El “Perú Odebrecht” atiende a qué hacen y dicen los fiscales y jueces brasileños. Hace una semana, una cumbre latinoamericana promovida por el Ministerio Público Federal de Brasil reunió a 11 fiscales de la Nación, incluido el del Perú, Pablo Sánchez. El objetivo: intercambiar información y acordar medidas.
Sin duda, los fiscales peruanos dependen en gran medida de sus pares de allá para obtener el dato que disparará sus investigaciones y guiará sus esfuerzos para determinar si la información de un colaborador eficaz que habla en el Brasil configura un delito penal en el Perú.
El Comercio (23.2.2017) publicó una información obtenida por los fiscales peruanos en el marco de esta colaboración: el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, detalló la entrega de US$3 millones al Partido Nacionalista (uno de estos, directamente a Heredia) para solventar su campaña electoral de 2011.
Los retos de los fiscales peruanos son varios. Antes que nada, mantener el equilibrio si quieren quedar bien y no perder credibilidad ni allá ni acá. No pueden dejar de ver que hay requerimientos y acuerdos de los colaboradores con la justicia brasileña que pueden condicionar a la justicia peruana. Sin ir muy lejos, el juez brasileño Sergio Moro afirmó, durante su conferencia de hace dos días en Lima, que las empresas que colaboran y reconocen sus delitos –¿Odebrecht y similares?– no deben ser castigadas “más que (…) aquellas que no colaboran” (La República, 23.2.17). Finalmente –y no solo los fiscales–, es esencial seguir con atención el impredecible medio político brasileño, que puede querer torcer la investigación del caso Lava Jato. El presidente Temer, con 10% de aprobación y acosado por denuncias, ha colocado a su controvertido ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, en la Corte Suprema, en sustitución del fallecido y clave juez supremo Teori Zavascki.
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