“No actuamos en función de lo que le guste al presidente

No permite intromisiones. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, desestimó el pedido del jefe de Estado, Ollanta Humala, para que ese colegiado se inhiba de dictar fallos sobre “temas sensibles”, como el caso de los bonos de la reforma agraria.

Fuentes de esa institución informaron a Perú21 que el tema de los bonos de la reforma agraria sería el primer punto de la agenda de hoy. A ello se deberían las presiones del Poder Ejecutivo.

Urviola le recordó al gobernante que dicho tribunal está obligado a administrar justicia y ejercer el control de la constitucionalidad, y que “esta función no puede ser interrumpida por ninguna circunstancia”.

En una conferencia de prensa, el presidente del TC manifestó su disconformidad con el pedido de Ollanta Humala e indicó que este es “producto de un exceso de celo”.

Urviola refirió que, por más que el Congreso esté en proceso de selección de nuevos magistrados, ello no impide que los actuales miembros –varios con mandato vencido– sigan ejerciendo sus funciones como administradores de justicia.

“Yo no sé quién pueda definir qué son temas sensibles. Son sensibles también los referidos a una pensión de jubilación, los pedidos de reposición de trabajadores despedidos, y también lo son los pedidos de
libertad de los encarcelados que tienen una detención que consideran injusta”, enfatizó.

Consultado sobre si el pedido de Humala obedecería a que en el tema de los bonos agrarios –mencionado por el mandatario en la entrevista a
RPP, el pasado martes– el criterio del TC sería opuesto a sus expectativas, Urviola respondió: “No actuamos en función de los gustos del presidente”.

Asimismo, confirmó las visitas del asesor presidencial Eduardo Roy Gates a magistrados del TC para ver este tema, señalando que ello demostraría “el interés” de Palacio.

Respecto al mecanismo de elección de magistrados, Urviola opinó que sería conveniente retornar al sistema de concurso sobre propuestas que sugieran organizaciones profesionales, académicas o sociales.

Advirtió que el mecanismo de invitación –aplicado en el actual proceso– es un “callejón oscuro” para los convocados.

CARGAMONTÓN
Las expresiones de Urviola motivaron la reacción del Poder Ejecutivo y hasta del presidente del Congreso, Víctor Isla.

El Parlamento emitió un sorpresivo comunicado que recoge las declaraciones de Isla en las que solicita que se modifique el fallo a favor del pago de la deuda agraria y que en las nuevas deliberaciones se inhiban aquellos magistrados que se hayan desempeñado como funcionarios o apoderados de alguna entidad financiera tenedora de bonos de la reforma agraria.

Isla declaró que tuvo conocimiento de que Urviola ha sido funcionario del Banco de Crédito y apoderado de la misma entidad. Por eso, “de alguna manera podría no ser imparcial en el fallo que se emita”.

El presidente del TC rechazó que tenga algún impedimento por el hecho de haber trabajado en esa entidad. “Los magistrados del TC no somos sujetos a recusaciones. Además, no tengo ninguna vinculación con el BCP”, subrayó.

En tanto, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, señaló que en este caso no se había notificado a las partes, entre ellas el Parlamento y el Ministerio de Economía, ni se tenía precisiones de a cuánto ascendía el monto de la deuda por pagar.

Urviola replicó al ministro y lamentó que este no conozca sobre la materia a pesar de haber sido asesor del TC, y dijo que está “desinformando” al presidente Humala.

Advirtió que si el titular de Justicia no le informa correctamente al mandatario sobre asuntos de su competencia, “se está poniendo en peligro la vida democrática”. Por la noche, ATV + informó que Urviola y el premier se habían reunido para limar asperezas.

DATOS

- El caso de los bonos de la reforma agraria se inició en 1996 con la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Ingenieros del Perú contra los artículos 1° y 2° y la Primera Disposición Final de la Ley N° 26597 y el artículo 1° de la Ley N° 26599.

- El proceso concluyó el 15 de marzo de 2001, declarando fundada la demanda. Queda pendiente un pedido de ejecución del fallo donde no intervienen las partes, según el titular del Tribunal Constitucional.

- El economista Pablo Secada recordó que en 2009 se calculó la deuda agraria en US$4,500 millones.