Guerra declarada. El expresidente Alan García afirmó ayer que el decreto supremo que amplía las actividades de Petroperú para que pueda comprar los activos de Repsol es, a todas luces, inconstitucional y señaló que la norma es una muestra de “chavismo puro”.
“El DS Repsol es inconstitucional, cambia leyes, evade licitación y excluye al Congreso. Es colusión y chavismo puro. ¿Qué área sigue?”, escribió el líder aprista en el Twitter.
Esta visión es compartida por el congresista Carlos Bruce, quien anunció, a Perú21, que la oposición impulsará una denuncia constitucional contra el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, y los demás responsables del Reglamento sobre Petroperú.
Subrayó que el cuestionado dispositivo es una “burla” al Congreso y una “sacada de vuelta, una clara violación” a la Constitución.
“Lo que está sucediendo no es poca cosa, es grave volver a la tontería de los ‘70 que tantos millones nos costó. Se está cambiando el modelo económico. Pelearemos esta batalla”, sentenció.
Bruce también respaldó la posición del legislador Mauricio Mulder a favor de interpelar a Merino. “Una cosa no excluye a la otra. La acusación tomará su tiempo”, agregó.
CENSURA A LA VISTA
Pero la denuncia constitucional no sería lo único que podrían afrontar los miembros del Ejecutivo. El vocero de Perú Posible, José León, advirtió que si el Gobierno persiste en comprar Repsol sin pasar por el Parlamento el premier Juan Jiménez se expone a ser interpelado y censurado.
“Si no lo consultan con el Congreso, estoy 100% seguro que el premier vendrá y tendrá serios problemas, su salida podría adelantarse”, aseveró.
A su turno, el legislador Michael Urtecho (SN) se opuso a la compra de La Pampilla y se preguntó por qué tanto apresuramiento del Gobierno por sacar este tema. “No puede administrar ni siquiera los programas sociales”, expresó.
TENGA EN CUENTA
- El ministro de Energía, Jorge Merino, dijo que el reglamento no “tiene nada que ver” con Repsol y que su publicación es solo una “mala coincidencia”.
- El artículo 60 de la Constitución dispone que “solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial”.
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