08.MAY Miércoles, 2024
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Opinión

Las declaraciones del presidente Ollanta Humala pidiendo que Rolando Sousa (fujimorista elegido para el TC) y Pilar Freitas (de Perú Posible, para la Defensoría del Pueblo) den un paso al costado resultan extemporáneas y son, más bien, un esfuerzo por minimizar los costos que tiene para él, como mandatario, la cuestionada elección.

Santiago Pedraglio,Opina.21
spedraglio@peru21.com

Porque resulta evidente que el presidente ha estado al tanto del acuerdo multipartidario. Tan es así que en una reciente entrevista mostró su conformidad con que el Congreso concluya la discusión: “Yo creo que se puede discutir, se pueden conversar los mecanismos para elegir a todas estas autoridades, pero por ese hecho de discutir no podemos detener esta obra que ya tiene años paralizada” (RPP 9-7-2013).

Nadie ha cuestionado a los elegidos para el BCR, aunque hubiera sido bueno que un profesional como Waldo Mendoza estuviera en el trío. En cuanto a la Defensoría, hay duras críticas contra la designada, Pilar Freitas, pero estas se basan sobre todo en su controversial trayectoria, cuando la crítica más importante a los partidos y a los congresistas debería referirse a su falta de cuidado para con una de las pocas instituciones que aún generan confianza. Debieron protegerla nombrando a una persona sin cuestionamientos y que no deba recurrir a argucias para dejar su cargo anterior.

De los tres organismos, el TC es la fresa de la torta. No es gratuito que el Apra haya puesto el grito en el cielo por la elección, ni que algunos medios consideren que su nueva composición abre el “peligro del chavismo”. Para el propio Gobierno, la preocupación principal ha sido asegurarse una buena posición en el TC.

Esta es la clave de la distribución de los cargos entre los partidos comprometidos. Incluso, la mayoría oficialista ha estado dispuesta a conquistar su posición privilegiada permitiendo el ingreso de Rolando Sousa, cuestionado no esencialmente por fujimorista, sino por ser uno de los principales defensores de los acusados de corrupción y narcotráfico.


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