Nadie sabe para qué fue creada, qué ha hecho y menos a cuánto asciende el gasto en personal que ha demandado su implementación. Lo cierto es que en mayo –tras el estrepitoso fracaso del programa de gestores–, la Mesa Directiva del Congreso creó una comisión especial de fortalecimiento de representación del Parlamento. La presidencia recayó en la peruposibilista Carmen Omonte, quien por esas fechas veía el cargo solo como un trampolín a una vicepresidencia del Legislativo de la que, como es sabido, fue desembarcada por su colega Marco Falconí.
Más de cuatro meses han transcurrido y Omonte, que gracias al encargo cuenta con oficina y personal adicionales, poco o nada ha hecho por el fortalecimiento del Congreso. Su entusiasmo y esfuerzo los ha guardado más bien para abogar por el fortalecimiento del “bolsillo” de los parlamentarios, para lo cual ha ido de curul en curul buscando firmas que avalen el proyecto que exonerará a los congresistas del pago de impuestos sobre sus gastos operativos.
Fuentes de Pasos Perdidos aseguran que la anodina gestión de la exvocera ‘chakana’ ha motivado, incluso, el reclamo de su propia bancada. Sus más lapidarios detractores han sido el vocero de su bloque, Mariano Portugal, y su colega Wuilian Monterola quienes, en una de las últimas reuniones del Consejo Directivo, trascendió, no solo cuestionaron la existencia de la comisión sino que exigieron su inmediata desactivación. Así las cosas, el Consejo le ha dado a Omonte un mes para que presente un informe sobre lo actuado. Luego de eso, la extensión de la partida de defunción de su comisión es un hecho.
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