“Me metieron cabeza” y “me hicieron perro muerto” son frases que hablan por sí solas, ya que nos hacen recordar la conducta de algunas personas que incumplen sus obligaciones económicas, generándoles una pésima imagen y volviéndolas inelegibles para contar con nuestra confianza. Pero, ¿qué podemos pensar cuando el que aplica la política del perro muerto es un gobierno –en este caso el peruano y en diferentes mandatos– que, a ritmo de villancico, “mece y mece y vuelve a mecer”? Pues, simplemente, que esa equivocada política crea una pésima imagen del Estado y convierte al país en un “gran cabeceador”.
Pero la mala imagen no solo es interna, ya que se traslada a todo el mundo, con el agravante de convertirnos en un país de alto riesgo para las inversiones, por no cumplir con las obligaciones jurídicas. Y hace que surja la siguiente duda: ¿una nación que no cumple con sus obligaciones internas tendrá la voluntad de cumplir con sus obligaciones externas? Esto es lo que pasa con los bonos agrarios, problema que tiene más de 40 años y que hoy vuelve a tener vigencia, debido a que la prensa norteamericana y el servicio de investigación del Congreso estadounidense vienen emitiendo alertas sobre la situación de la deuda impaga. El tema alcanza a nuestro propio Tribunal Constitucional, al conocerse la denuncia fiscal contra un secretario relator, al haberse adulterado la firma de un magistrado en la sentencia emitida en julio del 2013.
Como vemos, “el cabezazo” y “el perro muerto” no solo son asunto de la gente de a pie, también alcanzan a las altas esferas del gobierno, y me pregunto: ¿qué dicen nuestros candidatos?, ¿alguien estará dispuesto a poner el cascabel al gato? No se trata del tamaño de la deuda –que puede pagarse con dinero, canjes por compromisos tributarios o activos del Estado–, sino de no enturbiar la imagen del Perú para seguir siendo un lugar confiable para las inversiones que tanta falta nos hacen.
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