¿Sin reelección no hay corrupción? ¡Qué ilusos!

Decir que porque se elimina la reelección de presidentes regionales y de alcaldes se va a eliminar o se va a reducir la corrupción en esas instituciones es una inocentada, una broma, un engaño que ni los mismos congresistas creen.

La corrupción en los gobiernos regionales y locales –y en el Gobierno Nacional– es la muestra más clara del fracaso de los órganos de control del Estado, y de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, así como de denunciar, investigar y sancionar a los corruptos. No es culpa de la reelección sino del Estado mismo, incluyendo a los congresistas.

Este fracaso absoluto del control estatal –que empieza en los ministerios y la Contraloría, y sigue en el Ministerio Público y el Poder Judicial– ha generado una escandalosa impunidad, que es la que ‘motiva’, alienta y permite a las autoridades corruptas a reelegirse para seguir robando. No es que la reelección genere corruptos, es la corrupción y la incapacidad del Estado las que hacen posible que los corruptos se reelijan.

Por otro lado, sostener que es la reelección la que lleva a la corrupción no sirve como argumento. Aceptar esto es admitir que nuestras autoridades son honestas durante su primer periodo de gobierno regional o local, y que, de pronto, se convierten en corruptas y empiezan a tejer redes o a formar sus mafias en su segundo periodo.

Es muy probable que en los casos de Áncash y Chiclayo las irregularidades se cometieran desde el inicio. Lo que pasa es que todo fue tomando una dimensión mucho mayor, precisamente porque frente a los primeros indicios o denuncias –que sí había–, los miembros de las instituciones de control terminaron, al parecer, siendo cómplices y encubridores. ¿Qué hacemos con ellos?