Santiago Pedraglio: Incendios

La semana pasada le espetó a la capital del país cinco muertes evitables: la del niño de Cantagallo, por las quemaduras que sufrió en el incendio de 400 viviendas de migrantes shipibos en Lima; y las de los cuatro trabajadores que fallecieron en el incendio que se produjo en el centro comercial Larcomar. En ambos casos, aún no se han señalado responsabilidades individuales ni institucionales. Mientras tanto, miles de hectáreas están siendo arrasadas por incendios en la sierra norte. Aquí hace falta un sistema masivo de control de catástrofes, y lamentablemente el Estado peruano no está preparado: para empezar, no hay aviones ni helicópteros acondicionados para controlar este tipo de emergencias. A esto cabe sumarle una seguidilla de asesinatos de alcaldes distritales, también en el norte. El representante del área de seguridad de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y alcalde de Los Olivos ha informado, además, que más de 70 alcaldes distritales “han sido amenazados de muerte por bandas criminales” (La República, 21.11.16).

El asunto es grave: si se revisan las estrategias de expansión de bandas vinculadas a los grandes negocios de la economía ilegal en Colombia o México, se ve que su eje es el copamiento territorial de zonas clave para sus negocios, como áreas de producción, tránsito o comercialización. Acá en el Perú, en las últimas semanas, bandas de este tipo asesinaron a tres alcaldes distritales: al de Paimas (Piura), el 6 de octubre; al de Pión (Chota, Cajamarca), el 14 de noviembre; y al de Yaután (Casma, Áncash), también el 19 de noviembre.

Los decididos esfuerzos del ministro del Interior no bastan para combatir la violencia, sobre todo cuando se extiende territorialmente. Se requiere, según todo lo indica y entre otras medidas urgentes, fortalecer la inteligencia y articular una alianza con las autoridades locales y con la sociedad civil organizada. De lo contrario, como con los incendios, el espacio resultará demasiado grande para cercarlo y controlarlo.