MADRID (AFP).– Un juez español imputó a la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, por presuntos fraude fiscal y blanqueo, abriendo un año sombrío para una Corona debilitada por los escándalos y los problemas de salud del monarca.
Es la primera vez que un miembro directo de la familia real se ve implicado en la investigación por corrupción que pesa desde 2011 sobre Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta.
Urdangarin, de 45 años, excampeón olímpico de balonmano convertido en hombre de negocios, es sospechoso junto a su exsocio Diego Torres de malversar 6.1 millones de euros de fondos públicos mediante el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro que presidió de 2004 a 2006 y en cuya junta directiva participaba la infanta.
Cristina, de 48 años, es también copropietaria, junto a Urdangarin, de la empresa Aizóon, sospechosa de haber servido de pantalla.
Desoyendo la oposición de la fiscalía, el juez José Castro de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, que instruye el caso Nóos desde 2010, la imputó por “supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales” y la convocó a declarar el 8 de marzo.
Tras la noticia, la Casa del Rey se limitó a expresar su “respeto de las decisiones judiciales”, mientras que el abogado de la Infanta, Miquel Roca, aseguró que Cristina recurrirá.
Los delitos imputados a la hija menor del rey supondrían 11 años de cárcel: 6 por blanqueo y 5 por fraude fiscal.
TENGA EN CUENTA
- Un sondeo de la firma Sigma Dos mostró que más del 83% de los españoles cree que la familia real ha manejado erróneamente el caso Urdangarin y un 62% quiere que el rey Juan Carlos abdique.
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