El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, consideró como una maniobra la recusación que presentó la defensa del expresidente Alberto Fujimori contra todos los integrantes de la Cuarta Sala Penal Liquidadora, tribunal que lo juzgará por el caso de los ‘diarios chicha’ desde el 17 de octubre.
“El abogado (William Castillo) debe sentirse bastante nervioso por la cercanía del juicio oral y está tratando de postergar su inicio, no veo que haya ninguna razón fundamentada para recusar a los integrantes de la sala, son magistrados con una trayectoria limpia y honesta”, manifestó a la agencia Andina.
Arbizu consideró que no hay razones objetivas para que se acepte la recusación y que así lo harán saber cuándo se les corra traslado del pedido.
Fujimori, a través de su cuenta de Twitter, anunció que su abogado recusará a las magistradas Abigail Colquicocha, Aissa Mendoza y Carolina Lizárraga “por prejuicios” que, según dice, tienen hacía su persona.
De otro lado, Arbizu precisó que en el caso de los “diarios chicha” está probado que se desvió recursos públicos hacia el entonces Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) de Vladimiro Montesinos para pagar a un grupo de medios de comunicación.
“Lo que faltaba verificar es quién daba la orden para ese desvío, y lo que quedó claro, con las manifestaciones de los testigos, de los inculpados e incluso de Montesinos, es que fue Alberto Fujimori”, expresó.
Arbizu recordó además que los testigos dijeron era el propio Fujimori quien daba el visto bueno a los titulares que se publicaban en la “prensa chicha”, en el marco de una campaña de descrédito contra sus opositores y a favor de su reelección.
“De modo que quien diga que la acusación contra Fujimori carece de argumentos, está tratando de condicionar a la opinión pública. Lo que debe haber inexorablemente en este caso es una nueva condena por delito de corrupción”, destacó.
Señaló que el Ministerio Público ha pedido una condena de ocho años de prisión para Fujimori por este hecho, la máxima por el delito de peculado. La Procuraduría Anticorrupción, por su parte, solicita una reparación civil de 244 millones de soles.
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