FABIOLA VALLE
fvalle@peru21.com
Los amedrentamientos a los magistrados que investigan las irregularidades durante la gestión del hoy detenido ex presidente regional César Álvarez siguen convirtiendo a Áncash en tierra de nadie.
Esta vez, el fiscal Marco Huamán, a cargo del caso ‘La Centralita’, denunció que tanto él como su personal, encargado de investigar las irregularidades que se suscitaron en el local donde se realizaban presuntos actos ilícitos a favor de Álvarez, ahora son víctimas de reglaje.
“Nuestro centro de operaciones es en Chimbote (Áncash), donde estaba enquistaba la mafia. Hemos detectado que, desde hace unas semanas, nos están haciendo seguimiento. El entorno de Álvarez nos ha identificado. No hay que olvidarnos de que estamos investigando a una organización criminal”, afirmó en diálogo con Perú21.
NO LES DAN SEGURIDAD
Al respecto, Huamán explicó que, pese a que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, envió el último 4 de agosto un oficio reiterativo al ministro del Interior, Daniel Urresti, para que les asigne seguridad a los magistrados a cargo del caso ‘La Centralita’, no han tenido respuesta alguna.
“Desde junio estamos pidiendo que nos den seguridad para poder trabajar más tranquilos, pero aún no hay respuesta. Tememos por nuestras vidas y por la de nuestras familias. Por si fuera poco, también nos están ‘chuponeando’. Las amenazas ya no pueden ser más directas porque los delincuentes saben que sus teléfonos están siendo intervenidos”, señaló.
RED SIGUE CRECIENDO
El magistrado anunció que, en los próximos días, seis personas más se sumarán a la lista de investigados en este sonado caso.
“Algunos de ellos pertenecen al sector público. La organización criminal sigue operando. Los integrantes de la red están dedicados a mover todo su aparato legal para liberar al ex presidente regional de Áncash”, explicó.
Agregó que Milagros Asián, esposa de Álvarez, quien tiene una prisión preventiva de 18 meses, es una pieza clave en la organización.
“Ella manejaba todo el aparato social de la red a través del comité de damas y otros eventos sociales. Participaba en las decisiones de la organización y se encargaba de contabilizar el dinero que ingresaba producto de las acciones ilícitas que cometían sus integrantes en los diversos rubros como los cupos de construcción civil”, refirió.
Ella es acusada del presunto delito de lavado de activos y habría utilizado, según la Procuraduría Anticorrupción, dinero ilícito transferido por la red criminal.
Por otro lado, el procurador anticorrupción, Christian Salas, instó a la Sala Penal Nacional a que emita una orden de captura internacional contra, al menos, 39 prófugos de la justicia por el caso ‘La Centralita’.
“La orden de captura se dictó en mayo y en este caso tenemos más de 39 prófugos. Lo que corresponde ahora es que el Poder Judicial emita la orden de captura internacional. Entre los no habidos figura la esposa de César Álvarez”, señaló a Radio Nacional.
Hay 61 carpetas del caso ‘La Centralita’, según el fiscal Gustavo Quiroz.
El congresista Heriberto Benítez presentó una queja contra el fiscal Laureano Añanca por haber solicitado que le levanten su inmunidad parlamentaria.
Benítez pidió Ramos Heredia que abra un proceso disciplinario contra el magistrado ancashino porque considera que se vulneraron sus derechos.
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