Instancias de dos poderes del Estado: el Judicial y el Ejecutivo, se lanzaron mutuas imputaciones por la decisión de este último de acatar –solo por 24 horas– el fallo de la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de retornar a Antauro Humala al penal Virgen de la Merced.
Ayer, a través de un comunicado, los vocales de la sala informaron que no han recibido ninguna explicación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre las razones para internar nuevamente al líder etnocacerista en la Base Naval del Callao, y advirtieron que las decisiones judiciales deben respetarse y cumplirse.
Inmediatamente, el INPE, a través de su procurador, Carlos Figueroa, aclaró que ha cumplido con el mandato y que el nuevo traslado no requiere ser notificado.
“El hábeas corpus se ha cumplido a cabalidad, y el INPE está argumentado, mediante una nueva resolución, razones de seguridad para su traslado”, aseguró.
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