Los propietarios de cámaras de vigilancia —sean personas naturales o jurídicas— tienen la obligación de entregar a la Policía o a la Fiscalía una copia de las imágenes en las que se haya captado algún delito. De esta manera se pretende frenar la delincuencia.
Los propietarios de cámaras de vigilancia –sean personas naturales o jurídicas– tienen la obligación de entregar a la Policía o a la Fiscalía una copia de las imágenes en las que se haya captado algún delito. De esta manera se pretende frenar la delincuencia.