La labor parlamentaria en el Perú es generalmente mal vista por la opinión pública y los cuestionamientos, cada cierto tiempo, se concentran en las remuneraciones que se les paga a los ‘padres de la patria’.
Cuando el entonces presidente Alejandro Toledo decidió fijarse un sueldo de 18 mil dólares, los parlamentarios no quisieron quedarse atrás y se fijaron ingresos de US$10 mil dólares, aproximadamente. Con los descuentos de ley quedaban S/.10,500 de sueldo y percibían además S/. 15,000 por concepto de gastos operativos.
De este último monto, solo rendían cuenta por el 30%, y para el restante 70%, bastaba una declaración jurada.
En agosto de 2006, la gestión de Mercedes Cabanillas dispuso una política de austeridad y redujo los gastos de representación de S/.15,000 a la mitad, pero fijando que se sustentara con facturas el 90%, dejando el 10% para una declaración jurada.
Al año siguiente, con Luis Gonzales Posada se volvió a la fórmula anterior de sustentar solo el 30% y presentar una declaración jurada por el restante 70%.
Sin embargo, a raíz del escándalo del ‘Comepollo’, la gestión de Velásquez Quesquén decidió eliminar la figura de los gastos operativos y se incorpora S/.7,500 como asignación a la función congresal. El monto no está sujeto a rendición de cuentas.
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