Una nueva protesta del colectivos feministas se dio frente del Congreso para reclamar por el aumento de penas por aborto que propone el nuevo Código Penal.
El presidente del Congreso, Luis Iberico, confirmó que la pena por el delito de difamación se mantiene en 3 años en el texto sustitutorio del dictamen del nuevo Código Penal.
A pedido del presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, el Pleno del Congreso de la República decidió este jueves suspender hasta la próxima semana el debate del dictamen del nuevo Código Penal.
El presidente del Congreso, Luis Iberico, declaró este miércoles que hubo poco interés para revisar el proyecto de nuevo Código Penal que se encuentra en cuarto intermedio desde hace 6 meses.
El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo, pidió suspender el debate del nuevo Código Penal y dejar esa tarea al próximo Congreso, tras considerar que la propuesta no ha sido suficientemente debatida entre los operadores del derecho.
Tras la postergación del debate del nuevo Código Penal en el Congreso, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, pidió a la representación parlamentaria que se “tome el tiempo” para debatir este tema que —dijo— “han desempolvado” y plantean “de la noche a la mañana”.
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) junto con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán mostraron este jueves su gran preocupación por el proyecto del nuevo Código Penal que sancionaría con 10 a 50 jornadas de trabajo comunitario a las mujeres que aborten tras ser víctimas de una violación sexual.
El Poder Ejecutivo pidió hoy al Congreso de la Repúbilca una reflexión “argumentada, rigurosa y técnica” sobre el nuevo proyecto de Código Penal, al advertir algunas deficiencias como falta de proporcionalidad en la sanción propuesta a algunos tipos penales.
La Comisión de Justicia del Congreso invitó a la ciudadanía a participar con sus aportes y comentarios para el enriquecimiento del dictamen del Nuevo Código Penal aprobado en diciembre último, informó Juan Carlos Eguren, presidente de dicho grupo de trabajo.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación del Código Penal para sancionar hasta con 12 años de prisión las formas agravadas de acoso sexual callejero.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque decidió absolver al alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, del proceso que se le seguía por el presunto delito de peculado.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque decidió absolver al alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, del proceso que se le seguía por el presunto delito de peculado.
En 1991, la figura de rapto de un niño fue retirada del Código Penal, y en su reemplazo se instauró el delito de secuestro. Por tanto, sustraer a un menor de 18 años es penado con la cadena perpetua, según nuestro ordenamiento jurídico.
Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Capitanía de Puertos de la Marina de Guerra continuarán las acciones conjuntas orientadas a contrarrestar la minería ilegal para que dejen de causar un daño ambiental y económico al país, informó el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.
Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Capitanía de Puertos de la Marina de Guerra continuarán las acciones conjuntas orientadas a contrarrestar la minería ilegal para que dejen de causar un daño ambiental y económico al país, informó el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.
En el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, el Parlamento promulgó una ley que modifica el Código Penal y endurece las penas para diversos delitos.
En el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, el Parlamento promulgó ayer una ley que modifica el Código Penal y endurece las penas para diversos delitos.
La Sala Penal de Apelaciones de Tumbes confirmó la sentencia de cadena perpetua impuesta en primera instancia a Marvin Jean Ruiz Quispe, por el delito de violación sexual en agravio de su sobrino de iniciales R.M.A.J., de solo tres años.
El Pleno del Congreso rechazó –por mayoría– incorporar en el Código Penal la orientación sexual y la identidad de género como agravantes en los delitos de discriminación.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó hoy a cadena perpetua a Kevin Centurión Bautista, por el delito de violación sexual en agravio de su sobrino, de iniciales A.H.C.M. (6).
El Pleno del Congreso aprobó anoche por unanimidad el proyecto de ley N°195-2011 que modifica el numeral 5 del artículo 108 del Código Penal para aumentar la pena mínima privativa de libertad de 15 a 20 años para todo delincuente que asesine a un policía, miembro de las Fuerzas Armadas, jueces, fiscales, miembros del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular en ejercicio de sus funciones o en consecuencia de su labor.
El representante legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereyra, señaló que el dictamen que propone incorporar al Código Penal el delito de Negacionismo en temas vinculados al accionar terrorista es innecesario y responde a la majadería de un sector del Ejecutivo por querer mostrar que está haciendo algo en la lucha contra el terrorismo. En Ideeleradio dijo que no hay justificación para aprobar una norma de esa naturaleza.
El alcalde de Ate, Óscar Benavides, propuso la creación de juzgados especializados en temas municipales para que sean magistrados capacitados en esta materia los que resuelvan los problemas de conflictos en la ciudad.
La venta de bases de datos podría ser penada con hasta diez años de cárcel. Así lo propone una iniciativa legislativa –que viene siendo evaluada en la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso– presentada el mes pasado y que modifica el artículo 195 del Código Penal.
La venta de bases de datos podría ser penada con hasta diez años de cárcel. Así lo propone una iniciativa legislativa – que viene siendo evaluada en la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso– presentada el mes pasado y que modifica el artículo 195 del Código Penal.
El Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para modificar el Código Penal y ampliar el concepto de funcionario público, con la finalidad de contar con un marco legal fortalecido para luchar contra la corrupción.
El próximo 7 de marzo, el Pleno del Congreso debatirá el dictamen que plantea incorporar, en el Código Penal, la figura delictiva del negacionismo referido a casos de terrorismo.
¿Cuál es su opinión sobre estas mafias que inscriben viviendas con papeles falsos y luego las venden, como denunció Perú21? El tema de la falsificación de documentos es de larga data. Lo que se debe hacer es combatir a estas mafias de forma más eficiente.
Tras regresar a su hogar, el menor de 13 años que fugó con una mujer de 25 por una aventura amorosa admitió que mantuvieron relaciones sexuales, lo que complicaría la situación de la acusada.
A este adolescente no le corresponde el Código Penal ni el Código de Ejecución Penal. A él se le aplica el Código del Niño y el Adolescente que en el artículo 197 establece que debe ir a un centro de diagnóstico y de rehabilitación para menores. También precisa que si durante el cumplimiento de su sanción alcanza la mayoría de edad, este debe ser trasladado a un ambiente especial de un establecimiento primario a cargo del Instituto Nacional Penitenciario que, en este caso, podría ser San Jorge. Sin embargo, el Poder Judicial tiene la potestad de habilitar un lugar, que puede ser una comisaría u otra instalación, a donde vayan a parar los menores que, como ‘Gringasho’, tienen conductas infractoras repetitivas. Mañana mismo puede disponer de este local, si así lo quisiera, tal como se ha hecho con la sede de la Diroes y de la Base Naval. Ahora, si queremos que los menores de 14 o más edad sean internados en un penal, se debe cambiar los códigos del Niño y Adolescente y Penal.
La Comisión Permanente del Congreso sí está facultada para debatir y aprobar la ley que tipifica el delito del negacionismo, aseguró el presidente de la Comisión de Constitución, Santiago Gastañadui, en respuesta a los cuestionamientos de algunos sectores.
Concluida la primera legislatura de 2012-2013, el segundo vicepresidente del Congreso, Juan Carlos Eguren, informó que el proyecto de ley de negacionismo será debatido en la Comisión Permanente, que entrará en funciones a partir de mañana y hasta el 28 de febrero próximo.
Luego de un prolongado debate, las comisiones de Justicia y de Constitución del Congreso aprobaron, por mayoría, incorporar al Código Penal la figura del negacionismo de los delitos de terrorismo, de tal forma que todo aquel que los niegue públicamente con la finalidad de promover la comisión de esos mismos ilícitos o adoctrinar para fines terroristas será reprimido con pena de cárcel no menor de seis ni mayor de 12 años.
En sesión conjunta, las Comisiones de Constitución y Justicia del Congreso debatirán mañana el predictamen del proyecto de ley sobre negacionismo de los delitos de terrorismo.
Se salió con la suya. La Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel aceptó por mayoría –tres votos a favor y dos en contra– el hábeas corpus presentado por Antauro Humala para retornar al penal militar Virgen de la Merced, en Chorrillos.
El procurador para temas de terrorismo, Julio Galindo, reveló, al programa Agenda Política del canal N, que durante la gestión del ex presidente Alan García propuso tipificar conspiración como delito, sin embargo su propuesta fue ignorada.
El procurador Julio Galindo señaló que una manera eficiente de combatir las acciones del Movadef es incluir el delito de conspiración para casos de terrorismo en el Código Penal, por lo que esperó que el Ejecutivo le dé luz verde a su propuesta.
El Consejo de Ministros aprobó una iniciativa para modificar la ley vigente contra el terrorismo, así como una propuesta cuyo objetivo es instaurar la primera norma contra el crimen organizado en el país, anunció hoy el premier Juan Jiménez.
El congresista oficialista Santiago Gastañaduí presentó un proyecto de ley que elimina la pena de cárcel para los delitos de difamación cometidos a través de libros y medios de comunicación.
La Duma o cámara de diputados de Rusia aprobó hoy endurecer las penas por acceso ilegal a secretos de Estado, iniciativa que los activistas catalogan de pretexto para nuevas represalias del Kremlin contra la oposición.
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para incorporar en el Código Penal el delito de feminicidio con una pena no menor de 15 años de prisión, sanción que en los casos agravados se incrementará hasta 25 años.
Hasta cuatro años de prisión podrían recibir los médicos que abandonen sus cargos sin respetar el procedimiento administrativo, advirtió la fiscal de Prevención del Delito, Esther Saldaña.
Ante la amenaza de los médicos en huelga del Ministerio de Salud (Minsa) de entregar los diferentes servicios de los hospitales, la fiscal de Prevención del Delito Esther Saldaña advirtió que aquellos galenos que abandonen sus cargos recibirían penas efectivas de uno a cuatro años de cárcel.
Aunque a más de un político le disguste la idea, la Comisión de Constitución del Congreso iniciará esta mañana el debate del proyecto de ley que despenaliza los delitos de prensa.
El ‘Rey de los Clonadores’ Jaime Salomón Villalobos inició sus actividades ilícitas en la década de los 80. En ese entonces fue atrapado debido a que ya era cabecilla de una mafia que clonaba tarjetas de crédito.
La máxima pena de cadena perpetua recibiría un ‘feminicida’ en el caso de que su víctima sea menor de edad. El Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley, que pasará a votación en el Congreso.
Con una pena de entre 15 años a cadena perpetua se castigará el delito de feminicidio en Perú, según un proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros (PCM) durante la tercera sesión descentralizada realizada ayer en Huánuco y que será enviada al Congreso.
Una serie de crímenes y actos de violencia contra mujeres por razones de género, conmueven a Argentina. Por ello, el Congreso de dicho país debate incluir la figura de feminicidio en el Código Penal.
Santiago Pedraglio,Opina.21 spedraglio@peru21.com
El Poder Ejecutivo presentó hoy al Congreso el proyecto de ley que sanciona con una pena de entre 4 a 8 años de cárcel al que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los actos cometidos por organizaciones terroristas, conocido como ‘Ley del negacionismo’.