Mientras que el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, anunció ayer que se “revisará” el alza –de hasta 1,200%– de los certificados policiales, Perú21 obtuvo información de que otros trámites –como la expedición del pasaporte– también se han incrementado.
Lo curioso es que del D.S. 003-2012-IN, que modificó el TUPA de la Policía (con nuevos costos de certificados), lleva la firma del propio Pedraza.
Tras la publicación de este diario sobre las nuevas tarifas, el titular del sector Interior negó que la medida –que afecta la economía de los ciudadanos– busque financiar a la Policía. Indicó que está dispuesto a acudir al Congreso.
“Las tasas (policiales) tienen relación entre el costo de administración y su emisión. Si se han hecho mal las proyecciones, vamos a hacer las reducciones de inmediato”, dijo.
Aseguró que las mismas serán revisadas. Así, los trámites que subieron son: antecedentes policiales, de S/.7.2 a S/.28.5; denuncia policial, de S/.3.6 a S/.13, y mudanza, de S/.3.6 a S/.40. Estos conceptos se elevaron en 400%, 360% y 1,200%, respectivamente.
Ayer se supo que también se elevó el costo del gravamen vehicular, de S/.3.6 a S/.44.7 (1,200%), así como la autorización para lunas polarizadas, de S/.21.35 a S/.163.4 (765%).
También aumentó la expedición del pasaporte, de S/.37.5 a S/.39.3, mientras que el duplicado de carné de extranjería pasó de S/.35 a S/.49.
NO TIENE SUSTENTO
Al respecto, Crisólogo Cáceres, director de Aspec, afirmó que es un incremento “abusivo”.
“Una tasa se basa en fundamentos técnicos y económicos. Hasta donde sé, no han subido el papel ni la gasolina. Como el MEF no quiere darle dinero, la Policía hace su ‘caja chica’ con los usuarios”, lamentó Cáceres.
DATOS
- El Ministerio del Interior también modificó el TUPA de la Dirección de Migraciones (Digemin), Dirección de Gobierno Interior, Dicscamec, entre otras.
- Pedraza y el director de la PNP, Raúl Salazar, serán citados al Congreso por el legislador Yonhy Lescano.
- Crisólogo Cáceres señaló que Aspec iniciará acciones legales. Refirió que el Estado no puede afectar a los usuarios y lucrar con los servicios públicos.
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