Oficialismo frustra creación de la comisión ‘López Meneses’

El Pleno del Congreso fue escenario de un nuevo enfrentamiento entre los legisladores de Gana Perú y del Apra-Fuerza Popular que terminó frustrando la conformación de una comisión ad hoc para investigar los vínculos del exoperador montesinista Óscar López Meneses con el gobierno del presidente Ollanta Humala.

El debate comenzó con la intervención de Mesías Guevara, de la bancada de Acción Popular-Frente Amplio (AP-FA), quien sustentó el pedido para que se halle a los responsables de este escándalo que motivó la renuncia de un ministro, de un asesor presidencial, y del relevo de alto mandos policiales, que hoy son investigados en el fuero militar-policial.

Sin embargo, el debate se centró entre el aprista Javier Velásquez Quesquén y el oficialista Daniel Abugattás. Velásquez advirtió que no se iban a prestar a una farsa si el oficialismo integraba la comisión.

Su posición fue respaldada por Julio Gagó, vocero del bloque fujimorista, quien también pidió que los aliados del oficialismo, Perú Posible y Solidaridad Nacional, participen en ese grupo de trabajo.

EN PIE DE GUERRA
Fue entonces que Abugattás prendió la mecha. “Se están autoexcluyendo los hijos del montesinismo”, indicó.

Esto generó que Velásquez lo acusara de pretender imponer la orden de la primera dama, Nadine Heredia, para que se investigue los vínculos de López Meneses con el Estado, pero desde la década del 90.

La discusión entre el oficialismo y la oposición fue tensa y acalorada por varios minutos, por lo que el presidente del Congreso, Fredy Otárola, se vio obligado a suspender la sesión y convocar una reunión de junta de portavoces para resolver el problema.

Sin embargo, los ocho voceros no se pusieron de acuerdo en esa instancia legislativa. Los insultos y ataques continuaron y Otaróla tuvo que suspender el Pleno.

En una conferencia de prensa, legisladores de Unión Regional, de Concertación Parlamentaria y de Fuerza Popular anunciaron que no participarían en este proceso al que calificaron como una farsa.

“Esto viene de Palacio de Gobierno. Quieren cerrar el Parlamento”, advirtió Velásquez denunciando que el oficialismo prentendería, además, sacar al Apra de la comisión investigadora con el argumento de la proporcionalidad de los grupos. Con este mecanismo, advirtió, a Gana Perú le correspondería cuatro cupos, es decir, la mayoría abosluta en la comisión.

En esa línea, Martha Chávez anunció que presentaría una moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento y por el mal uso que hace Otárola de su poder.

SE LIMPIAN LAS MANOS
A su turno, Alberto Beingolea, vocero del PPC, denunció que el oficialismo sigue bloqueando la investigación.

Contó que durante la discusión de los voceros, le pidieron al oficialismo que diera un paso al costado pues representan a los investigados y otros demandaron que sea Concertación Parlamentaria (donde está el Apra) por ser la bancada más pequeña.

“Gana Perú debería declinar, pero no quiere. Es clarísimo que no quieren investigar”, expresó el portavoz.

En tanto, Gana Perú confirmó que no cedería su asiento en la comisión investigadora y que por la proporcionalidad le tocaría dos cupos.

“Existe un espíritu desestabilizador del Apra para evitar que se conozcan los resultados de la ‘megacomisión’”, indicó su vocero Tomás Zamudio.

El peruposibilista José León –aliado del oficialismo– arremetió contra el fujimorismo señalando que tuvieron un comportamiento “antidemocrático e hipócrita”.

Mientras tanto, Mesías Guevara, de AP-FA, recalcó que el Apra es el problema en la conformación de este grupo.

DATOS

- El fiscal supremo Militar-Policial Julio Bueno informó que evalúa tomar las declaraciones del presidente Ollanta Humala en las investigaciones por la irregular custodia policial a la casa de López Meneses. .

- Ayer, el relevado jefe de la Séptima Regional Policial Lima Luis Praeli y dos mandos policiales declararon ante el fiscal Bueno por presunta desobediencia, exceso en el ejercicio del mando y uso indebido de recursos.

- Bueno dijo que por haber prestado seguridad a una persona que no le corresponde se puede imponer una sanción de 2 a 6 años.