Diez años de cárcel por venta de bases de datos

La venta de bases de datos podría ser penada con hasta diez años de cárcel. Así lo propone una iniciativa legislativa –que viene siendo evaluada en la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso– presentada el mes pasado y que modifica el artículo 195 del Código Penal.

El parlamentario Jaime Delgado, autor del proyecto, recordó que este ilícito no está tipificado como delito. “Las bases de datos están al alcance de los delincuentes”, advirtió.

Tal como informó ayer Perú21, esta información también es adquirida por prestigiosas empresas –como entidades financieras– interesadas en sus potenciales clientes.

MERCADO NEGRO
La propuesta establece penas de dos a cinco años de cárcel –y de 650 días de multa– si la información robada está relacionada con “una persona física, identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva, familiar, a su domicilio, números telefónicos, patrimonio, situación financiera, laboral o tributaria, o su estado de salud física o mental, o a su ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas”.

En tanto, si ese material es utilizado para cometer los delitos de extorsión, trata de personas o secuestro, la sanción será mucho mayor: entre seis y diez años de prisión.

BUENA MEDIDA
Por otro lado, el congresista Delgado saludó la reciente publicación del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.

“Las empresas están obligadas a usar la información privada de los consumidores solo para aquello para lo que fue brindada”, aseguró el legislador.

DATOS

- Delgado recordó que ya se ha dado inicio al trabajo conjunto y coordinado con la Autoridad de Protección de Datos, la Fiscalía y la Policía para el estudio y elaboración de una propuesta de modificación del Código Penal que considere la creación de un tipo especial que sancione la venta ilegal de base de datos y datos personales, dentro de los delitos informáticos.

- La propuesta ya fue revisada por la Comisión de Justicia.