Áncash: Implicados en crimen de Nolasco tendrían penas entre 8 y 35 años

Tras las órdenes de detención preliminar por homicidio y asociación ilícita para delinquir a los cerca de 30 implicados en el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco –entre ellos el presidente regional de Áncash, César Álvarez y el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas–, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, indicó que por estos delitos corresponden penas de ocho hasta 35 años de cárcel.

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“En lo que se refiere a asociación ilícita para delinquir, la pena puede ser hasta ocho años. En homicidio, va hasta los 35 años de pena privativa de libertad”, dijo.

Para Amoretti, que se haya ordenado la detención de estas personas significa que la investigación está avanzada y que el fiscal ha encontrado responsabilidad penal sobre ellos. “Esto, en una investigación preliminar, se hace con la finalidad de que no se vayan fuera del país o ejerzan presión sobre los testigos”, indicó.

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“Es una orden de detención a nivel nacional y donde los ubiquen serán puestos a disposición del juzgado para que estén en la cárcel durante todo el tiempo que dure el proceso. Para mí, este proceso debe verse en Lima. En esta etapa indagatoria existen precedentes y artículos en el nuevo Código Procesal Penal que permiten, por especial complejidad o la naturaleza del delito, y sobre todo porque no hay ninguna garantía en cuanto a la actuación de medios probatorios, la transferencia de los procesos a Lima.

AÚN FALTA EL CASO DE ‘LA CENTRALITA’
En su análisis de los hechos, el congresista de Perú Posible Modesto Julca señaló que el megaoperativo ocurrido ayer es una muestra de algunos resultados del alcance de la red criminal instaurada desde la misma sede del Gobierno Regional.

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“Hace semanas se venían pidiendo acciones concretas de las instituciones que deben investigar y ver el tema de la corrupción que se conoce en Áncash. (…) Ahora ya se podrán iniciar acciones contra los involucrados que están denunciados ante la Fiscalía, además de ubicar a los responsables del asesinato de Ezequiel Nolasco, ocurrido hace dos meses”, indicó.

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Sin embargo, Julca recordó que aún faltan ver las acciones tomadas por el caso ‘La Centralita’, “que venimos denunciando hace dos años, donde hay indicios de la existencia de un ‘SIN’ en Áncash.”

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“Sobre dicho caso hay evidencia de que habría existido este centro de operaciones, donde incluso está involucrado un congresista. Por eso es evidente que el accionar de Heriberto Benítez está en la línea de defender al presidente regional César Álvarez e intervenir en las investigaciones en el Congreso. Un modus operandi de la red criminal”, aseguró.

SE HABLA DE UNA RED DE ‘COMANDO’
Por su parte, Mesías Guevara, presidente de la comisión que investiga en el Congreso los sucesos ocurridos en Áncash, indicó que vienen recibiendo testimonios muy dramáticos de lo que ocurre en la región.

“En las provincias del Santa y Huaraz hablan de alcaldes, consejeros y hasta periodistas ‘comandos’, así como de fiscales ‘archivadores’, de testaferros y de empresarios inmersos en este tema. Pero trabajamos la información con absoluta reserva por lo delicado del tema”, indicó.

Asimismo, sostuvo que han solicitado tanto al OSCE como al gobierno regional los nombres de todas las empresas proveedoras con sus respectivos accionistas para futuras citaciones a la comisión.

“Los indicios hacen prever que existe una red criminal en Áncash, pero aún hay información documentada que tenemos que validar como corresponde. La Contraloría nos ha remitido siete cajas con bastante información. Además, tendemos los puentes de comunicación a tal punto que el próximo 23 de mayo sesionaremos en Áncash”, dijo.

“Desde el año 2007 hasta la fecha, se han otorgado aproximadamente 4 mil millones de soles provenientes del canon, de los cuales 3,500 millones están orientados a gastos y la diferencia no se sabe. Nos hemos comprometido a tener una visión de esta presunta red en las primeras semanas de junio”, agregó.