Ricardo Vásquez Kunze: Humala: A un paso de la hecatombe

Es una enorme suerte para el gobierno que a la procuradora Julia Príncipe no se le haya ocurrido renunciar al cargo del cual el Ejecutivo quiere botarla presionándola para que se vaya. Si así hubiese ocurrido esta última semana, la suerte del gobierno estaría echada, pues la consecuencia política del alejamiento de Príncipe de la Procuraduría de Lavado de Activos ya no sería la censura en cierne del ministro de Justicia, sino la del titular del Consejo de Ministros y su gabinete, y, muy probablemente, la del mismo presidente Humala.

El hecho es que, a diferencia del carácter especulativo de las presiones que se le atribuyen al gobierno contra otros poderes del Estado para extraer a Nadine Heredia de las muchas investigaciones en su contra, en el caso de Julia Príncipe no hay duda posible de que, siendo ella parte de la estructura del Poder Ejecutivo, existe una clara directriz política para defenestrarla.

No solo se ha pronunciado contra Príncipe su superior jerárquico, el ministro de Justicia –defendiendo la tesis de que la procuradora no puede declarar a los medios de prensa sin su autorización, lo que, para todos los efectos, significa que no puede declarar contra Nadine Heredia–, sino que el propio primer ministro ha señalado a Príncipe como mentirosa buscando desacreditarla. Gravísimo error político el del señor Cateriano, pues ha quedado directamente comprometido en el afán de echar a Príncipe del cargo.
Así, la imagen que queda del gobierno en la retina de la opinión pública es fatal porque, en un lado, tenemos a una señora a la que la mayoría percibe como honesta e independiente –nos referimos a Príncipe, claro—, que tiene que lidiar en solitario contra todo el aparato ejecutivo del Estado, que no quiere que cumpla con su trabajo porque este afectaría a la esposa del presidente. En otras palabras, el típico caso de abuso de poder.

Es curioso que sea el mismo gobierno el que valide y legitime con su ataque frontal a la procuradora la tesis del abuso de poder, pues la premisa para que este se produzca es que tiene que existir tal poder. Y lo que viene, más bien, demostrando el gobierno es que cada vez tiene menos poder. En un contexto en que el gobierno ya no puede controlar a su entorno más cercano –esta semana se supo de la renuncia de la vicepresidente Marisol Espinoza al partido oficialista–, con una bancada en el Congreso que se desintegra con los días y sin votos como para hacer frente a una censura política de magnitud imprevisible, la percepción de que el gobierno está en capacidad para intervenir, manipular o coaptar a instituciones que no dependen de su estructura funcional es una fantasía.

Por eso es que resulta políticamente estúpido que el gobierno se las emprenda –suponemos que en su impotencia– contra una funcionaria de perfil medio, pero de alto impacto público. El gobierno está convirtiendo a Julia Príncipe en el símbolo de un abuso de poder que, dada la absoluta precariedad política del régimen, no le augura nada bueno. Así pues, ahora el gobierno no tiene más remedio que Príncipe se quede donde está, porque estoy seguro de que, si se va, con ella se va el presidente.