Columna Juan José Garrido

Hasta hace poco más de una semana, el problema de la huelga docente era más o menos claro: un grupo de líderes radicales en el sur del país hacía un pedido desproporcionado al Gobierno Central en clara oposición al Sutep, principal sindicato del magisterio y que se encuentra a cargo de esa inmensa piscina de recursos llamada Derrama Magisterial. Y hasta el lunes de la semana pasada, más o menos teníamos claro qué seguiría: desde ese día, el gobierno descontaría a los maestros huelguistas (la gran mayoría aún en el sur) y desde el jueves se pasaría a separar del cargo a los mismos.

Como casi todos los años, el presidente de la República, Pedro P. Kuczynski, lidera la tabla de los hombres más poderosos del país. Tiene sentido: quien lidera el Ejecutivo cuenta con el mandato del pueblo para llevar a cabo, por el plazo de cinco años, las políticas públicas del país. No solo eso; en el Perú, el presidente es, además, la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas.

Una vez más le preguntaron al premier Fernando Zavala si habría modificaciones en el gabinete, y una vez más respondió que no harían ninguno por el momento. La pregunta proviene de las encuestas recientes, en las que el 56% sostiene que los cambios realizados en julio no fueron suficientes y –por lo tanto– esperaban los mismos (en particular, en los sectores Educación, Salud y Justicia). Hasta aquí, es lo de siempre; lamentablemente es justo lo de siempre lo que está mal: por un lado, creer que la opinión pública es la opinión de Dios y, por otro lado, sostener que no se requieren cambios ministeriales porque se acaban de hacer algunos.

Uno. En entrevista a Perú21, el contralor Nelson Shack sostiene (al igual que su predecesor Edgar Alarcón) que el trabajo de la entidad debe ser concurrente; léase, en paralelo a las obras (en particular, señala la reconstrucción del norte). No solo eso: sostuvo que “el presidente no está liderando la lucha contra la corrupción”. Pues bien. No han pasado ni 24 horas y ya en el oficialismo hay voces que critican las observaciones, legítimas por cierto, del nuevo contralor. El congresista Sheput lo ha calificado de “opinólogo” y, con mucha audacia, señala que el funcionario “quiere entrar en el campo de la opinología o ser ministro”. ¿Y ahora? Si esta es la manera en que reacciona el oficialismo cada vez que alguien opina o actúa de manera independiente, pues vayamos preparándonos, porque ya sabemos cómo acaban esos gobiernos.

La mayoría de analistas apuntan a un crecimiento de entre 2% y 2.5% para el año 2017. El Ministerio de Economía y Finanzas apunta al 3%. Sea 2% o 3% el número oficial, lo cierto es que, para la mayoría de empresarios (grandes y chicos) e inversionistas institucionales, la sensación es que la economía y el país están en estado de parálisis. La ciudadanía, por cierto, percibe algo parecido; en agosto de 2016, el 40% de los peruanos tenía poco o ninguna esperanza en que el Perú estaría mejor cuando culmine el gobierno de Pedro P. Kuczynski, hoy ambos grupos suman 62%.

Interesante e informativo el libro publicado por María Cecilia Villegas (La verdad de una mentira: el caso de las trescientas mil esterilizaciones forzadas). El estudio desmitifica, de manera contundente, el mito de la cifra en cuestión. Cuidado: no niega los actos, como dicen algunos; lo que hace es, de manera precisa y basada en data y evidencia, poner en dimensión y contexto el “Programa de salud reproductiva y planificación familiar”, implementado entre 1996 y 2001, sus horrores y el origen institucional de estos.

Uno. Si bien la caída en la popularidad del presidente Kuczynski es, sin dudas, importante a nivel nacional (cae de 65% en setiembre de 2016 al 34% actual), es en la región sur donde la caída es impresionante: de 77% en agosto de 2016 al 27% actual. La Macrorregión Sur es una zona complicada para cualquier mandatario; los índices de pobreza son muy altos en las zonas altoandinas, la infraestructura y los servicios estatales son paupérrimos, y las autoridades locales son más conocidas por sus excentricidades y rebeldía que por su capacidad de gestión. Pero es en el sur donde, en principio, el gobierno contaba con una “ayudita”: el apoyo en la campaña, así como la presencia del vicepresidente Vizcarra, ex gobernador de Moquegua. Alguien debería estudiar el fenómeno, ya que el sur es una zona de históricos levantamientos.

La última encuesta preparada por Datum para Perú21 muestra una caída en la popularidad del presidente Kuczynski de 4 puntos para situarse en 34%, la aprobación más baja en lo que va de su gestión. La desaprobación, indicador poco utilizado pero tal vez más importante en un país de instituciones precarias, sube hasta el 62% (de un 44% en mayo, hace tan solo 3 meses).

Una mujer da a luz en el piso del hospital Negreiros, pero el Estado tiene tiempo y recursos para decirnos qué es leche y qué chocolate. Mañana nos dirán qué es lanilla y qué es cuerina.

Uno. El día hoy, en Lima, se reunirá la mayoría de cancilleres de América para analizar la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela, así como para discutir la posibilidad de una serie de acciones conjuntas contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. No deja de ser paradójico que fue aquí, en Lima, donde distintos jefes de Estado –encabezados por el ex presidente Ollanta Humala– validaron las discutidas elecciones con las que se hizo del poder en abril de 2013.

Es inentendible que el actual gobierno no realice una auditoría general a los grandes proyectos, obras y gasto de la gestión humalista. En verdad, escapa al sentido común. Ya el presidente Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran recluidos preventivamente por el supuesto delito de lavado de activos. Eso es lo que está hoy en la mesa, pero sabemos que fue mucho más. Revisemos los principales proyectos, recordemos las denuncias e irregularidades detectadas, y –con la mano en el corazón– díganme que no amerita una exhaustiva investigación.

Uno de los pilares fundamentales de la democracia, como sistema de gobierno, es la separación de poderes; léase, que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no se encuentren bajo la tutela de una persona (un autócrata) o un partido político (la “dictadura perfecta”). Cuando un partido gana en elecciones democráticas tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, pues dependerá mucho de su actuar político para definir si la separación es real (como ocurre en los países desarrollados) o efímera (como suele suceder en los nuestros).

En estricto, a nadie debe alegrar la ratificación del fallo de primera instancia del juez Concepción Carhuancho, por la Sala de Apelaciones (respecto a la prisión preventiva por 18 meses del ex presidente Humala y su esposa, la Sra. Nadine Heredia). Como sostuvimos ayer, en libertad o en prisión preventiva, es necesario que la Fiscalía proceda al proceso penal de ambos (y lo que sería la organización que liderarían, según esa entidad), de tal manera que se haga justicia para una u otra parte respecto a los delitos de los que se les acusa.

Uno. La izquierda peruana tiene un serio problema de autoconcepción frente al tema de Venezuela; léase, se autodenominan “demócratas”, pero son incapaces de denunciar a la dictadura de Maduro. Ayer, en el Congreso, aprovecharon cualquier treta para salir raudos a denunciar a todos, menos a quienes podían (y debían) hacerlo: al régimen dictatorial y corrupto de Nicolás Maduro. Cierto, estas declaraciones del Congreso peruano no serán un “game-changer”, ni mucho menos, pero algo es algo, las declaraciones sirven para sentar posiciones y podrían incentivar a otros parlamentos, y así ir poco a poco haciendo presión internacional. Pero no. Para la izquierda peruana más importante era entramparse en las comas, el pasado o sus propios errores. En fin.

La huelga docente, que hoy cumple 48 días, es un problema muy complejo para el gobierno y para el país. A este problema se suma ahora una huelga médica que, sin la complejidad de la anterior, puede abrir una nueva dinámica de conflictividad social para el gobierno, y los escenarios pueden ser muy negativos en el largo plazo.

La dictadura chavista se la hizo de nuevo a la oposición venezolana e internacional. El apresamiento de Leopoldo López y Antonio Ledezma constituye otra prueba más de que el régimen está fuerte en su avance, actúa de manera estratégica y premeditada, y que no está dispuesto a dejar el poder.

Como sabemos, ayer la sala que preside el juez Sahuanay ha dejado al voto la apelación del ex presidente Humala y la Sra. Nadine ante la orden del juez Concepción Carhuancho (18 meses de prisión preventiva mientras se les investiga por los presuntos delitos de lavado de activos). La defensa de ambos, tanto del ex presidente como de su esposa, además de ser inexacta (o probablemente falsa, que es lo más seguro), ha argumentado “el interés político”.

Hasta diciembre pasado, cuando Estados Unidos hizo público el acuerdo con la empresa Odebrecht (sobre las corruptelas en distintos países), la Fiscalía Anticorrupción no había movido un dedo en el caso Lava Jato. Solo con los documentos emitidos por el órgano de justicia norteamericano y la colaboración eficaz de algunos procesados, se realizó una serie de detenciones preventivas.

Interesantes palabras, reflexiones y propuestas del presidente Kuczynski en su mensaje a la nación. Antes del mensaje, podíamos atrevernos a sugerir algunos hitos de lo que sería la hoja de ruta para el segundo año de gobierno, y con el mensaje tenemos claro cuáles serán los trazos generales de la actual administración. Siempre, por supuesto, son mejorables, y de ahí la oportunidad para brindar algunas sugerencias adicionales.

Transcurrido oficialmente el primer año de la gestión del presidente Pedro P. Kuczynski, habría que decir que, en las circunstancias dadas, el resultado ha sido mixto.

En la mayoría de encuestas, la nota con que la ciudadanía califica al primer año de la gestión del presidente Kuczynski es cercana al 11 sobre 20, como cuando en el colegio decían “pasó con las justas”. Errores tontos en asuntos importantes, una mala política comunicativa, pésima gestión de las relaciones con sus opositores y un velo de ingenuidad (por decir lo menos) frente a la gestión anterior.

Ni el más ferviente admirador de Alberto Fujimori puede negar que los 90 fueron una de las peores (sino la peor) época para nuestras instituciones. Cierto, no venían con grandes brillos, y también es cierto que muchas se reformaron durante dicha década (como el Banco Central, por ejemplo). Pero para finales de 2000 el gobierno fujimorista controlaba casi cada institución importante en el Perú: Poder Judicial, Fuerzas Armadas y policiales, servicios secretos, reguladoras, órganos electorales, Contraloría, Fiscalía, en fin, todo aquello que le permitiría a un gobernante mantenerse en el poder ad-infinitum.

Distintos académicos e intelectuales señalan la precariedad institucional como el gran problema de los países subdesarrollados. Desde el Nobel Douglas North hasta los recientemente afamados Acemoglu y Robinson (quien estuvo por Lima hace un par de años), es casi unánime la opinión a favor de instituciones robustas para garantizar no solo el crecimiento económico, sino un desarrollo político y social adecuado. De ahí la recurrente demanda por hacer reformas institucionales que nos permitan transitar de una sociedad excluyente, clasista y mercantilista a una inclusiva, horizontal y competitiva.

Javier, un lector del diario, me escribe y pregunta si he perdido la fe en este gobierno. Imagino que se refiere a la fe en la lucha contra la corrupción, porque toda la carta se basa en el artículo escrito el domingo (“¿Hay realmente interés?”).

En medio de la batahola de noticias políticas (que no dejan al peruano ni un segundo aburrido, pero cada vez más preocupado), dos buenas noticias han pasado casi inadvertidas: por un lado, se destrabó la Línea 2 del Metro, obra que como sabemos estaba casi parada por las discrepancias entre el Estado peruano y el concesionario (no obstante fue adjudicada hace tan solo 3 años); por otro lado, se destrabó la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, obra paralizada hace 12 años (otra vez, por dejadez o incapacidad del Estado peruano).

El gobierno anterior ha dejado una larga lista de proyectos, obras y gasto público inútil, y encima con olor a corrupción. Esto es innegable: megaproyectos de bajo rendimiento social y sobrevaluados (Talara en casi 5 veces, Gasoducto del Sur en casi 7 veces, la compra de los pasaportes, helicópteros y demás gastos militares, por ejemplo), contratos por servicios entregados a dedo a amigos cercanos (relaciones públicas y prensa, seguros para entidades públicas, construcción de hospitales y demás), un tétrico círculo de confianza militar-policial (Daniel Urresti, Wilfredo Pedraza, Adrián Villafuerte, Iván Vega y muchos otros), operadores cercanos en sectores económicos (como Martín Belaunde, Eleodoro Mayorga y Gustavo Salazar, por ejemplo) y, por supuesto, los amiguísimos en puestos claves del Estado (la partera Cristina Velita, Rocío Calderón y otras que están por hacerse famosas). En fin, que la lista es larga.

Uno. Según cuenta Marcelo Odebrecht, los US$3 millones que les habría dado a Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron a pedido del Partido de los Trabajadores brasileño (PT). Sería el ex presidente Lula quien habría solicitado el apoyo. La plata, ya sabemos, salió de las cuentas estructuradas, fondos no contabilizados e ilegales que usaba la empresa para las coimas. El dinero sería parte de un “fondo” que tenía el PT y Lula con Odebrecht. Es decir, era dinero que Odebrecht tenía para libre disposición del PT; si ellos le decían “dale a X tanto dinero”, la empresa simplemente daba el dinero y descontaba del “fondo”. ¿Para qué Lula le daría US$3 millones a Ollanta Humala? No era para hacer negocios; si eso fuese así, los que hubieran pagado la coima hubiesen sido las empresas. ¿Solo para ayudarlos a llegar al poder? ¿No será que habían otros proyectos, más importantes aún, que ameritaban dicho apoyo? Hay algo que no estamos viendo en esta trama.

Gravísima denuncia realizada por la, ahora, ex presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado Julia Príncipe. En el mejor estilo humalista, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, sostuvo que esta habría renunciado ante la salida de la procuradora Ampuero, cuando en verdad, según la Dra. Príncipe, la habrían separado (léase, despedido) por no aceptar dicha destitución.

Dentro de las muchas razones que ha brindado la coalición mediática de la pareja Humala-Heredia, ninguna tan absurda como la que sostiene el resurgimiento político de ambos gracias a la decisión del juez Concepción Carhuancho de otorgarles, a ambos, prisión preventiva.

En los últimos años, y por distintas razones, hemos aprendido mucho sobre nuestro sistema de justicia (o de injusticia, para ser más exactos). Hablamos de la necesidad de hacer “reformas institucionales”, un concepto tan amplio como gaseoso a estas alturas. Con que hagamos dos o tres cosas puntuales, sería suficiente para esperar cambios en el tiempo.

Una de las más escuchadas formas de defensa de la pareja Humala-Heredia ha sido señalar a otros sospechosos, en particular al ex presidente García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Y el ex presidente Toledo, sobre quien pende un pedido de captura? Por obvias razones, si estos espontáneos defensores del ex presidente Humala tuvieran sangre en la cara, estarían preguntándose cuándo la justicia caerá encima del ex presidente Toledo, cuyo caso tiene todas las pruebas para ponerlos a él y a su esposa (y círculo cercano) varios años en la celda.

Las corruptelas de la pareja Humala-Heredia, como las de cualquier funcionario público, son asquientas y deben ser investigadas y sancionadas. Sí, igual que las del fujimorato, apristas, belaundistas, toledistas y todos aquellos que ya conocemos. Unos robaron más, otros robaron menos; unos robaron, otros dejaron robar. Da lo mismo un sol que cien millones.

La semana pasada, en “Anatomía del antifujimorismo”, sostuve que el “fujimorismo no conoce y no entiende al antifujimorismo”, creyendo que el mismo era solo un grupo de rojetes y caviares que no deben preocupar a nadie. Esto, por supuesto, es un error, y uno que les cuesta muy caro. El antifujimorismo ha sido muy exitoso en lo que más le interesa: impedir que el fujimorismo llegue, de nuevo, al poder.

La defensa mediática y legal del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, la Sra. Nadine Heredia, o bien se encuentra confundida, o bien busca confundir a los peruanos. Algunos ejemplos de sus dislates.

No faltaba nada. Tenía los testimonios de los corruptores, ambos citando monto y procedencia del dinero ilícito, las referencias de la entrega, los registros de las cuentas (¡a nombre de las hijas!), los registros de puño y letra en las agendas (las negadas y vapuleadas agendas), el modus operandi del lavado (los aportantes fantasmas), las declaraciones de los aportantes fantasmas (¡usaron a familiares!), el evidente desbalance patrimonial… todo.

Según fuentes de ambos partidos, la cumbre del presidente Kuczynski y la Sra. Fujimori fue cordial, franca y sincera, y se trataron diversos temas de interés nacional, sobre todo, según lo trascendido, tres: la corrupción y su impacto en la economía y la salud moral del país, la reconstrucción del norte, y la desaceleración económica.

Como era de esperarse, ayer el fiscal Germán Juárez (Fiscalía de Lavado de Activos) solicitó la prisión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, la Sra. Nadine Heredia. Y como era de esperarse, no tardaron los nadinistas en salir a desinformar y deslegitimar las acciones de dicha fiscalía.

Hoy, como sabemos, se reúnen en Palacio el mandatario Pedro P. Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La cita se produce a pesar de que la iniciativa fue vista, por algunos, como una “presión” del fujimorismo y que la respuesta no cayó bien en distintos sectores. En todo caso, y salvo por una razón extraordinaria, se reunirán hoy ambos líderes y la pregunta clave es: ¿qué esperar del cónclave?

Uno. La narrativa del gobierno y del antifujimorismo sostiene que el comportamiento confrontacional y abusivo del fujimorismo le pasará factura, perdiendo con ello posibilidades electorales futuras. No es, sin embargo, lo que dicen las encuestas: Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, se mantiene en su rango histórico, hoy con 39%. Cierto, encuentra un fuerte rechazo en el sur (y moderado en Lima y entre los jóvenes), pero en el agregado la confrontación parece no pasarle la factura como pensaban sus detractores (o, al menos, no una factura tan onerosa).

Ante la posibilidad de un indulto al ex presidente Alberto Fujimori, el viernes se realizó una marcha contra la misma por el Centro de Lima. La movilización se organizó en pocos días, para realizarse un viernes en la noche, y logró captar adeptos y la atención de los medios. Los organizadores, es verdad, no son ajenos a la producción de estas demostraciones, pero mientras para los organizadores y sus seguidores la marcha fue multitudinaria, para los fujimoristas no fue más que unos cuantos rojetes, nada de lo que habría que preocuparse.

Según la última encuesta de Datum, publicada ayer en Perú21, la popularidad del presidente Kuczynski cayó en el último mes 7 puntos, del 45% de Junio al 38% actual. Esta caída sitúa al mandatario a 3 puntos de su mínimo histórico en marzo. Como recordamos, la caída del 65% en setiembre al 35% de marzo estaba atada a desaciertos del ejecutivo más que a razones atribuibles a la oposición. Los desastres naturales de marzo y abril aunaron a los peruanos detrás del gobierno, llevando la popularidad del mandatario al 45%, en el que se mantuvo en un margen mínimo hasta junio.

La remoción del contralor Edgar Alarcón abre el espacio para que el Ejecutivo –quien propone– y el Legislativo –quien designa– aporten a la institucionalidad, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y sentar los estándares que un país desarrollado exige (no digo que seamos desarrollados, pero podríamos ir apostando por ciertos rasgos y patrones de los mismos).

Dos aspectos puntuales de la carta de respuesta cursada por el presidente Kuczynski a la lideresa de Fuerza Popular han llamado la atención a más uno. Primero, la negativa a recibir como tercer invitado al líder histórico del PPC Luis Bedoya Reyes; segundo, la pretensión de llevar los temas tratados al Acuerdo Nacional.

Todo peruano que ponga al país por encima de las ambiciones o rencillas personales debería estar esperanzado con la cumbre Pedro P. Kuczynski-Keiko Fujimori. Si de encontrarle tres pies al gato se trata, hay madera para cortar en ambos lados; y claro, no han faltado quienes señalen los mensajes escondidos en las cartas, la menudencia en lo que hasta hace poco parecía improbable.

Frente a lo que muchos analistas pronosticábamos (que un diálogo entre el oficialismo y el fujimorismo o no se produciría o serviría de poco), ayer la Sra. Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular, formuló un pedido de diálogo al presidente Pedro P. Kuczynski. La solicitud enmarca dos temas a tratar, la reconstrucción y la lucha contra la corrupción, temas que –como sabemos– se encuentran al tope de las preocupaciones ciudadanas (junto a la inseguridad y sensación de parálisis económica). Cierto, dicha iniciativa se esperaba del gobierno, no de la oposición. Todo apunta, para aquellos que disfrutan de las teorías conspirativas, a que no fue una solicitud “acordada”: ayer por la mañana, pocas horas antes de hacerse pública la solicitud, el mandatario se quejaba públicamente de los “escandaletes de quinta” que, en su opinión, distraen a los peruanos. ¿A qué se refería?

Uno. El día de hoy, si nada extraordinario o nauseabundo se presenta, será removido de su cargo el contralor Edgar Alarcón. La verdad es que, a estas alturas, ya no interesa cuántos carros compró, su título o los audios; es su presencia y actuación la que se ha vuelto intolerable, y no para el gobierno sino para los peruanos. Sí, es cierto, desde los inicios de este gobierno se puso al frente de distintas investigaciones y auditorías sobre grandes proyectos de inversión pública (y pública privada); pero después de ver las derivadas, sus informes y su proceder, pues pareciera que no era amor al chancho, sino al chicharrón. Esperemos que el Congreso actúe y confirme el acuerdo por unanimidad del grupo de trabajo encargado.

Ayer, en “La ilusión del diálogo” (El Comercio), Fernando Rospigliosi sostiene que es improbable que una conversación entre el presidente Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, resuelva el problema de la crispación y los enfrentamientos entre oficialismo y oposición. Por varias razones, dice, no tiene sentido pedir el diálogo y más bien se debería apelar o por intensificar el enfrentamiento que “amenace su fuente de poder (el Congreso)”, o por una negociación que parta por el indulto del ex presidente Alberto Fujimori y obligue a la oposición a conciliar en algunos puntos de la agenda oficialista.

Christian es bajo, muy delgado, usa gorro hasta en verano, músico multiinstrumentalista, apasionado de la lectura y padre de una pequeña. Ah, verdad, me olvidaba, Christian también es bombero. Por eso no me sorprende cuando llama a preguntar si puede salir a una emergencia. ¡Por supuesto! Y entonces sale corriendo, con la mirada concentrada, sin perder el tiempo. Christian trabaja en Perú21; de hecho, es una de las piezas claves en la producción de distintos informes y proyectos editoriales. Siempre le agradecemos por ellos; nunca, sin embargo, cuando aparece en la oficina después de una emergencia.

Alguien ha desatado una clara maniobra de desestabilización, no solo contra el gobierno sino contra nuestro frágil sistema democrático. Si lo hace con pleno entendimiento de las consecuencias o como producto de la desesperación, no interesa a estas alturas. Lo importante, y sobre lo que debemos como sociedad cerrar filas, es que alguien (sea un individuo o una coalición) busca crear un clima enrarecido, a sabiendas de que nuestra precariedad institucional facilita las escaramuzas.

Ayer, como sabemos, culminó el periodo legislativo 2016-2017 bajo la presidencia de la congresista fujimorista Luz Salgado. Sin duda, ha sido un año accidentado, por decir lo menos. No por la dirección de la Mesa, la cual –hay que decirlo– estuvo a la altura del encargo, sino por la acción frontal contra muchas de las iniciativas del Ejecutivo, así como contra algunos de sus ministros.