Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó este jueves un fallo en el que declaró culpable al Estado peruano por violar los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de tres funcionarios del Congreso cesados en 1992 en el marco del llamado ‘autogolpe’ de Alberto Fujimori.

Autor: Ricardo Monzón Kcomt. rmonzon@peru21.com

Un día como hoy, hace 18 años, se llevó acabo la operación militar conocida por todos los peruanos como ‘Chavín de Huántar’. Tras 18 años de testimonios, silencios, investigaciones y descubrimientos, nuestro país conmemora otro aniversario del rescate de los rehenes en la embajada de Japón.

En el marco del inicio del periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH), el presidente Ollanta Humala anunció que el gobierno no abandonará y defenderá a los militares miembros del comando Chavín de Huántar.

Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) analizará el caso Chavín de Huántar, última etapa del proceso antes de emitir sentencia. El fallo determinará si el Estado peruano es responsable de las supuestas ejecuciones extrajudiciales contra tres emerretistas en el marco de la operación Chavín de Huántar, intervención militar en la embajada de Japón que rescató a 71 rehenes capturados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Continúa la polémica. El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, se pronunció ayer sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que ordena el pago de US$145 mil a la terrorista Gladys Espinoza por haber sido violada y torturada cuando fue detenida en 1993.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó al Estado Peruano a pagar, como reparación económica, US$105,000 a la sentenciada por terrorismo Gladys Carol Espinoza Gonzales, quien denunció ante la organización supranacional que fue víctima de violación sexual y tortura en una instalación de la Policía Nacional cuando fue detenida en la década de 1990.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentó al Estado peruano en el banquillo de los acusados por la presunta tortura y violación sexual por parte de policías a Gladys Espinoza, detenida en 1993 como sospechosa de terrorismo.

El procurador público del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, asistirá el 3 y 4 de febrero próximos a las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Costa Rica, donde se ventila la demanda contra el Estado Peruano por el caso “Cruz Sánchez y otros”, relacionado al operativo de rescate de rehenes de la residencia diplomática de Japón en Lima, en 1997.

Los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) participaron ayer en la reconstrucción del rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón a cargo del comando Chavín de Huántar, acontecido en 1997.

El procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, dijo hoy que confía en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), rechace los audios obtenidos de manera ilícita que la defensa de los terroristas abatidos en la residencia del embajador de Japón en 1997 presentará como prueba de que hubo injerencia del Gobierno en el fallo judicial por el caso Chavín de Huántar.

El legislador aprista Javier Velásquez Quesquén anunció que se denunciará constitucionalmente al premier Juan Jiménez y al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, tras la difusión de un audio que revelaría una supuesta injerencia del Ejecutivo en el juicio a los comandos Chavín de Huántar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a la Corte-IDH un caso contra el Estado peruano por la muerte de dos personas y las heridas causadas a otra por disparos de un miembro del Ejército en el año 1994.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a la Corte-IDH un caso contra el Estado peruano por la muerte de dos personas y las heridas causadas a otra por disparos de un miembro del Ejército en el año 1994.

Una eventual demanda a favor del indulto de Alberto Fujimori no procedería ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), advirtió el exdelegado peruano ante la Organización de Estados Americanos, Ántero Flores-Aráoz.

Un grupo de médicos en El Salvador le practicó el lunes una cesárea a ‘Beatriz’, enferma de lupus y embarazada de una niña sin cerebro, informó el Ministerio de Salud de ese país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió hoy medidas provisionales a favor de la joven salvadoreña conocida como ‘Beatriz’, a quien el Tribunal Supremo de su país negó la solicitud de practicarse un aborto terapéutico pese a que su vida corre peligro por el embarazo.

Pese a que la Corte Interamericana (Corte IDH) remitió, en febrero último, un escrito al Estado peruano solicitando que no resuelva hasta el 1 de junio la extradición del ciudadano chino Wo Ho Wing, el Tribunal Constitucional (TC) analizará dicho caso el martes 12.

Cuenta regresiva. El proceso de revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán (y de su equipo de regidores de Fuerza Social), entró ayer en una fase decisiva luego de que el Registro de Identificación y Estado Civil (Reniec) validara 49,106 firmas del cuarto lote presentado por los promotores que alientan una consulta popular para retirar del cargo a dicha autoridad municipal.

El exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Fernando Vidal Ramírez consideró oportuno que se consulte a ese tribunal sobre el anunciado pedido de indulto a Alberto Fujimori.

El presidente del Poder Judicial, César San Martín, aclaró que no existe ninguna decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ni de otro tribunal internacional que prohíba el indulto humanitario a favor de un condenado por lesa humanidad, como es el caso del exmandatario Alberto Fujimori.

En medio del revuelo político que generó el anuncio del pedido de indulto para Alberto Fujimori, el titular del Poder Judicial, César San Martín, aclaró que no existe decisión o pronunciamiento de organismos internacionales como la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en contra de que la gracia presidencial por razones humanitarias se aplique a personas que fueron sentencias por delitos de lesa humanidad, como es el caso del expresidente peruano.

El ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Alberto Pinto Cárdenas sufrió un paro respiratorio esta tarde y tuvo que ser internado en una clínica local, según informó su hija Joan Pinto en Canal N.

Mientras para un sector del país la liberación del condenado exmandatario Alberto Fujimori es imposible, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, afirmó ayer que no existe “obstáculo legal” en caso el jefe de Estado, Ollanta Humala, decida otorgarle el indulto humanitario.

El exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Alberto Pinto, anunció ayer que solicitará asilo a una embajada, tras la anulación de la sentencia que lo había exculpado por los crímenes ‘campesinos de El Santa y Pedro Yauri’.

Alberto Pinto Cárdenas, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, anunció que solicitará asilo en una embajada ante la resolución de la Corte-IDH que ordena anular la sentencia de la Sala Penal Permanente, de la cual él se vio beneficiado ya que recobró su libertad al declarársele inocente en los casos Pedro Yauri y campesinos del Santa.

El vocal supremo Jorge Luis Salas, integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que dictó y, a la vez, anuló su sentencia sobre el grupo Colina, negó que se cometa un abuso al ordenarse la recaptura del exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Alberto Pinto. Explicó que, si bien Pinto no se halla incluido en el caso Barrios Altos, sí lo está en los casos del asesinato de Pedro Yauri y de los campesinos del Santa.

Jorge Luis Salas, integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que dictó y a la vez anuló la sentencia que rebajaba la pena a los integrantes del grupo Colina, dijo que la orden de recaptura contra Alberto Pinto Cárdenas se ajusta a lo dispuesto por la Corte-IDH en su resolución.

La Corte Suprema ordenó la recaptura del exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) e integrante del grupo paramilitar Colina, Alberto Pinto Cárdenas, quien fue absuelto por los casos Barrios Altos, El Santa y el del periodista Pedro Yauri.

Luego de conocer que la Corte Suprema ordenó su recaptura, el exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Alberto Pinto Cárdenas, afirmó que se pretende cometer “un abuso” contra él y cuestionó el estado de derecho de nuestro país.

El presidente del Poder Judicial, César San Martín, anunció esta mañana que se ordenó la recaptura del exjefe del SIE, Alberto Pinto Cárdenas, quien fue absuelto por el polémico fallo de la sala que preside Javier Villa Stein, el mismo que la Corte Suprema anuló ayer en cumplimiento a la resolución de la Corte IDH.

Las afirmaciones del congresista Kenji Fujimori y del abogado César Nakazaki respecto de que el presidente Ollanta Humala podría indultar “de oficio” al exmandatario Alberto Fujimori dieron lugar a numerosas consultas de índole jurídica. En todos los casos, los especialistas aseguraron que el otorgamiento de esta gracia presidencial solo puede tramitarse a solicitud del interesado o de la familia, y concederse –dijeron– previa consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Apenas tres días después de conocerse el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Corte Suprema de Justicia anuló la polémica sentencia judicial que les reducía las condenas a los integrantes del grupo Colina.

Fritz Du Bois,La opinión del director director@peru21.com

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena anular el fallo que beneficia al grupo Colina, no solo levantó polémica, sino que revivió el viejo debate sobre el papel de dicho tribunal y la conveniencia de continuar o no en ese sistema.

El presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez, dijo que la “casi inexistente” estrategia de defensa del Estado peeruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) motivó que esta instancia internacional emita una resolución “propia de un país bananero” y que “desconoce la jurisdicción nacional”, al exigir que se anule el fallo de la sala del vocal Javier Villa Stein que favoreció al grupo Colina en el caso Barrios Altos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano que anule la cuestionada sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que redujo las penas a Vladimiro Montesinos y a los miembros del grupo Colina y eliminó la calificación del delito de lesa humanidad en la matanza de Barrios Altos. Incluso, fijó el 20 de enero de 2013 como plazo para que el Perú presente un informe con las medidas adoptadas para cumplir con su disposición.

Luego que Javier Villa Stein exigiera un pronunciamiento por parte del presidente Ollanta Humala sobre el mandato de la Corte-IDH, que pidió anular la sentencia que redujo la pena de los miembros del grupo Colina, la ministra de Justicia, Eda Rivas, descartó que el mandatario se manifieste al respecto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó al Estado peruano que anule el cuestionado ‘fallo Villa Stein’ que redujo la pena a los miembros del grupo Colina en el caso de la matanza de Barrios Altos y *retiró el concepto de lesa humanidad de los crímenes cometidos por el citado destacamento militar.

Máximo Altez, abogado de Joran van der Sloot, informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) evaluará una demanda presentada por el holandés para que se repita el juicio por el asesinato de Stephany Flores, por el cual fue condenado a 28 años de cárcel.

El presidente Ollanta Humala expresó desde Rusia su sorpresa ante las críticas en su contra en el Perú y su caída en las encuestas, pese a que –dijo– está cumpliendo sus promesas hechas en la campaña electoral.

Una vez más la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se encuentra en el centro de la tormenta. Tras la caída del principal francotirador de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), Rolando Cabezas Figueroa (a) ‘camarada William’, y el posterior hallazgo de su nombre en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo, parlamentarios de distintas bancadas pusieron nuevamente sobre el tapete su pedido para conformar una comisión especial que investigue el trabajo realizado por la CVR en 2001-2003.

La ministra Eda Rivas anunció anoche a los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso que el procurador supranacional, Óscar Cubas, presentó su renuncia tras los lamentables incidentes en la última audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte IDH).

Una explosiva acusación que desempolvó polémicos capítulos del gobierno de Alejandro Toledo lanzó ayer el excandidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski. En concreto, sindicó al excanciller y actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, como el promotor de la excarcelación de terroristas. “Él, ciertamente, estuvo muy a favor de liberar gente que había sido condenada por terrorismo”, afirmó.

Aunque el Poder Judicial ya había emitido un comunicado sobre la bochornosa actuación del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el presidente de esa institución, César San Martín, aclaró ayer que Segundo Vitery no renunció al cargo de procurador, sino que fue “expulsado” por incumplir las directivas que se le dieron.

Sigue el enfrentamiento. El presidente del Poder Judicial, César San Martín, reiteró su rechazo a la actuación del exprocurador Segundo Vitery ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Barrios Altos, donde expresó una posición diferente a la del procurador supranacional peruano.

Se fue, pero no se quedó callado. Después del bochornoso incidente que se produjo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el procurador Segundo Vitery renunció al cargo, pero aseguró que su posición fue coordinada con el presidente del Poder Judicial, César San Martín, y que quien la incluyó en la delegación fue la propia ministra de Justicia, Eda Rivas.

El Poder Judicial salió al frente de las acusaciones del exprocurador Segundo Vitery Rodríguez y aclaró que la posición que este sustentó ante la Corte-IDH por el caso Barrios Altos no concuerda con la orden que le dio el magistrado César San Martín.

Habló fuerte. El ahora exprocurador del Poder Judicial, Segundo Vitery, defendió la postura que defendió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Barrios Altos, pese a que se oponía a la presentada por el otro procurador peruano, Óscar Cubas, enviado por el Ministerio de Justicia.

El exprocurador público especializado supranacional, Luis Alberto Salgado, se sumó a las críticas contra la lamentable actuación de los procuradores del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso Barrios Altos, pero apuntó también a la responsabilidad del premier Juan Jiménez y de la ministra de Justicia, Eda Rivas.