Los propietarios de cámaras de vigilancia –sean personas naturales o jurídicas– tienen la obligación de entregar a la Policía o a la Fiscalía una copia de las imágenes en las que se haya captado algún delito. De esta manera se pretende frenar la delincuencia.
Así lo establece la Ley N° 30120 que fue publicada ayer en El Peruano. La norma señala que las autoridades deben mantener en reserva la identidad de aquellas personas que hayan facilitado el material.
Del mismo modo, el dispositivo –que será reglamentado en 60 días– exige al Ministerio del Interior que cuente con un registro de las personas que tengan videocámaras en sus viviendas.
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