Pasos Perdidos

Las aguas están movidas en Alianza Por el Gran Cambio. En menos de un mes, tres congresistas han hecho maletas y tomado nuevos rumbos. El último en cerrar la puerta ha sido Humberto Lay, fastidiado –dicen– por la ambigüedad de sus ahora exaliados pepecistas.

El proceso de selección de candidatos a la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva –aún pendientes de ratificación por el Pleno– ha dejado varios muertos y heridos en el camino.

Aescasas semanas de cumplir su segundo año de gobierno, la carencia de una bancada parlamentaria disciplinada y cohesionada en torno a un discurso único empieza a pasarle la factura al presidente Ollanta Humala.

En abril, mientras el titular del Congreso, Víctor Isla, y voceros de distintas bancadas pregonaban –agobiados por la presión mediática– su compromiso para elegir al defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los miembros del Banco Central de Reserva, Pasos Perdidos dio cuenta de que, entre bambalinas, ni el oficialismo ni la oposición tenían un interés real en el tema, y que, a regañadientes y a puerta cerrada, lo que ofrecían era su máximo esfuerzo para nombrar al defensor.

El cónclave político realizado en Palacio de Gobierno, con motivo del próximo fallo de la Corte de La Haya respecto del diferendo marítimo con Chile, confirmó que varios líderes políticos “se pasan pero no se tragan”, y que las sonrisas y apretones de mano son un mero gesto diplomático que dura tanto como la toma de una fotografía oficial.

No solo la ciudadanía ha quedado más confundida que antes tras las ‘explicaciones’ que Alejandro Toledo diera en la televisión sobre la adquisición de dos lujosos inmuebles, dizque por parte de su suegra Eva Fernenbug.

Nada es gratis en esta vida. El expresidente Alejandro Toledo y su bancada pueden dar fe de ello. Y es que, apenas un día después del vergonzoso blindaje oficialista para impedir una investigación sobre la adquisición de inmuebles por parte de la suegra del exmandatario por casi US$5 millones, los ‘chakanos’ retribuyeron el favor rechazando el pedido para levantarle la inmunidad al nacionalista Eduardo Nayap. Órdenes de Palacio, aseguran.

El miércoles, muy temprano, un iracundo Rogelio Canches denunció ante el presidente del Congreso, Víctor Isla, el ‘hackeo’ de sus computadoras y el consecuente “extravío” de cinco mil archivos que, a esas horas, él ya sabía que estaban siendo recuperados por el departamento de Informática. También sabía –él mismo lo dijo– que los expertos habían descartado un ‘hackeo’ y atribuían lo ocurrido a un virus.

El martes pasado, bajo la presidencia “honoraria” del titular del Congreso, se instaló la comisión que seleccionará a los candidatos al Tribunal Constitucional, al Banco Central de Reserva y a la Defensoría del Pueblo. A su salida, con Víctor Isla a la cabeza, legisladores de diferentes tiendas se comprometieron a resolver el tema en esta legislatura “con visión técnica, responsable y en función de los intereses del país”.

Desde que la prensa puso al descubierto los planes del presidente Ollanta Humala para comprar los activos de Repsol en el Perú, las señales de alerta se prendieron y los fantasmas del pasado estatista y del peligro de retomar el camino de la Gran Transformación nacionalista se pusieron sobre la mesa. La oposición puso el grito en el cielo y anunció que luchará para impedir que se concrete esta operación, no solo por las implicancias en nuestra economía, sino por las consecuencias políticas. Durante toda la semana, los congresistas y dirigentes políticos advirtieron que, al tener en su poder la refinería de La Pampilla, el Gobierno la usaría como “caja chica” para solventar la posible candidatura presidencial de Nadine Heredia, siguiendo el ejemplo de PDVSA, en Venezuela. “No olvidemos que las campañas de reelección en Ecuador, Bolivia y Argentina han estado contaminadas por el dinero venezolano”, advirtió el dirigente Juan Sheput (PP). Y es que la inclinación electoral de la esposa del mandatario es cada día más evidente y su eventual campaña, así como sus constantes presentaciones en el Perú y en el exterior requieren un gran financiamiento que no implique rendición de cuentas. Además, el interés especial de la primera dama por esta transacción se puso en evidencia el jueves pasado cuando salió a enfrentar a los críticos y a defender la posible compra. En esta historia, pasó casi desapercibido que hace solo cuatro días el premier Juan Jiménez usó, para el caso de Repsol, la misma frase con la que responde sobre la candidatura de ‘la Jefa’: “El Gobierno no está preocupado por el tema”. Poco después, se confirmó lo contrario: Palacio sí quiere comprar los activos. ¿Sucederá lo mismo con la postulación de Nadine? ¿Cuándo se animarán a decir la verdad?

El alejamiento de la exdirigenta cocalera Elsa Malpartida del programa ‘Mi Barrio’, del Ministerio de Vivienda, no ha sido una decisión fácil para el gobierno. La fuerte presión del Partido Nacionalista se imponía a cualquier criterio razonable al interior del Ejecutivo respecto a la necesidad de separar a esta funcionaria luego de que ella misma revelara que fue mando logístico del grupo terrorista Sendero Luminoso.

El miércoles, en la sesión del Consejo de Ministros, no solo se discutieron diversos temas de carácter gubernamental, como el referido a la seguridad ciudadana. Ese día, según fuentes del Ejecutivo, otro asunto despertó el interés del presidente Ollanta Humala y de su gabinete: la respuesta del Apra al preinforme de la ‘megacomisión’ y el emplazamiento del expresidente Alan García a su sucesor nacionalista para que fije posición sobre la postulación a la Presidencia de Nadine Heredia y el indulto a Alberto Fujimori.

Anticipándose a la conmemoración de la Semana Santa, el Vía Crucis lo hizo esta semana la ministra de la Mujer, Ana Jara, a quien sus entusiastas declaraciones sobre la candidatura de Nadine Heredia a la Presidencia le valieron tremendo ‘cuadre’ desde Palacio de Gobierno.

El presidente Humala ha repetido hasta el cansancio que la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción es “tarea de todos”, de todos los peruanos, menos –al parecer– de los 43 miembros de su bancada parlamentaria que, según lo ocurrido esta semana en el Congreso, no se han dado por enterados de la postura de su líder.

Concluyeron la primera legislatura en diciembre y nunca más se supo de ellos. Salvo los habituales “caseritos” de los medios de comunicación, el resto de congresistas se hizo literalmente humo en enero y febrero debido al receso parlamentario. El viernes pasado reanudaron sus labores (es un decir), y –cosa increíble– ya alistan maletas para iniciar el próximo lunes 18 su semana de “shopping”, perdón, de representación que, por lo menos en el papel, dizque los llevará a provincias “para recoger las demandas de la población”.

Ayer se inició la segunda legislatura, y no hay razón para suponer que este segundo tramo de la anodina gestión de Víctor Isla será mejor que la anterior, por lo que poco o nada debemos esperar de ella.

Un sonado escándalo en el que se mezclaron intereses comerciales y “pecados de amor” obligó a Raúl Diez Canseco –hace más de nueve años– no solo a renunciar a la primera vicepresidencia de la República, sino a poner fin a un matrimonio de más de 30 años. Esta semana, el sexagenario empresario, quien durante todos estos años mantuvo un perfil político relativamente bajo, decidió retornar a las lides políticas acusando al Apra de haber conspirado para vacar a Alejandro Toledo de la Presidencia y ponerlo a él en su lugar.

Tras conocerse que la administración del Congreso permite que aquellos legisladores que se encuentran suspendidos por falta ética puedan ‘pasar por caja’, so pretexto de que hay receso parlamentario, pocas voces han salido a defender este “derecho” de quienes contribuyen al debilitamiento de la imagen de esta institución.

El escándalo desatado por la presencia de un acusado por terrorismo en una mesa de trabajo promovida por el parlamentario fujimorista Federico Pariona confirmó las graves fallas en el sistema de seguridad del Congreso, pero también puso nuevamente sobre el tapete el hecho concreto de que los legisladores son los primeros en sacarle la vuelta a la ley. Y todo eso con la complacencia del presidente del Parlamento, Víctor Isla, quien, con sus acostumbradas explicaciones enrevesadas, trató de justificar que un legislador que fue suspendido sin goce de haber por 120 días se vaya a su casa por 73, regrese como si nada hubiera pasado –con personal incluido–, cobre su remuneración, sus gastos operativos y, luego, vuelva a sus cuarteles de invierno por los 47 días que faltan.

El retiro del proyecto de ley de la ONPE, que abría la puertas a una candidatura presidencial de Nadine Heredia en 2016, no ha generado mayor sobresalto en el nacionalismo donde, se sabe, ya se había analizado esta posibilidad ante el cargamontón político y mediático a la propuesta. Fuentes oficialistas indicaron que, habiéndose descartado ya el proyecto de ley con nombre propio, y habiendo naufragado el planteamiento de Magdalena Chú, lo que queda ahora es recurrir al Jurado Nacional de Elecciones, primero, y al Tribunal Constitucional, después, en busca de una ‘interpretación auténtica’ que establezca que, si bien la Ley Electoral prohíbe la postulación de la primera dama, en la Constitución no existe un artículo que se lo impida.

Esta semana, el pan se le quemó en la puerta del horno a la bancada nacionalista. La información –publicada por Perú21 – de que el oficialismo ‘cocinaba’ un proyecto de ley para eliminar las trabas legales a la candidatura de Nadine Heredia a la Presidencia les valió tremendo jalón de orejas a los encargados de sacar adelante la norma. Algunos, como Santiago Gastañaduí, optaron por negar lo evidente, pero no en persona, sino a través de un comunicado y con dos días de retraso. Otros tardaron más en reaccionar. Como Fredy Otárola, que ayer, en lugar de reforzar el ambiguo desmentido de doña Nadine, reavivó las discusiones al respecto al sostener que el tema de su eventual candidatura “todavía” no está en la agenda partidaria y que “no permitirán” que se le estigmatice.

En la actual gestión de Ollanta Humala, 18 meses hasta el momento, la Policía Nacional ha sido el epicentro de dos terremotos policiales, los dos polémicos y contradictorios. En octubre de 2011, el entonces ministro del Interior, Óscar Valdés, sorprendió a todos con la famosa ‘reingeniería policial’ que tumbó la pirámide invertida de 55 generales en la cúpula y mandó a casa a 30 de estos oficiales.

Luego de deshojar margaritas durante casi tres meses, el Consejo Directivo del Congreso ratificó su acuerdo de incrementar al 100% su asignación por función congresal que, en buen cristiano, no es otra cosa que un aumento en sus remuneraciones. Como lo informó Perú21 en setiembre, la propuesta inicial fue exonerar el bono de gastos operativos del pago del impuesto a la renta para, luego, elevar el monto a no menos de S/.12,000. La denuncia de este diario, sin embargo, frustró su proyecto. A inicios de este mes, los ‘padres (o ‘padrastros’) de la patria’ cerraron filas y acordaron dar luz verde al cuestionado aumento, a sabiendas de la batahola que eso desataría. Curiosamente, en todas las sesiones en las que se discutió el tema, los más afanosos en que se duplicaran los gastos de representación fueron los mismos que hoy se rasgan las vestiduras y renuncian al emolumento para quedar bien con la opinión pública. Uno de ellos, como informamos, fue Yehude Simon, quien en sesión secreta dijo que sí, pero ahora asegura que no. Otro que defendió con pasión la propuesta pro bolsillo –según nuestras fuentes– fue el pastor Julio Rosas. Sí, el mismo que esta semana pidió que se reconsiderara la medida y que, “en un gesto de desprendimiento”, desistió del beneficio. Y a él, se sabe, se sumaron los apristas Mauricio Mulder y Javier Velásquez, los fujimoristas Alejandro Aguinaga y Julio Gagó y los oficialistas Jaime Delgado y Josué Gutiérrez que, a diferencia de Rosas y Simon, han ‘honrado’ el compromiso asumido en el consejo de no petardear el aumento. Mientras, ante la ola de críticas, el titular del Legislativo ha optado por no contestar las llamadas de sus colegas, pero ha ratificado, entre sus allegados, su decisión de defender a rajatabla el aumento. Una tarea en la que, una vez más, su bancada lo ha dejado solo.

En marzo del 2011, en plena campaña electoral, el entonces candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, ofrecía a los electores “un gobierno austero que no malgaste recursos en gastos suntuosos que son una cachetada a la pobreza”.

Tal como ocurrió en setiembre, cuando pusieron por primera vez sobre el tapete el incremento de los gastos de representación, la sesión del Consejo Directivo realizada el último jueves se desarrolló a puertas cerradas, solo con parlamentarios y sin grabaciones de por medio.

La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva y Enlace con los Gobiernos Regionales ha perdido el protagonismo mediático que cobró a raíz de su cuestionado programa de gestores, cuyo propósito era implementar una red proselitista con recursos públicos. Que el polémico programa se haya desactivado y que la oficina en cuestión haya adoptado un perfil bajo no significa, sin embargo, que la maquinaria proselitista no siga en marcha.

Al mediodía del jueves, en la plenaria matinal del Congreso, Javier Diez Canseco afirmaba, con aire triunfalista, que el pedido de suspensión de 90 días formulado en su contra por la Comisión de Ética no prosperaría. “Tengo los votos de Gana Perú, los de Toledo y los de mi bancada. Aquí no pasa nada”, dicen que repetía a cuanto colega se le cruzaba por el camino. Su prolongada tertulia con la vocera alterna de Gana Perú, Ana María Solórzano, en los pasillos del hemiciclo, reforzó aún más esta versión.

Siete votos impidieron que la presentación del canciller Rafael Roncagliolo ante el Congreso se desarrollara en sesión pública. A la luz de la enrevesada exposición ministerial y considerando que no hubo ‘destape’ alguno y menos información de Inteligencia que ponga en riesgo la seguridad nacional, lo que le quedó claro a la oposición es que si el oficialismo y sus aliados de Perú Posible se opusieron a esta apertura mediática fue más bien porque vaticinaban la deslucida intervención de Roncagliolo.

Realizan plantones frente al Parlamento, con carteles en mano y gritando arengas en contra del ministro de Economía, Luis Castilla. Pero no son maestros, enfermeras ni médicos en huelga. Son los afiliados al Sindicato de Trabajadores del Congreso –con dirigentes de conocida orientación nacionalista– que, con la bendición del titular del Parlamento, Víctor Isla, demandan el cumplimiento del jugoso pliego que, en julio pasado, suscribieron con Daniel Abugattás. Un cuestionado acuerdo, sin precedentes congresales, que el MEF ha enviado a cuarentena, en mérito a la retahíla de gollerías económicas que contempla y que significaría un desembolso aproximado a los S/.16 millones en un periodo de dos años.

Tres meses han pasado y los miembros de la comisión evaluadora de candidatos a defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional (TC) y Banco Central de Reserva (BCR) no han podido ponerse de acuerdo sobre la propuesta que, por estos días, deberían haber alcanzado al Pleno y que ahora –por una “interpretación auténtica”– han ‘pateado’ hasta noviembre próximo.

La gestión del nacionalista Víctor Isla al frente del Congreso lleva cerca de tres meses y todavía no designa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se encargue de tramitar las denuncias que se presentan contra funcionarios con derecho a antejuicio, entre ellos, ministros de Estado y congresistas.

El actual Congreso parece empeñado en seguir afectando su imagen ante el país blindando a sus miembros que han incurrido en diversas faltas éticas. Sin importar la condena de la opinión pública, los llamados ‘padres de la patria’ ponen en práctica todo tipo de acuerdos –públicos o no– con el propósito que cubrir a los suyos con el manto de impunidad.

Nadie sabe para qué fue creada, qué ha hecho y menos a cuánto asciende el gasto en personal que ha demandado su implementación. Lo cierto es que en mayo –tras el estrepitoso fracaso del programa de gestores–, la Mesa Directiva del Congreso creó una comisión especial de fortalecimiento de representación del Parlamento. La presidencia recayó en la peruposibilista Carmen Omonte, quien por esas fechas veía el cargo solo como un trampolín a una vicepresidencia del Legislativo de la que, como es sabido, fue desembarcada por su colega Marco Falconí.

No se dan por vencidos. Tras su frustrado intento, hace dos semanas, de aprobar una resolución para exonerar del pago de tributos los 7 mil soles que reciben por gastos de representación, los congresistas han acordado no morir en el intento y cerrar filas en defensa de su “legítimo derecho” a contar con los recursos necesarios para realizar su labor de representación que, en muchos casos, no es otra cosa que un precalentamiento para la campaña reeleccionista de 2016.

Una vez, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, apeló a “razones de seguridad nacional” para impedir que la prensa y, a través de ella, la población, escuche sus contradictorias justificaciones sobre los yerros del actual gobierno en materia de lucha antisubversiva. Así como antes pidió sesión reservada del Pleno del Congreso para sustentar el pedido del Ejecutivo de delegación de facultades o explicar la “impecable” operación Libertad, el jueves Cateriano recurrió a la misma figura para, durante cuatro horas y media, deslindar responsabilidad de la muerte de la pequeña Soraida Caso (9) y dar a los legisladores confusas explicaciones sobre el citado episodio.

Esta vez no hubo discrepancias. Por el contrario, si algo prevaleció en la sesión de Consejo Directivo del martes fue el consenso. Fueron tres horas de discusión a puerta cerrada, con quejas al por mayor de parlamentarios de una y otra bancada sobre lo “injusto” que –según ellos– es pagar impuestos sobre los S/.7,000 que reciben mensualmente para cumplir su función congresal.

La ausencia mediática de los parlamentarios debido a su “viaje de representación” no le ha restado color al quehacer político nacional.

La denuncia sobre el presunto favorecimiento a la empresa Krasny del Perú, de propiedad de Alexis Humala, con millonarios contratos con el Estado peruano, ha de-satado un escándalo más mediático que partidario. En Gana Perú, e incluso en las tiendas aliadas de Perú Posible, el “destape” ha causado menos asombro que incomodidad pues, dicen, eran ‘vox pópuli’ los negocios entre el ‘hermanísimo’ del presidente Humala y diversas entidades del Estado.

Dice un refrán que somos dueños de nuestros secretos y esclavos de nuestras palabras. Durante su interpelación en el Parlamento, la ministra de Educación, Patricia Salas, corroboró que hay tanto de cierto en ese dicho como en sus declaraciones del 4 de agosto, cuando justificó la participación del Sutep en el proceso de evaluación a los docentes. Un arranque de sinceridad que le sigue pasando la factura.

A la fecha, tras el regreso del hijo pródigo Rubén Coa, suman 43 los representantes de Gana Perú en el Parlamento. Dicen, sin embargo, que la relativa superioridad numérica oficialista solo se refleja en el papel. En la práctica, la ‘primera mayoría’ hace agua por donde se le mire y cada día es más difícil la convivencia entre el ‘ala dura’ –que representan personajes como Fredy Otárola, Daniel Abugattás y Marisol Espinoza– y los ‘provincianos’, quienes no están dispuestos a aceptar más ninguneos.

La próxima semana es decisiva para algunas bancadas políticas que pondrán a prueba su capacidad de negociación en la conformación de las 24 comisiones ordinarias. Es que, a pesar de la existencia de acuerdos políticos asumidos hace un año, hay bloques como Fuerza 2011 y Alianza Por el Gran Cambio, a los que se suma el novísimo Acción Popular-Frente Amplio (AP-FA), que pretenden un reacomodo en el manejo de algunos grupos de trabajo.

Semanas atrás, la gestión de Daniel Abugattás modificó el reglamento y el manual de organización y funciones del Congreso. Los cambios, sin embargo, no fueron gratuitos. Ahora se sabe, por fuentes legislativas, que el propósito era crear nuevas áreas y cargos para “acomodar” a los allegados que le sirvieron “leal e incondicionalmente” a la Mesa Directiva saliente y, en particular, a su titular. Así, sin estudio técnico que sustente la necesidad de este personal, se ha creado, por ejemplo, la jefatura de prensa de la Oficina de Enlace con los Gobiernos Regionales –la misma que cobijó al polémico programa de gestores– donde, dicen, recalará uno de los acólitos del saliente presidente del Legislativo. Pese a existir ya una Oficina de Prensa del Parlamento, se ha preferido darle cabida a más burocracia.

Ha cambiado el polo rojo y el discurso desafiante por el terno y corbata, una sonrisa conciliadora y una mudez a prueba de balas que solo se quiebra para abordar temas relacionados con la Comisión de Transportes que, dicho sea de paso, bajo su conducción no aprobó nada extraordinario en el último año legislativo.

El informe final sobre la remodelación de los colegios emblemáticos se repartió a los integrantes de la ‘megacomisión’ recién el lunes, y no con varios días de anticipación, como aseguró su presidente, Sergio Tejada. El objetivo era debatir y aprobar el documento dos días después: el miércoles 27. Todo en un solo día y a paso de polca. Pero la difusión de las principales conclusiones y recomendaciones del documento –en exclusiva por Perú21– le quemó el pan en la puerta del horno al costoso y frondoso equipo de asesores técnicos del oficialista. La noticia –dicen– los tomó desprevenidos. Tejada, en tanto, ensayó algunos descargos, pero ni eso lo salvó de las críticas por su manejo personalista de la ‘megacomisión’. Superado el primer impacto, no obstante, los ‘Tejada Boys’ –aseguran nuestras fuentes– buscan ahora lavarse la cara ante la ciudadanía. Es que, tras la avalancha de críticas a su informe y la tardía lectura del artículo 128º de la Constitución, han caído en la cuenta de que una denuncia constitucional contra el expresidente Alan García Pérez por el Decreto de Urgencia Nº 004-2009 no prosperaría. En ese supuesto, manifiestan, el líder aprista terminaría victimizado, la ‘megacomisión’, desacreditada; y ellos, desempleados. Sería esa la razón por la que Tejada prefiere ahora hablar de una “evaluación” de los cargos contra el exmandatario. Mientras, en Gana Perú también evalúan el desempeño de Tejada en el caso García. “Quien con niños se acuesta, amanece mojado”, dicen que comentan resignados.

Por estos días son varios los congresistas de Gana Perú que participan en el jueguito de las “sillas musicales”, ese en el que los competidores corren alrededor de unas sillas hasta que la música se detiene y se sientan. Obviamente, siempre hay una silla menos, y así los jugadores van siendo eliminados. El problema, en el caso del oficialismo, es que son varios los que disputan la única silla disponible: la de la Presidencia del Congreso, por lo que en el curso del juego se han empezado a contar ya algunos ‘muertos y heridos’. Uno de ellos sería Daniel Abugattás, quien ha quedado en el camino por mérito y yerro propio. Y así debe haberlo entendido él también, o por lo menos así lo evidenció el viernes 15 cuando, a las 2 y 30 de la madrugada, al clausurar sin pena ni gloria la legislatura, los micrófonos le volvieron a jugar una mala pasada y se le escuchó decir con fastidio: “Hasta nunca”.

Como ya es usual en este Congreso, la semana se inició con un nuevo escándalo: la denuncia contra el legislador de Gana Perú Walter Acha por haber violado sexualmente a su exjefa de prensa. Como ya es usual también en Gana Perú, nadie ha dicho esta boca es mía para reclamar sanción para el responsable. Solo han emitido un escueto comunicado dando cuenta de que el parlamentario ha sido separado temporalmente de la bancada, dizque para no comprometer a la agrupación o, dicho en buen cristiano, para no cargar con el muerto, que ha demostrado que está vivito y coleando.

Apenas asumió la presidencia del Parlamento, un todavía asequible Daniel Abugattás aseguró que, bajo su administración, ese poder del Estado se conduciría por un “camino recto” y que sería “implacable” en su propósito de moralizar la institución. Siete meses después, nada queda del oficialista crítico de las contrataciones a dedo, del doble discurso político, de la escasa transparencia administrativa. Y ni qué decir del parlamentario polémico siempre presto a ponerse frente a cámaras y a colaborar en la fiscalización de los actos de gobierno (del gobierno aprista, claro está).

No fueron los votos de Gana Perú ni los de sus aliados de Perú Posible los que le quitaron la soga del cuello a Omar Chehade. Tal honor lo reclamó para sí el “opositor” Yehude Simon, que luego –ante la avalancha de críticas– ha defendido su voto con envidiable vehemencia. Ya quisieran sus colegas de bancada que, con esa misma convicción, Simon les hubiera anticipado, cara a cara, que en la Comisión Permanente votaría en contra del informe acusatorio a Chehade, y no que los tontee con supuestas indecisiones y dudas que –según dijo entonces– traduciría en una abstención que nunca se concretó.

Esta vez, Daniel Abugattás no le puede echar la culpa a Martha Chávez ni a ningún otro congresista por la deslucida sesión del jueves. Si la presentación del Gabinete Valdés ante el Pleno terminó opacada, no fue por responsabilidad de este, sino por sus exabruptos y por la forma como condujo el último Pleno.

El descrédito del anterior Congreso auguraba una luna de miel un poco más prolongada entre la ciudadanía y los nuevos integrantes del Legislativo. Pero en cinco meses de gestión, la expectativa se ha diluido. Los ‘robacable’ y ‘comeoro’ han reemplazado a los ‘mataperro’, ‘lavapies’ y ‘comepollo’; el blindaje oficialista, con las torpezas propias de los principiantes, se mantiene incólume; y el despilfarro con dinero ajeno goza de buena salud. Si antes fue la remodelación del hemiciclo y el incremento desmesurado de la planilla, en mérito al ingreso en tropel de los paisanos del presidente de turno; ahora es el momento de los militantes que apoyaron en campaña, de los S/.8 millones para un centro de esparcimiento y de millonarios spots publicitarios para mejorar la imagen institucional aunque, dicen los que todo lo saben, que no es casualidad ver a Abugattás cargando bebes y abrazando viejitos precisamente cuando su nivel de aprobación ha bajado del 44% al 34% de agosto a noviembre, y el rechazo a su gestión se ha elevado de 21% a 40%, según Datum.