Los ‘anticuchos’ de los nuevos funcionarios que eligió el Congreso

Pese a la evidente ‘repartija’ orquestada en el Congreso para la elección de funcionarios, como lo confirmaron audios publicados por Perú21, el Pleno eligió a los candidatos que se negociaron bajo la mesa para el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Aquí un resumen de los peligrosos antecedentes de las cuestionadas personas que ocuparán cargos claves para la correcta marcha de la democracia en el Perú.

CASO FREITAS
A los nueve cuestionamientos que tiene la candidatura de la abogada Pilar Freitas a la Defensoría del Pueblo se suma otra referida a que percibe el 2% de la renta anual que producen los bienes de la Fundación Canevaro y que hasta viajó con su hija a China con todo pagado por esta institución.

Asimismo, se sabe que no tiene una sentencia confirmada –como ella declaró– por su destitución en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), en 2007.

El 12 de abril último, casi seis años después de haber presentado su demanda, esta fue declarada fundada. Sin embargo, el fallo ha sido apelado y está por ser elevado a la Primera Sala Laboral de Lima. En consecuencia, en este proceso aún no existe sentencia ejecutoriada a favor de Freitas.

Otro de los graves antecedentes en su contra es que, en febrero de 1999, la entonces procuradora Pilar Freitas solicitó al Poder Judicial que dictara sentencia condenatoria a Baruch Ivcher; su esposa, Noemy Even, y su hija Michal Ivcher.

CASO SOUSA
En el caso del Tribunal Constitucional (TC), Rolando Sousa es el más criticado para integrarlo. Su estudio –en sociedad con César Nakazaki, abogado del expresidente Alberto Fujimori– defiende a la familia Sánchez Paredes en el proceso por sus supuestos vínculos con el narcotráfico; también a los generales Nicolás Hermosa Ríos y Julio Salazar Monroe, vinculados a millonarios actos de corrupción y violación de derechos humanos.

Igualmente, defendió a Luis Valdés, exalcalde de Coronel Portillo, acusado de ordenar el asesinato del periodista Alberto Rivera.

CASO MAYORGA
Víctor Mayorga, actual embajador en Cuba, fue nombrado juez de Cusco-Madre de Dios por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial que dirigía José Dellepiane y, además, el Tribunal Constitucional falló hasta en tres oportunidades en su contra por su actuación como magistrado en aquella época. Incluso, la Fiscalía del Cusco lo investiga por supuesta falsificación de documentos durante una diligencia judicial.

En general, su actuación pública es muy controvertida dado que, cuando fue legislador, también lo acusaron de obligar a su empleado a plancharle sus camisas.

Y cuando aún era magistrado, obligó a una universidad privada a que lo aceptara en una maestría, pero exigiendo que admitiera el quechua como idioma extranjero, requisito para que le aceptaran ingresar a dicha maestría.

CASO GALINDO
En febrero del año pasado, la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros denunció penalmente a Cayo Galindo, otro candidato de Gana Perú para ocupar una de las plazas de magistrado en el Tribunal Constitucional.

La asociación pesquera lo acusó de haber influido en la entrega ilegal de permisos de pesca cuando era jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial que, en aquel momento, estaba a cargo de José Urquizo, su amigo, actual parlamentario de Gana Perú y uno de los participantes en la ‘repartija’ en el Congreso.

Ante el escándalo y la salida de Urquizo se emitieron dos normas que anularon las resoluciones directorales 105 y 108, que le otorgaron carta libre de pesca de anchoveta y hasta la instalación de una planta a la empresa pesquera Mar SAC. Mediante una acción de amparo, la compañía logró que le restablecieran las licencias. Se advierte que este caso podría llegar al TC.

SABÍA QUE

- Francisco Eguiguren, otro candidato al TC como parte de la ‘cuota’ de Gana Perú, adelantó opinión al decir que la prohibición a la ‘reelección conyugal’ le parece inconstitucional.

- Gonzalo Chávez, vocero de la Fundación Canevaro, negó las últimas acusaciones contra Freitas, y afirmó que “ella es un miembro más, pero no representa ni es la Fundación Canevaro”.

- Además, dijo que esta organización se mantendrá al margen de las denuncias.