23.JUL Martes, 2024
Lima
Última actualización 08:39 pm
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Opinión

Esta semana parece haber concluido la última crisis política del gobierno de Ollanta Humala. Digo la última en sentido cronológico y no porque tenga la esperanza de que no haya otra en los 14 meses que le faltan para concluir su mandato. Y esto por una simple observación empírica que da cuenta de la improvisación y falta absoluta de manejo político y liderazgo de quien dirige hoy los destinos del Perú.

Dicho esto, no puedo dejar de reconocer que, por lo menos, al final de la crisis de Tía María el gobierno salvó la cara del Estado y libró al país del baño de sangre que hubiera significado, lamentable pero necesariamente, lo digo sin ambages, restaurar el orden constitucional de la República, interrumpido por una asonada desestabilizadora.

La prudencia entre quienes nos dirigimos al público para expresar una opinión, basada en un análisis político, es clave para tener un panorama completo y no retazos de una realidad que darán por resultado una opinión distorsionada. Tal fue el caso de muchas evaluaciones hechas inmediatamente concluido el mensaje presidencial del viernes, en el que el jefe de Estado dio cuenta de cómo iba a resolver la crisis social desatada en Islay, a raíz del proyecto minero Tía María.

“No dijo nada”, afirmaron muchos. Y esto porque el tenor del mensaje no brindaba, aparentemente, ninguna solución concreta más allá de una afirmación declarativa en defensa de los intereses y la prevalencia de los fueros del Estado.

Pero lo cierto es que el mensaje presidencial era apenas parte de un esquema de solución concreta a la crisis de Tía María, en el que la empresa transnacional tenía una participación crucial. Como, en efecto, así fue cuando Southern anunció, poco después del mensaje, “una pausa” a su proyecto con miras a “afinar el diálogo”. Un eufemismo para posponer el proyecto hasta las calendas griegas. Y esta fue la mejor solución posible.

Porque, en efecto, era un total despropósito lo que pedían muchos “líderes” políticos para que fuera el presidente el que pusiera fin al proyecto minero con la espada de Damocles de la violencia sobre su cabeza. Eso era inadmisible. El presidente no puede negociar la capitulación del Estado de derecho ni rendir el monopolio de la fuerza pública ante extorsionadores amparados en la fuerza bruta.

La primera obligación de un jefe de Estado es hacer prevalecer al Estado contra todos aquellos que desafíen su autoridad. Así pues, lo que le exigían al presidente Keiko Fujimori y Alejandro Toledo, anunciar con bombos y platillos el fin de un proyecto bajo condiciones de violencia inaudita, revela que no entienden nada acerca de los deberes de un jefe de Estado y, por lo tanto, peor aún, que están menos capacitados que Ollanta Humala para conducir un país.

La izquierda merece un comentario aparte. Son hipócritas a los que no se les mueve un músculo cuando se trata de aparecer como defensores de la gente contra el “abuso” del Estado. Pero lo que en realidad defienden no es la “gente”. La utilizan para que colapse el Estado que a ellos no les gusta. Una vez conseguido esto, la “gente” pasa a ser amiga o enemiga, según se alinee o no con SU Estado. ¿O acaso alguno de estos especímenes ha protestado cuando Maduro mete bala en Venezuela?

Así, pues, que no nos vengan a hacerse los “defensores” de las “grandes mayorías”, que el pelo del lobo se les ve a leguas. Por lo menos, lo vemos algunos que tenemos claro que el Estado, para defenderse de los lobos, no puede volver a estar en manos ni de ovejas ni de un pastor improvisado.


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