El procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, dijo hoy que confía en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), rechace los audios obtenidos de manera ilícita que la defensa de los terroristas abatidos en la residencia del embajador de Japón en 1997 presentará como prueba de que hubo injerencia del Gobierno en el fallo judicial por el caso Chavín de Huántar.
“La Corte jamás dará mérito a estos audios que están difundiendo, (…) ninguno, porque no se puede dar ningún tipo de credibilidad a una escucha ilegal, a una prueba ilícita”, subrayó el abogado del Estado peruano, al señalar que la intención de la abogada Gloria Cano es reabrir el caso en el fuero nacional.
Adrianzén precisó que es momento de terminar, de una vez por todas, con la “subcultura del chuponeo” y empezar a reafirmar que los peruanos “tenemos el derecho al secreto de nuestras comunicaciones y a nuestra intimidad personal”.
DENUNCIA CARGAMONTÓN
Adrianzén añadió que detrás de la difusión de los audios de la reunión entre miembros del Ejecutivo y el Poder Judicial por el caso Chavín de Huántar existe un “evidente fin político” y la intención de establecer “un cargamontón” dirigido contra los ministros involucrados, Juan Jiménez Mayor y Pedro Cateriano.
“¿Dónde está el hecho irregular, la ilicitud? Como los que auspician estos audios no pudieron atacar la legalidad de la reunión, lo que se descubre ahora es una evidente intención de carácter político”, refirió en Radio Nacional.
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