Santiago Pedraglio,Opina.21
spedraglio@peru21.com
La tesis de fondo del proyecto es que el silencio, el miedo a ser enjuiciado o, finalmente, la cárcel a quien caiga bajo el paraguas del pretendido nuevo artículo del Código Penal son el remedio más eficaz para combatir a quienes se “disparan” con opiniones que no se ajusten a la norma.
Al margen de los sólidos cuestionamientos jurídicos que han planteado especialistas como el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, es fácil constatar que el proyecto es una amenaza que excede los límites de la lucha contra la pretendida vigencia del ‘pensamiento Gonzalo’, enarbolado por viejos senderistas y jóvenes influidos por su relato dogmático e impenetrable.
Pero, aun considerando que el Gobierno esté buscando restringir solo a estos últimos, está claro que es una estrategia equivocada.
La fase de recomposición política en la que se encuentra SL-Abimael Guzmán (no el grupo de los Quispe Palomino) obliga a encender las luces de alarma, pero no limitando la libertad de expresión ni victimizando al adversario. Esa es una batalla perdida. A ellos, los convencidos, difícilmente se les asusta con decretos.
Dejándose de autoengaños e iniciativas de doble filo, el propio Estado debe obligarse a hacer bien su trabajo, sobre todo en el ámbito de la Inteligencia y cumpliendo las promesas de campaña. Además, haría bien en promover la labor de los partidos políticos nacionales, incluido el autodebilitado Gana Perú y, de paso, los movimientos regionales. A los partidos les toca, con urgencia, preocuparse por organizar y representar en especial a los universitarios y a los maestros, superando la pertinaz satanización y sacando la cara por ellos.
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