguirá intentando ganarse a los “liberales de derecha”, como en las últimas presidenciales, u optará por un populismo autoritario de derecha más clásico, claramente conservador, ya sin los gestos de Harvard.

No es novedad lo que sucede en el Frente Amplio: el afán de la izquierda por dividirse parece estar en su ADN. Pero ¿por qué preocuparse tanto por una unidad a rajatabla? ¿Es que la izquierda no puede ir separada a las elecciones, como lo hace la derecha? Puede y quizá sea favorable para este sector político potencialmente muy importante. En fin, juntos o separados, lo importante son dos “detalles”: uno, el FA se convirtió en la tercera fuerza electoral (18%) en las últimas presidenciales, algo que no ha pasado a menudo en casi un siglo de vida de la izquierda en el Perú, lo que significa que puede convertirse en una alternativa de gobierno; y dos, en gran medida, las diversas fracciones de la derecha manejan el poder en el país: el económico, el político, el mediático y el tecnocrático, por mencionar cuatro ámbitos. Es decir que, a diferencia de lo que parecen pensar muchos en la izquierda, el poder no se reduce, ni de lejos, al Ejecutivo y al Congreso. Ganar una elección, incluso la presidencial, solo otorga una porción del poder, ni siquiera la mayor.

En los últimos días se ha levantado bastante polvareda a propósito de si Alberto Fujimori debería ser indultado por el presidente de la República; pasar a un régimen de prisión domiciliaria –proyecto del congresista Roberto Vieira (ex PPK, profujimorista), firmado por congresistas de varias bancadas, como Salvador Heresi (PPK), Sergio Dávila (PPK) y Edwin Donay-re (Alianza para el Progreso), además de, curiosamente, Marco Miyashiro (Fuerza Popular)–; o continuar en su condición actual: prisión penitenciaria.

La reforma electoral que se requiere es compleja y tiene múltiples aristas: financiamiento anónimo, bancarización de aportes, dádivas… Sin embargo, hay aspectos medulares que si no se abordan y corrigen, poco o nada se habrá hecho.

Una idea de batalla del gobierno es que no se trata solo de reconstruir lo arrasado por lluvias y huaicos. Hay que levantar algo mejor, más seguro, en infraestructura pública y para los afectados por la pérdida de viviendas, enseres, animales, cosechas, herramientas.

No le falta razón a Alberto Fujimori cuando, desde la cárcel, recuerda que es “el arquitecto de la democracia moderna” y “quien generó la Constitución que hoy todos respetan” (El Comercio, 5-4-17). Cuando Fujimori se refiere a “la democracia moderna” hay que entender que se refiere a la democracia peruana actual, con todos sus pros y sus grandes contras, y no a la democracia de ciudadanos de las sociedades políticamente más avanzadas; y que cuando alude a la Constitución se refiere al texto vigente, que promovió e hizo aprobar, y que se ha convertido en palabra santa para muchos, hasta el punto de que quien se atreve a proponer su reforma, sobre todo del capítulo económico, resulta fulminado de inmediato por los profetas del libre mercado.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el sentido de que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”, consumó el autogolpe de Estado.

A menudo, en el Perú, el fin de una emergencia –como la inundación de territorios habitados y el desabastecimiento de agua– trae consigo, también, el fin de la voluntad de cambio. ¿Es posible ponerle término a ese reiterado volver a la modorra después de una tragedia?

El ecólogo tropical Ernesto Ráez anotó en una reciente entrevista con NoticiasSer que “es inaceptable que estemos mal preparados para atender las consecuencias estrictamente predecibles de incremento de lluvias o de sequías prolongadas en la costa peruana; porque (…) son eventos climáticos que sabemos que ocurren hace siglos y que van a ocurrir nuevamente”.

Detrás de la campaña contra la llamada “ideología de género” se esconde una visión machista y conservadora de la vida y de las relaciones entre los seres humanos. Machista porque sus activistas buscan mantener los estereotipos de género, algo evidente en el uso del rosado (mujeres) y celeste (hombres), con toda la carga simbólica que esto representa. Y conservadora porque, según sus defensores, las personas de orientación no estrictamente heterosexual –lesbianas, gays, trans…– están excluidas del “plan de Dios”, por más creyentes o buenas personas que puedan ser.

En el último informe de GfK (febrero de 2017), el ítem delincuencia/inseguridad (61%) sigue a la cabeza de la lista de aquello que los peruanos perciben como principales problemas del país. Le sigue el porcentaje de los que consideran que lo principal es la corrupción, con un porcentaje que ha crecido de 41% a 52% en un año. Las denuncias que vinculan a Odebrecht con altos funcionarios, incluidos ex presidentes de la República, deben de haber catapultado este ascenso.

El “Perú Odebrecht” atiende a qué hacen y dicen los fiscales y jueces brasileños. Hace una semana, una cumbre latinoamericana promovida por el Ministerio Público Federal de Brasil reunió a 11 fiscales de la Nación, incluido el del Perú, Pablo Sánchez. El objetivo: intercambiar información y acordar medidas.

Durante las primeras semanas del gobierno de Donald Trump está sucediendo algo para nosotros sumamente extraño: instituciones del Estado, incluso del propio Ejecutivo, están oponiéndose abiertamente a decisiones del nuevo presidente.

Como es natural, el interés nacional está concentrado en los escándalos de corrupción. Sin embargo, por más importantes que estos sean, el gobierno del presidente PPK no puede dejar fuera de su radar el manejo de las demandas sociales y los posibles conflictos que puedan desatarse. Porque, valgan verdades, un coctel que mezcle escándalos de corrupción con conflictos sociales podría colocar al gobierno en una situación excepcionalmente complicada.

Se está haciendo cada vez más evidente un conflicto entre el Congreso, en particular la comisión Lava Jato, y la Fiscalía. La tensión aumentó cuando el último miércoles, por decisión del colegiado de la Fiscalía, el encargado de la investigación, el fiscal Hamilton Castro, no asistió a la mencionada comisión.

A la lamentable rutina anual de los huaicos se le debe sumar un asunto estructural, señalado por Beatriz Salazar, investigadora del Centro Peruano de Estudios Sociales, en Noticias SER: la vertiente oriental de los Andes, es decir, la sierra y la Amazonía, “tiene más del 95% del agua dulce disponible del país, pero ahí hay relativamente poca población”. Por el contrario, “en la vertiente del Pacífico solo hay un 2% de agua dulce disponible (…), pero ahí se asienta más del 50% de la población del país”.

El Perú vivirá buen tiempo encharcado en los impredecibles efectos de la corrupción de políticos y de altos funcionarios por empresas brasileñas. No obstante, en la agenda internacional lo que preocupa es la crisis de los regímenes políticos democráticos (que el socialismo marxista-leninista murió hace décadas es indiscutible, salvo para pequeños grupos marginales; los “socialismos” de Venezuela, Ecuador y Bolivia son, en sus diferentes versiones, regímenes nacionalistas y pretendidamente redistributivos).

No tiene lugar seguir discutiendo sobre si el Congreso debe o no investigar la corrupción de las empresas brasileñas en el Perú. La comisión ya está funcionando. Lo que sí vale la pena es que sus integrantes precisen algunos presupuestos del trabajo.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en comportarse como ministro de Economía, presidente del Consejo de Ministros o banquero victorioso y relajado. Es lo que ha hecho en el pasado y lo que ha sabido hacer bastante bien. El cargo de presidente de la República es, sin embargo, esencialmente político, y él se niega a asumirlo así.

El próximo año, que se inicia en pocos días, tendrá como punto central de la agenda política y mediática las investigaciones, filtraciones y destapes de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios durante los últimos tres (¿o cuatro?) gobiernos centrales e incluso, quizá, regionales y municipales.

El presupuesto de los diálogos promovidos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski es que quiere acercarse a Fuerza Popular; más en particular, a su lideresa Keiko Fujimori, para establecer con ella un vínculo personal.

En las últimas semanas –e incluso desde el ajustado triunfo de PPK en la segunda vuelta– se oyen voces que proclaman la urgencia de una gran coalición de derecha: ppkausas + fujimoristas; derecha tradicional limeña + derecha emprendedora; antiguos apellidos + nuevos apellidos; los distritos de la clase alta y media alta limeña + los distritos posdécada del cuarenta del siglo pasado de Lima y de la mayoría del país. La amalgama de esta gran coalición de derecha sería la defensa del modelo económico, a lo que debe añadirse la pasión unilateral por las inversiones y la visión tecnocrática y pragmática del ejercicio de la política.

En la interpelación y anunciada censura del ministro de Educación, Jaime Saavedra, una primera fase se centró en la crítica –precaria y parcial– a la Ley Universitaria, liderada por el fujimorismo y el aprismo, y en la “herencia humalista” que representaría el ministro en el actual gabinete. El grave retraso de la preparación de los Panamericanos vino en su ayuda.

Las protestas en Apurímac y Puno –que no han merecido gran cobertura de los medios de comunicación nacionales– rompen con la inercia sobre el tipo de conflictos sociales que afectan a las regiones (y que se convierten en focos de interés nacional solo cuando alcanzan cierta intensidad o algunos muertos): lo “normal” es que sean conflictos medioambientales, relacionados con la minería o la explotación petrolera.

La semana pasada le espetó a la capital del país cinco muertes evitables: la del niño de Cantagallo, por las quemaduras que sufrió en el incendio de 400 viviendas de migrantes shipibos en Lima; y las de los cuatro trabajadores que fallecieron en el incendio que se produjo en el centro comercial Larcomar. En ambos casos, aún no se han señalado responsabilidades individuales ni institucionales. Mientras tanto, miles de hectáreas están siendo arrasadas por incendios en la sierra norte. Aquí hace falta un sistema masivo de control de catástrofes, y lamentablemente el Estado peruano no está preparado: para empezar, no hay aviones ni helicópteros acondicionados para controlar este tipo de emergencias. A esto cabe sumarle una seguidilla de asesinatos de alcaldes distritales, también en el norte. El representante del área de seguridad de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y alcalde de Los Olivos ha informado, además, que más de 70 alcaldes distritales “han sido amenazados de muerte por bandas criminales” (La República, 21.11.16).

Se encuentran en Lima 125 apus de comunidades amazónicas ubicadas entre Saramurillo y San José de Saramuro. La razón de su viaje: los reiterados derrames de petróleo –y la consiguiente contaminación– que genera la explotación de hidrocarburos y su traslado por el Oleoducto Norperuano.

Detrás –o por delante– del triunfo de Trump hay quienes avizoran un apocalipsis ultranacionalista de visos fascistas, además de un golpe crucial al neoliberalismo desde la propia derecha, y quienes piensan que aquí no pasará nada… o por lo menos casi nada.

Indecopi sancionó a cadenas farmacéuticas por concertar aumentos de precios, práctica sancionada porque afecta la competencia en detrimento del libre mercado y los consumidores. Estas cadenas consiguieron sobreganancias a costa de otras farmacias y de miles de ciudadanos que pagaron sobreprecio. Valga el ejemplo para relativizar un mito instalado desde hace cerca de 30 años en el Perú y parte de Occidente: todo lo privado es eficiente y beneficia a la sociedad y las personas; por tanto, es siempre superior a lo estatal y lo público. Más aun, todo debería ser privatizado.

A propósito del conflicto en Las Bambas, se ha aducido que la carretera por donde se desplazan los camiones de la minera es “nacional”; es decir, que no depende del Gobierno Regional de Apurímac ni de los gobiernos locales (provinciales) por los que discurre su trazo. Esta afirmación es errónea. La carretera motivo del conflicto es vecinal y está designada oficialmente como tal: “ruta Nº AP-954 Trayectoria: Emp. PE-3S F (Quehuira)-Antuyo-Contahuiri-Huancuire-Pamputa-Emp. AP-901”, según el DS 011-2016-MTC, en el que se encuentra entre otras miles de vías vecinales.

Desde setiembre del 2015, Cotabambas protesta por la modificatoria del EIA de la empresa minera Las Bambas. En lugar del mineroducto, que era el compromiso original, ahora los ciudadanos de esa zona tienen que soportar el paso, por una precaria vía calificada como “nacional”, de entre 250 (El Comercio, 16.10.16) y 400 camiones diarios (La República, 15.10.16) cargados con mineral. ¿Se imaginan algo así en un distrito de Lima?

Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de EE.UU., es un nacionalista a la norteamericana; lo que se diría, en jerga política peruana, un outsider, un marginal con respecto a la clase política de USA. Trump es un personaje que, en términos actuales, ha tenido “éxito”. No obstante, representa a aquellos que, como producto de la globalización financiera y tecnológica, comienzan a ser claramente perdedores en EE.UU. Porque también la primera potencia del mundo tiene perdedores golpeados por la crisis –no se han recuperado de aquella de 2008-2009– y de la competencia global liderada por el capital financiero.

Durante las últimas semanas, de manera silenciosa, se están desarrollado conflictos de mediana intensidad: en Loreto, 42 comunidades mantuvieron un paro contra la contaminación petrolera; en Puno los casos van desde la preocupación por la demarcación territorial del sur de Puno hasta el paro preventivo de distritos que exigen “la presencia de una comisión de alto nivel integrada por los ministros de Energía y Minas y del Ambiente” (Noticias SER, 20.9.2016); en Urubamba, Cusco, hubo un paro regional de 48 horas y se anuncia otro para el 26; en Ica, los trabajadores de Shougang piden aumentos salariales.

Tania Pariona (32) nació en Cayara, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho. Es bachiller en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Huamanga y desde 2015 cursa una maestría en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas en la U. Católica. Desde julio, es congresista por el FA. Siempre tuvo nexos con su comunidad. Al jurar su cargo, lo hizo en quechua y luego en castellano: “Por Cayara, Ayacucho y nuestros pueblos quechuas, aimaras y amazónicos. Por su dignidad y su buen vivir. Porque no tengamos terrorismo de ningún tipo, ni subversivo ni del Estado”. Afirmar lo mismo –el deseo y compromiso de que no se repita lo sufrido de 1980 al 2000—, en una reciente actividad del Ministerio de Justicia, a propósito de la captura de Abimael Guzmán, le significó tener que soportar abucheos y “frases muy duras” (RPP, 12/9/2016). En el video se ve que un grupo la censura y algunos gritan destempladamente contra ella. La congresista opta por guardar silencio y dejar el podio.

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