22.NOV Viernes, 2024
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Opinión

Hagamos números y evaluemos lo que significa para la población y para el Congreso la suspensión de los congresistas por faltas éticas. Durante el quinquenio que está por terminar, 17 congresistas han sido suspendidos; el total de suspensiones alcanza a 1,740 días de legislatura.

Durante ese lapso, la población de la región a la que pertenece el congresista suspendido se quedó sin un representante. Además, si el sancionado es de Madre de Dios, esa región se queda sin congresista que los represente mientras dura la sanción.

Adicionalmente, es importante señalar que el Congreso en promedio demora para sancionar a un parlamentario 247 días; Hubo investigaciones que se prolongaron casi tres años, desde la denuncia periodística hasta la sanción del Pleno. Mientras esto transcurre, la imagen del Congreso y la del congresista se mellan aún más.

Creo que ha llegado el momento de replantear las sanciones éticas; en primer lugar, las investigaciones deben ser rápidas, segundo, establecer una multa creando un fondo para ayudas sociales en la región a la que pertenece el congresista sancionado, y tercero, que el accesitario reemplace al congresista durante el período de la sanción. Las sanciones rápidas reducen la percepción de blindaje, las sanciones al bolsillo son las que más duelen y, además, el distrito electoral no se quedará sin representante.

Por otro lado, no todas las sanciones deben terminar en suspensión; el reglamento ya prevé llamadas de atención pública y por escrito, la que podría complementarse con la multa y con la publicación de avisos del Congreso en el diario oficial y en el de mayor circulación del país, donde se resuma la razón de la sanción; estos avisos se pagarían con parte de la multa, no afectando el presupuesto del Congreso.

Ad portas de las elecciones, el Parlamento debe modificar su reglamento, dando reglas que ayuden a que el legislador mejore su conducta, la que al final de cuentas es la que más daño le hace a la imagen de la institución.


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