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Rolando Sousa

El Parlamento Andino propuso ante la comisión de Constitución del Congreso ampliar sus funciones para poder realizar un trabajo más efectivo.

Arrinconado por la presión mediática y el clamor popular, el Parlamento dejó ayer sin efecto las tres resoluciones que oficializaron la elección de los miembros del Banco Central de Reserva (BCR) y de cuestionados personajes en la Defensoría del Pueblo y en el Tribunal Constitucional (TC).

Luego de reunir las 78 firmas necesarias para convocar a una sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso se reunirá hoy, a partir de las 9 a.m. , para anular las resoluciones legislativas que oficializan la elección de directores del Banco Central de Reserva y de cuestionados personajes en la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

Rolando Sousa presentó su “renuncia irrevocable” a su “derecho de asumir el cargo de magistrado” del Tribunal Constitucional (TC), en una misiva dirigida a ese colegiado y que fue derivada al Congreso de la República.

La Junta de Portavoces del Congreso se reunirá hoy, acordó convocar a una sesión extraordinaria para este miércoles 24 a partir de las 9 de la mañana para anular las designaciones –producto de la ‘repartija’ que reveló Perú21 en unos audios– en la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional (TC) y el Banco Central (BCR).

Carlos Tapia, Opina.21 ctapia@peru21.com

Luego de las protestas de diferentes sectores de la ciudadanía, que empezaron el miércoles último, cinco de los flamantes miembros del Tribunal Constitucional (TC) y la cuestionada defensora del Pueblo pusieron ayer sus cargos a disposición o plantearon declinar a sus nombramientos, los cuales habían sido oficializados por el Congreso el jueves pasado con su publicación en el diario oficial El Peruano.

Mauricio Mulder, Pido la palabra Congresista

Rolando Sousa, otro de los magistrados del Tribunal Constitucional elegidos el último miércoles, declinó asumir el cargo ante la ola de cuestionamientos, y luego de que hicieran lo propio los candidatos del nacionalismo Francisco Eguiguren, Víctor Mayorga y Cayo Galindo.

19/07/13 |

Metió la pata

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Aldo Mariátegui,Ensayos impopulares amariategui@peru21.com

Santiago Pedraglio,Opina.21 spedraglio@peru21.com

Marcha atrás. Ese es el emplazamiento unánime que diversos sectores sociales y políticos al Congreso, tras vergonzosa ‘repartija’ que puso al descubierto Perú21 entre las principales bancadas para cubrir las designar a Pilar Freitas como defensora del Pueblo y a seis miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Cálculo político. En un intento por sintonizar con el descontento de la población, el presidente Ollanta Humala criticó la elección de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, que se gestó a través de una vergonzosa ‘repartija’ entre las principales bancadas del Congreso.

Contra viento y marea, el contubernio y la ‘repartija’ se impusieron en el Parlamento. No se tomaron en cuenta las graves denuncias y los sustentados cuestionamientos a algunos de los candidatos. Menos aún los audios –difundidos por *Perú21*– que confirman el negociado bajo la mesa para la distribución de cupos. Al final, Gana Perú, Fuerza Popular, Perú Posible y Alianza Por el Gran Cambio hicieron prevalecer su superioridad numérica y se distribuyeron las 10 plazas vacantes para la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional (TC) y el Banco Central de Reserva (BCR).

Pese a la evidente ‘repartija’ orquestada en el Congreso para la elección de funcionarios, como lo confirmaron audios publicados por Perú21, el Pleno eligió a los candidatos que se negociaron bajo la mesa para el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

A los nueve cuestionamientos que tiene la candidatura de la abogada Pilar Freitas a la Defensoría del Pueblo se suma otra referida a que percibe el 2% de la renta anual que producen los bienes de la Fundación Canevaro y que hasta viajó con su hija a China con todo pagado por esta institución.

Carlos Basombrío,Opina.21 cbasombrio@peru21.com

En Perú Posible cierran filas en torno a la cuestionada candidatura de Pilar Freitas como defensora del Pueblo, pese al rosario de denuncias que tiene la actual regidora edil toledista que empañan su trayectoria pública.

Los parlamentarios Carmen Omonte de Perú Posible y Rolando Reátegui del fujimorismo rechazaron hoy los duros cuestionamientos a las candidaturas al Tribunal Constitucional (TC) y Defensoría del Pueblo, e indicaron que mantendrán sus propuestas.

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, expresó su rotundo rechazo a que la elección del Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional responda a un criterio de “repartija” de cargos con tintes políticos entre las distintas bancadas del Congreso de la República.

El presidente Ollanta Humala no pasó por alto el tema de los cuestionamientos y la falta de idoneidad de algunos candidatos al Tribunal Constitucional y consideró que las bancadas deberían tener un amplio debate antes de elegir a los magistrados, para así conocer la hoja de vida de los postulantes.

El congresista aprista Mauricio Mulder cuestionó la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional (TC), que ayer se alcanzó con el consenso de los diversos grupos políticos en el Congreso.

Tras una segunda jornada de arduas negociaciones, los integrantes de la comisión evaluadora que propondrán a los nuevos funcionarios del Tribunal Constitucional (TC), del Banco Central de Reserva (BCR) y de la Defensoría del Pueblo alcanzaron ciertos acuerdos, aunque no hubo un consenso total sobre el 100% de los candidatos propuestos.

Tras una segunda jornada de arduas negociaciones, los integrantes de la comisión evaluadora que propondrán a los nuevos funcionarios del Tribunal Constitucional (TC), del Banco Central de Reserva (BCR) y de la Defensoría del Pueblo alcanzaron ciertos acuerdos, aunque no hubo un consenso total sobre el 100% de los candidatos propuestos.

Tras meses de marchas y contramarchas, la comisión evaluadora de candidatos logró algunos consensos para las 10 plazas vacantes en la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva. El oficialismo habría propuesto al actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano; a Francisco Eguiguren y a Cayo Galindo para el TC, mientras que el fujimorismo habría ratificado su respaldo a Rolando Sousa y a Marcos Ibazeta. De todos ellos, solo Cateriano tendría aún resistencia. El otro cupo en el TC sería para Alianza Por el Gran Cambio, que estaría postulando a Domingo García Belaunde. A la Defensoría del Pueblo iría Fausto Alvarado, en representación de Perú Posible.

Faltan menos de 15 días para que concluya la legislatura ampliada, y la elección del defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y del Banco Central de Reserva (BCR) se encuentra eventualmente entrampada. Esto debido a la terca pretensión de Gana Perú de ocupar tres de los seis cupos del TC, los cuales –sumados al que le correspondería a Perú Posible– le darían al oficialismo una mayoría indiscutible en el tribunal.

Faltan menos de 15 días para que concluya la legislatura ampliada, y la elección del defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y del Banco Central de Reserva (BCR) se encuentra eventualmente entrampada. Esto debido a la terca pretensión de Gana Perú de ocupar tres de los seis cupos del TC, los cuales –sumados al que le correspondería a Perú Posible– le darían al oficialismo una mayoría indiscutible en el tribunal.

Contra el reloj. Recién en los primeros días de junio, en vísperas del cierre de la legislatura, se conocería el nombre del aspirante que la comisión evaluadora propondrá al Pleno del Legislativo para el cargo de defensor del Pueblo.

Luis Giampietri volvió a la carga y –además de sus críticas a las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos– planteó el retiro del Estado peruano de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Luis Giampietri volvió a la carga y –además de sus críticas a las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos– planteó el retiro del Estado peruano de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.