El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se mostró satisfecho con la aprobación que hizo ayer la Asamblea Nacional de la Ley de Comunicación, con la que “los ciudadanos tendrán armas para defenderse de los abusos de la prensa”, según dijo.
“Estoy satisfecho porque por fin se ha respetado el mandato constitucional y felicito a mis compañeros asambleístas por hacer respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano”, manifestó Correa respondiendo preguntas de periodistas en la ciudad de Guayaquil.
El gobernante dijo que la nueva Ley de Comunicación es absolutamente positiva y garantiza “plena y totalmente la libertad de expresión, pero con responsabilidad y sin permitir abusos”.
“Aspiramos a que con esta nueva norma legal, el país tenga una prensa de mejor calidad y, sobre todo, una verdadera libertad de expresión que respete los derechos de todas y todos los ciudadanos”, comentó Correa.
La Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada ayer por la Asamblea Nacional de Ecuador. Es un cuerpo de 119 artículos que crea varios organismos de control y regulación a los medios como la Superintendencia de Información y el Consejo de Regulación, que pueden disponer acciones administrativas y multas a los medios por sus contenidos.
Los sectores de oposición anunciaron que plantearán la inconstitucionalidad de la ley en las cortes ecuatorianas.
“TIEMPOS OSCUROS”
Los principales diarios ecuatorianos y algunas organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Human Rights Watch criticaron la ley de comunicación que regula los medios y reduce la participación del sector privado.
“Tiempos oscuros para el periodismo” tituló el diario El Comercio, uno de los principales de Ecuador, y aseguró que la ley “contiene normas que ponen en riesgo la libertad de informar y opinar”.
“El oficialismo votó y festejó la ‘mordaza’”, agregó el matutino que en su editorial de hoy se refirió a la nueva norma como “nefasta para la democracia, orientada no solo a limitar el ejercicio periodístico sino la libertad de opinar de los ecuatorianos”.
La SIP, cuyo presidente es el ecuatoriano Jorge Mantilla, tachó la ley como un “retroceso histórico” para América Latina mientras que la ONG Human Rights Watch la calificó de “asalto a la libertad de expresión”.
“Esta ley supone otro esfuerzo del presidente (Rafael) Correa para atacar a los medios independientes”, señaló el director para Américas de la organización defensora de los derechos humanos, José Miguel Vivanco.
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