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Comisión Áncash: Ramos Heredia y José Peláez pasan de testigos a investigados

Mesías Guevara, titular de dicho grupo de trabajo, hizo el anuncio y dijo que ambos serán notificados en los próximos días.

Carlos Ramos Heredia y José Peláez pasan de testigos a investigados en el Congreso por el caso Áncash. (Rafael Cornejo)
Carlos Ramos Heredia y José Peláez pasan de testigos a investigados en el Congreso por el caso Áncash. (Rafael Cornejo)

La comisión especial del Congreso que investiga los casos de corrupción en la región Áncash decidió este miércoles cambiar la situación del actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y de su predecesor José Peláez Bardales, quienes pasarán de testigos a investigados.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Mesías Guevara, indicó que esta medida también alcanza a otros cinco testigos vinculados con el Ministerio Público.

“Se trata de Artemio Bardales Ríos, exgerente de la Oficina de Registros Fiscales; el economista Fernando Lazo Manrique, exgerente general de la Fiscalía de la Nación; Daniel Ramsey Romero, exasesor de la Alta Dirección del despacho de la Fiscalía de la Nación; Hugo Dante Farro Murillo, expresidente de la Junta de Fiscales Superiores del Santa y Marco de la Cruz Espejo, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Áncash”, detalló Guevara.

El legislador de Acción Popular-Frente Amplio indicó que la comisión que preside decidió este martes variar la situación de los testigos ya mencionados en una sesión reservada y que serán citados en los próximos días, de acuerdo con el articulo 88 del reglamento del Congreso.

“Van a ser notificados como tales respetando el debido proceso”, agregó Guevara, quien destacó que su comisión actúa con “absoluta transparencia, imparcialidad y objetividad” y sostuvo que el Ministerio Público es una institución tutelar que “merece mucho respeto”.

Guevara hizo el anuncio junto a sus colegas Enrique Wong (Solidaridad Nacional), Jesús Hurtado (Fuerza Popular) y Juan Pari (Dignidad y Democracia). Este último comentó que la decisión se adoptó por “cuestiones concretas”, como contradicciones entre testimonios y documentos presentados.


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