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"No se quiere capturar a Belaunde ni Orellana"

“Cuando una persona entra a la clandestinidad, se cuida en el primer mes, pero a partir del segundo comienza a movilizarse. Cinco o seis meses ya es tiempo suficiente y nos lleva a pensar que los están protegiendo”, afirma.

Foto: Luis Gonzales.
Foto: Luis Gonzales.

Autor: Carlos Castillo.
ccastillo@peru21.com

Como ex jefe policial y ex ministro, Octavio Salazar tiene mucho que comentar sobre la inseguridad ciudadana y otros temas de coyuntura.

¿Qué hacer con la delincuencia? ¿Haremos lo mismo que el cambista que abatió a su asaltante? ¿A ese nivel estamos llegando?
La pregunta es muy pertinente. ¿Qué esperamos, que los ciudadanos nos armemos para defendernos de los criminales? Por un lado, el Estado quiere desarmar a los civiles, pero, por otro, tenemos un gobierno que no da garantías de seguridad. Estamos enfrentando a la criminalidad con respuestas improvisadas.

La pregunta es qué hacer…
Lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas que afectan a la Policía. Por ejemplo, hay que ver esa famosa reforma…

¿No le gusta la reforma?
Lo que pasa es que se han creado 16 direcciones ejecutivas y por ahí el ministro Urresti sigue creado nuevas direcciones. Ahora ha señalado que va a crear direcciones para trata de personas, para lavado de activos, para violencia familiar, para protección de obras civiles, entre otras. Esto lo que hace es lateralizar la inteligencia y eso no es bueno. Dicen que en poco tiempo llegaremos a las 50 direcciones ejecutivas. Yo le cambio esas 50 por tres o cuatro que sean efectivas.

¿El sicariato es solo un tema de bandas, como dice Urresti?
De ninguna manera. Es un problema serio que tiene que ser enfrentado de manera directa. Se requiere voluntad política para trabajar en el tema del sicariato. Voy a presentar un proyecto para sancionar hasta con cadena perpetua a quienes se dediquen a esta expresión más perversa del crimen.

¿Cree que no hay coordinación entre las instituciones frente a estos problemas?
Le pongo un ejemplo típico para que vea la falta de coordinación entre las instituciones: el INPE registra como población penal, a junio de este año, 70,198 personas, pero el Poder Judicial tiene en su registro de internos procesados y sentenciados a 47,355. Mi pregunta es clara: ¿cuál de las cifras es la que vale, la del INPE o la del Poder Judicial?

De acuerdo con sus conocimientos de ex policía, ¿qué cree que pasó en la casa de López Meneses?
Algo muy valioso se cuidaba en ese lugar.

¿No cree usted en la tesis de la corrupción policial?
De ninguna manera. Yo creo que los policías han sido los chivos expiatorios en todo este tema. Insisto: yo pienso que en esa casa se guardaba algo muy valioso. No sé, me pongo a pensar, a lo mejor oro, dinero, qué sé yo, pero pienso que la prensa independiente y la ciudadanía van a ir colaborando en esto y, en cualquier momento, va a salir a la luz. Lo que no creo es que haya sido un centro de interceptación telefónica. Para ello no se requería tanta parafernalia.

¿Cree que el tema tiene alguna vinculación con Palacio?
Ya hemos visto en las imágenes a un vehículo que era de Palacio, de la seguridad presidencial, junto a los vehículos que resguardaban el lugar. Eso nos puede llevar a pensar que ha habido alguna vinculación. Otro tema que nos llama la atención es cuando sale el gobierno a responder con energía. Si el presidente no tiene nada que ver, entonces tranquilamente le pudo haber respondido a la comisión.

¿Percibe temor en sectores del gobierno por ese caso?
Yo percibo una preocupación en este tema. Si esto no fuese así, (el presidente Humala) los habría atendido (a la comisión) y este caso se habría desinflado.

¿El gobierno ha dilatado y agravado la situación?
Yo creo que sí, con opiniones subidas de tono. Hay un tema importante y es que, en la manifestación que López Meneses ha dado a la Fiscalía y que hemos leído, en ningún momento habla de los cuestionamientos que hace en público al presidente. Hay un doble discurso que nos llama la atención. Por un lado, ante las cámaras dice una cosa, pero, cuando va a la Fiscalía, no dice absolutamente nada sobre que conocía al presidente y a la esposa. Esto nos hace pensar que podría existir una coordinación.

¿Es tan difícil para la Policía capturar a los prófugos Rodolfo Orellana y Martín Belaunde Lossio?
Esta es una crónica que se viene dilatando y la verdad es que no se les quiere capturar.

¿Cree que hay protección para Orellana y Belaunde?
No podría especular, pero esas personas ya llevan entre cinco y seis meses en la clandestinidad. Definitivamente es demasiado tiempo. La experiencia nos indica que las personas que afrontan una denuncia y pasan a la clandestinidad se cuidan de todo en el primer mes, pero en el segundo ya comienzan a movilizarse de un lugar a otro. Ya tenemos más de cinco meses. Entonces, considero que debe haber alguna forma en que se les está protegiendo.

Le cambio la pregunta. ¿Si hubiera la voluntad de capturarlos, estarían detenidos?
Ah, pero por supuesto.

¿Qué le parece ese violento desalojo en Cajamarca con el saldo de un muerto?
Primero, debe haber una investigación y sanciones, pero la reflexión debe ir más allá. Voy a presentar un proyecto de ley para sancionar la contratación de matones en los desalojos.

AUTOFICHA

- “Soy general de la Policía en situación de retiro. Egresé el 1 de enero de 1977 de la Escuela de Oficiales de la Guardia Republicana. He ejercido la Dirección General de la Policía, en 2008, y luego el cargo de ministro del Interior en el segundo gobierno aprista”.

- “En 2011 postulé a una curul parlamentaria por Fuerza 2011 como representante de La Libertad. Fui elegido como congresista con 86,109 votos. Hoy soy considerado uno de los legisladores que más proyectos de ley ha presentado”.

- “Creo que el ministro Daniel Urresti tiene mucha voluntad, pero el voluntarismo sin conocimiento te lleva a cometer errores y exabruptos. Creo que se ha excedido en el maltrato al personal innecesariamente. Se le distrae a la Policía en tareas municipales”.


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