Responsabilidades penales en informe final sobre Forsur

Patricia Quispe
pquispe@peru21.com

Luego de un año de trabajo, la comisión que investigó la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que, el 15 de agosto de 2007, azotó las ciudades de Ica, Huancavelica y Lima, presentó su informe final, en el que recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Economía del gobierno aprista Luis Carranza por no haber transferido al Indeci los 120 millones 12 mil soles que se requerían para la reconstrucción de viviendas para los damnificados.

El grupo de trabajo –presidido por Rogelio Canches– propone, además, denunciar penalmente al exjefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci), general EP ® Luis Felipe Palomino Rodríguez; al exjefe de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) Carlos Pando Sánchez, a siete exalcaldes distritales de Cañete, Chincha e Ica y a 403 personas que “simulando ser damnificados cobraron la ayuda humanitaria”, entre otros.

APOYO ECONÓMICO
En el informe, al que tuvo acceso Perú21, se establece también que, con el propósito de atender a las víctimas del devastador terremoto, el Perú recibió nada menos que 214 millones 147 mil 434 soles por concepto de donaciones nacionales y de gobiernos y organismos internacionales.

Pese al volumen de las aportaciones, la APCI, dice el informe, “no efectuó la fiscalización y/o evaluación de los proyectos de inversión” argumentando que “no estaba en su programación”. Agrega que las ONG recibieron donativos del exterior por un total de US$9’016,658. Parte de estos fondos, sin embargo, no habrían sido utilizados para los fines previstos, por lo que las ONG infractoras “estarían incursas en el delito de defraudación de renta de aduanas”.

El informe, pendiente aún de aprobación por el Pleno, recomienda también que el Poder Ejecutivo cumpla con pagarles a los 39,165 damnificados que no cobraron oportunamente la ayuda económica por un monto de 234 millones 990 mil soles.

SABÍA QUE

- Según el informe, el exjefe del Indeci, Luis Palomino, habría cometido delito de peculado “al apropiarse de 1,336 toneladas de donaciones”.

- La comisión solicitará al Pleno una ampliación de 30 días para elaborar sus conclusiones con respecto de las obras realizadas por el Forsur.