No tiene lugar seguir discutiendo sobre si el Congreso debe o no investigar la corrupción de las empresas brasileñas en el Perú. La comisión ya está funcionando. Lo que sí vale la pena es que sus integrantes precisen algunos presupuestos del trabajo.
1. ¿Por dónde comenzará? El empujón final del escándalo Odebrecht vino de EE.UU.: la empresa pagó sobornos a altos funcionarios peruanos –29 millones de dólares– por los proyectos de la Interoceánica Sur y Línea 1 del Metro de Lima y durante los gobiernos de Toledo, García y Humala.
2. ¿Comenzará, entonces, la investigación por estos tres periodos y por los dos proyectos referidos? ¿O se meterá, sin priorizar, en todos los proyectos y gobiernos en los que potencialmente hubo corrupción? ¿Investigará inicialmente a todas las empresas brasileñas? ¿O le pondrá primero la puntería a Odebrecht, sobre la que hay más información y la que –importante dato– obtuvo el mayor porcentaje de proyectos e inversión estatal?
3. ¿Coordinará con la Fiscalía y la Procuraduría respetando su autonomía, que en el caso de la primera está, además, garantizada por la Constitución? No hay que olvidar una distinción fundamental: los parlamentarios no son jueces ni fiscales, son representantes políticos. Además, como es natural, no son políticamente neutros.
4. ¿Les preguntarán a todos los convocados de la misma ofensiva manera que a la jefa del OSCE? (“¿Usted recibió coimas de Odebrecht o de alguna empresa brasileña?”). ¿Cuál es el objetivo?, ¿atarantar, salir en las noticias, sugerir que todos son corruptos?
5. ¿Utilizará el importante y silenciado informe del ex congresista Juan Pari, un esfuerzo que no debe ser de ninguneado? ¿Se le llamará pronto a declarar?
Por último, ¿el Congreso colaborará con la investigación fiscal y judicial, que es la “dura”, la de fondo? ¿O pretenderá condicionarla desde la comisión, utilizando su influencia política y el impacto mediático que suelen obtener los parlamentarios?
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