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España: Corte confirma imputación de infanta Cristina por 2 delitos fiscales

Audiencia de Palma de Mallorca archivó la imputación por lavado de dinero contra hermana del rey Felipe VI.

Hay indicios de que Cristina dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon. (AP)
Hay indicios de que Cristina dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon. (AP)

Una corte española confirmó este viernes la imputación de Cristina de Borbón, por cooperación en dos delitos contra la Hacienda Pública, mientras que archivó la imputación por lavado de dinero, informó el Tribunal Superior de Justicia de las islas Baleares.

El Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, compuesto por seis magistrados, añadió el delito de lavado de dinero a las imputaciones contra el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin.

“No existe dato ninguno que apunte a que Cristina estuviera al corriente de las irregularidades tributarias de su marido”, sostuvo la corte.

Tras una extensa investigación que duró cuatro años y que finalizó el junio, el juez José Castro concluyó que existen “sobrados indicios” de que Cristina, de 49 años, dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que poseía al 50% con su marido.

Castro catalogó a Aizoon como una sociedad pantalla sin apenas actividad y carente de personal efectivo, creada con el propósito deliberado de servir de cauce para el reparto de los beneficios obtenidos por la organización sin fines de lucro Nóos, fundada por Urdangarin.

“Su participación (en el delito fiscal) solo pudo haber sido a título de cooperador, pero hay que tener en cuenta que Cristina no tuvo intervención en el entramado societario, ni era administradora de hecho ni socia de control, ya que no participaba en la gestión”, señaló la Audiencia.

Urdangarin está acusado de usar sus conexiones para obtener contactos para realizar eventos a través de Nóos, desviando presuntamente millones de euros de fondos públicos, sobre todo en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

La decisión no aclara si la infanta se sentará finalmente en el banquillo cuando empiece el juicio oral por este caso, al existir jurisprudencia al respecto que evitó que otros imputados por este delito sean juzgados.


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