Es hora de pagar

Aunque hace poco se le vio feliz de la vida, disfrutando del sol en un conocido balneario de Ica, el futuro podría ser bastante negro para Guillermo Alarcón, expresidente de Alianza Lima, quien afronta un juicio por los delitos contra el patrimonio (fraude en la administración de personas jurídicas) y contra la fe pública (falsedad ideológica) en agravio de Alianza Lima, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y los socios ‘grones’ Oswaldo Carpio y Andrés Pujazón.

El fiscal Julio Gutiérrez, titular de la 36° Fiscalía Provincial Penal, ha pedido cinco años de cárcel para Alarcón y el pago de una reparación civil de 20 mil soles para cada uno de los agraviados. Según la investigación, ‘Pocho’ manejó las cuentas de Alianza a título personal junto con los extesoreros Carlos Gallardo y Augusto Donayre –para quienes se pidió cuatro años de cárcel y una reparación civil similar–. La Asamblea y el Consejo Directivo no sabían de estos manejos. Encima, ocultaron a los socios la situación financiera del club, falseando los balances del 2008 y 2009.

‘Pocho’ también fue acusado, junto al exdirectivo Renzo Chiri (para el que se pidió cuatro años de prisión), del presunto delito de falsedad ideológica. El cuestionado expresidente íntimo presentó, ante Registros Públicos, un acta fraudulenta de la Asamblea Extraordinaria realizada la noche del 3 de noviembre de 2009, en la que destituyó a los dirigentes que ese mismo día lo habían vacado por orden de la Junta de Disciplina del Club.

‘Pocho’ afirmó que dicha asamblea se llevó a cabo con 286 socios, pese a que varios asistentes indicaron que en la misma no había más de 60.

El acta fraguada se presentó con firmas de socios que nunca se presentaron en la asamblea. Incluso, varios de ellos no estuvieron en el país.

SABÍA QUE

- El fiscal Gutiérrez ya envió la acusación a la jueza Judith Villavicencio, del 36° Juzgado Penal de Lima, quien decidirá el destino de Alarcón.

- Alarcón tiene otro juicio abierto por delito contra la fe pública y contra la administración pública.