Pasos perdidos

La gestión del nacionalista Víctor Isla al frente del Congreso lleva cerca de tres meses y todavía no designa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se encargue de tramitar las denuncias que se presentan contra funcionarios con derecho a antejuicio, entre ellos, ministros de Estado y congresistas.

Desde que el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde culminara su labor al frente de ese grupo, en julio pasado, a la Mesa Directiva y a los voceros de los grupos políticos presentes en el Legislativo poco o nada les ha interesado designar al presidente de esa subcomisión para que continúe con las investigaciones de los presuntos actos ilícitos de este gobierno y del anterior.

Ninguna voz se ha levantado para reclamar la formación de este grupo de trabajo, pese a que en su agenda se encuentran las denuncias derivadas de la Comisión de Ética que piden el de-safuero de los oficialistas Walter Acha –denunciado por su exjefa de prensa por abuso sexual– y de Emiliano Apaza, quien, según las normas vigentes, no puede continuar ejerciendo su labor parlamentaria porque pesa sobre él una condena judicial consentida.

El presidente del Congreso pareciera evidenciar que estos importantes temas de fiscalización y control político no están en su agenda. Se especula que, por acuerdo de los voceros, la Subcomisión sería encabezada por la legisladora de Solidaridad Nacional Esther Capuñay quien, para muchos de sus colegas, es un voto más a favor del oficialismo.

Después se incomodan cuando les preguntan por qué el Parlamento tiene una mala imagen. Son los propios legisladores los que, al parecer, se sienten cómodos con la frase de ‘otorongo no come otorongo’ y no quieren sancionar a los suyos, aunque la justicia ya lo haya hecho.