En la interpelación y anunciada censura del ministro de Educación, Jaime Saavedra, una primera fase se centró en la crítica –precaria y parcial– a la Ley Universitaria, liderada por el fujimorismo y el aprismo, y en la “herencia humalista” que representaría el ministro en el actual gabinete. El grave retraso de la preparación de los Panamericanos vino en su ayuda.
Esta primera etapa concluyó con la parte más dura: la denuncia mediática de actos de corrupción que involucran a una alta funcionaria del Ministerio de Educación. Los ajustes se reflejaron, en la segunda fase, en el pliego interpelatorio, pero sobre todo en el blanco de ataque de la oposición fujimorista: corrupción y críticas de gestión.
¿Quién gana en esta batalla parlamentaria, finalmente? Nadie. Si bien el fujimorismo saldrá con el trofeo del ministro censurado y habiendo dado muestras de que, en el Congreso, cuando quiere puede, el tono excesivo de los acusadores no tiene por qué lograr el éxito que alcanzaba en los años noventa. Las peleas en las alturas no tienen impacto ni credibilidad, como sí pueden obtenerlos un conflicto social o una potente denuncia mediática.
Fuerza Popular se vio favorecido por la fragilidad, en general, de los contraataques de la bancada de PpK (hay que incluir, como costo, la ausencia de Carlos Bruce), así como por la imposibilidad del Frente Amplio de abrirse un espacio propio. Sin embargo, queda claro que ninguno de los actores centrales tiene preciso su juego en el Congreso.
La bancada de PpK no logra establecer un equilibrio entre los votos que requiere para ganar votaciones y los que la pueden defender en casos como este. Y en la vereda del frente, el fujimorismo no sabe qué hacer con su fuerza: cómo muestra su autoridad, pero, al mismo tiempo, cómo no se excede. Porque la gran duda de fondo de Fuerza Popular debe ser si acaso las demostraciones de este tipo realmente le darán puntos como opción de gobierno para el 2021.
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