El próximo año, que se inicia en pocos días, tendrá como punto central de la agenda política y mediática las investigaciones, filtraciones y destapes de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios durante los últimos tres (¿o cuatro?) gobiernos centrales e incluso, quizá, regionales y municipales.
Los 29 millones de dólares implicados según la aludida empresa y la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos no comprenden todos los pagos ilegales de la empresa brasileña con el propósito de beneficiarse, sino solo los que han pasado por las compañías con sede en Estados Unidos.
Los montos totales son, sin duda, bastante mayores y la investigación conjunta (colaboración) de los fiscales peruanos y brasileños dará luces sobre gran parte –si no de todos– los dineros utilizados para corromper. Más aun: si Odebrecht no sería la única empresa brasileña que se vio beneficiada al corromper funcionarios para obtener la buena pro de obras estatales varias, el monto gastado en sobornos debe ser bastante mayor.
Dado el monto de los recursos utilizados, los beneficios ilegales recibidos y la importancia de los personajes que estarían comprometidos, todas las investigaciones serán importantes; pero la posibilidad de que se vean involucrados altos funcionarios del gobierno actual podría convertir el problema (y las consiguientes denuncias e investigaciones fiscales) en un asunto que comprometa la gobernabilidad del país.
El clima político y social que se puede crear es impredecible. La posibilidad de que se constituya un poderoso sentimiento asociado a “Que se vayan todos” no es descartable, como tampoco el surgimiento o resurgimiento de políticos marginales. No obstante, la responsabilidad de que prime la justicia debe ir por delante. La corrupción no puede quedar impune, incluso sin dejar de prever las sorpresas políticas que situaciones de este tipo tienden a deparar.
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