Solo medias verdades es lo que hasta ahora ha dado a conocer el Gobierno respecto del Decreto Legislativo Nº 1146, que en la práctica restablece el abolido servicio militar obligatorio y obliga a pagar una multa de S/.1,850 a quienes resulten seleccionados en un sorteo de reclutamiento y no deseen incorporarse al servicio militar.
En medio de la polémica desatada por esta controvertida norma, representantes del Ejecutivo cayeron en graves contradicciones sobre las labores que realizarán los jóvenes que presten el servicio militar, a tal punto que la oposición anunció la interpelación al ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido.
Es que fue precisamente uno de sus colaboradores, el viceministro de Políticas para la Defensa, Mario Sánchez de Bernardi, quien reveló –en declaraciones a Radioprogramas– que “algunos” de los jóvenes reclutados serán “enviados al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) tras un proceso de instrucción y entrenamiento” de apenas seis meses, tiempo que, por su “experiencia” –dijo–, es más que suficiente.
Al preguntársele si esta situación no pondría en riesgo la vida de los jóvenes, Sánchez respondió: “Claro que sí, no le voy a decir que no, y corre riesgo (tanto) la vida del general como la del último soldado”.
¿QUIÉN MIENTE?
Sin embargo, el propio presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, había asegurado antes que “a la zona del VRAEM siempre van personas con mayor capacidad, formación y experiencia”, por lo que desestimó el envío de los jóvenes reclutados en el servicio militar.
“Nosotros tenemos que proteger a nuestros jóvenes. No se trata de hacer servicio militar en el VRAEM, esa no es la idea; hay muchísimos cuarteles en el Perú para hacer este servicio”, manifestó.
INTERPELACIÓN
La contraposición de ambas versiones cayó mal en la oposición. Inmediatamente, la bancada de Fuerza Popular empezó a recolectar firmas para interpelar al ministro Cateriano, encontrando en el camino el respaldo de Alianza Por el Gran Cambio y de Concertación Parlamentaria.
El legislador fujimorista Juan José Díaz Dios cuestionó la pretensión del Gobierno de enviar a jóvenes inexpertos “como carne de cañón” a una zona muy riesgosa, como la del VRAEM, y sin la preparación ni los equipos pertinentes para enfrentar al enemigo.
Tras criticar el “empecinamiento” del Ejecutivo en implementar el controvertido Decreto Legislativo Nº 1146, no descartó la posibilidad de una censura a Cateriano.
La congresista Lourdes Alcorta (Alianza Por el Gran Cambio), por su parte, lamentó la falta de criterio del Ejecutivo para estimular el interés de más jóvenes en las Fuerzas Armadas.
“¿Por qué convierten una cosa que puede ser estimulante y atractiva en una cosa de obligación? El premier dice una cosa y el viceministro otra, no tienen las cosas claras, no dialogan, hacen las cosas sin pensar. ¿Por qué hacen las cosas tan mal cuando pueden hacerlas bien?”, fustigó.
El expremier y congresista por el Apra, Javier Velásquez Quesquén, en tanto, lamentó que el Gobierno haya restablecido, en la práctica, la obligatoriedad en la prestación del servicio militar a través de un decreto legislativo al que calificó como “discriminatorio”.
“Si es cierto que no cumplen las metas, ¿por qué no mejorar entonces los estímulos no solo en materia económica, sino también a nivel de capacitación tecnológica? Ahora dicen que los enviarán al VRAEM como ocurrió en la ‘Operación Libertad’, en donde participaron soldados de menor rango sin capacitación y que ni siquiera fueron informados a dónde iban. Los enviaron como carne de cañón, cuando se sabe que a esa zona debe ir personal calificado. Lo que ha hecho el Gobierno ahora no es más que otra medida desesperada para demostrar algo de lo nada que se ha hecho”, subrayó.
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