Es oficial: Venezuela abandona la CIDH

Venezuela salió hoy de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que no podrá ser juzgada en ese tribunal por hechos que ocurran desde ahora, lo que según grupos humanitarios deja desprotegidos a los venezolanos ante atropellos del Estado.

El retiro se formaliza, según los procedimientos, un año después de que el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez –fallecido en marzo de cáncer– denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento en que se fundamenta la Corte, con sede en San José, cuando emite sus sentencias.

La decisión provocó una ola de críticas de organismos de derechos humanos locales e internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), pero el gobierno argumenta que la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “siguen órdenes” del “imperio” y se han prestado a “perseguir a gobiernos progresistas”.

“La Comisión y la Corte Interamericana de Justicia jamás han sido garantes de lo justo, sino protectores de intereses de los poderosos”, afirmó el vicepresidente Jorge Arreaza, tras señalar que ha sido cumplida la decisión de Chávez, que calificó de “sabia, justa y soberana”.

Aunque la Corte ahora solo podrá conocer demandas contra Venezuela sobre violaciones a derechos humanos ocurridas antes de este martes; el Estado no puede retirarse de la CIDH, órgano autónomo de la OEA, sin dejar a la propia organización regional.

Ayer, un día antes de que que se concretara la salida de la Corte, la oposición venezolana denunció ante la CIDH la elección del pasado 14 de abril por considerarla fraudulenta, y luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declarara inadmisibles sus impugnaciones.

“Es un gigantesco retroceso la salida de Venezuela de la Corte”, declaró el opositor Henrique Capriles en su programa de televisión por internet, al afirmar que la decisión del gobierno viola la Constitución, que consagra el respeto a los tratados internacionales.

Venezuela no permite desde 2002 visitas de la CIDH, que puede seguir evaluando y emitiendo reportes informativos sobre la situación de los derechos humanos en ese país.