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No hay reconciliación 10 años después del informe de la CVR

SIGUE LA POLARIZACIÓN. La polémica desatada en torno a la presencia de Martha Chávez en grupo de trabajo de DD.HH. demuestra falta de tolerancia de unos y otros. Fujimorista continuará al frente de esta subcomisión.

POR AHORA SE QUEDA. Asesores de la Comisión de Justicia y Oficialía Mayor evaluarán si hubo quórum para su elección. (M. Zapata)
POR AHORA SE QUEDA. Asesores de la Comisión de Justicia y Oficialía Mayor evaluarán si hubo quórum para su elección. (M. Zapata)

La polémica desatada en torno a la elección de Martha Chávez como coordinadora del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia del Congreso ha puesto en evidencia una dura realidad: el proceso toma su tiempo y diez años después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), su último objetivo –la reconciliación– no se consigue en nuestro país.

Mientras en el Legislativo la Comisión de Justicia dedicaba su tiempo a debatir y dejar sin efecto un pedido del congresista Heriberto Benítez (SN) para desactivar ese grupo de trabajo, a pocas cuadras, en la plaza San Martín, colectivos de derechos humanos y grupos universitarios y sociales se congregaban para protestar por la presencia de la legisladora fujimorista.

En el Parlamento, Benítez no pudo convencer a sus colegas de que Chávez no debería seguir al frente de esa comisión. Pero su propuesta solo fue respaldada por los dos oficialistas presentes, mientras que siete votaron en contra (seis fujimoristas y Mauricio Mulder). El toledista Tito Valle se abstuvo. Los oficialistas José Urquizo y Cenaida Uribe renunciaron a integrar ese subgrupo de trabajo.

Benítez recurrió, como último recurso, a una ‘leguleyada’: desconoció el acuerdo del 31 de octubre en el que se designó –con su voto a favor– a la fujimorista como coordinadora del grupo. El legislador de Solidaridad Nacional argumentó que no hubo quórum en aquella sesión.

Dicho argumento solo fue respaldado por la oficialista Ana María Solórzano, quien planteó que se pidiera opinión a la Oficialía Mayor. Sin embargo, los legisladores fujimoristas y Mulder demostraron que el propio Benítez había convalidado, con su firma, el acta de la sesión del 31.

Al final, el presidente de la comisión, Juan Carlos Eguren (PPC-APP), informó que la duda expresada por Benítez será resuelta por la asesoría del grupo de Justicia y la Oficialía Mayor.Pero Chávez recordó que el artículo 52° del Reglamento del Congreso establece que cualquier observación respecto al quórum se formula antes de la aprobación del acta que el propio Benítez firmó.

CON EL FUJIMORISMO
La jornada estuvo marcada por imputaciones de uno y otro lado. Chávez arremetió contra Benítez señalando que había sido presionado por Gisela Ortiz Perea para que reconsiderara su apoyo al grupo de DD.HH. bajo amenaza de revelar que estuvo incluido en una lista norteamericana de buscados por lavado de activos en el año 2002.

También recordó que Ortiz –hermana de una de las víctimas de La Cantuta– había trabajado para el congresista fujimorista Víctor Becerril y que luego fue candidata al parlamento por el partido Todos por la Victoria, de Ricardo Flores, persona cercana al fujimorismo.

“Ahí no había asco, pese a que ya se había producido La Cantuta, Barrios Altos y el 5 de abril”, puntualizó Chávez.

Perú21 intentó comunicarse con la activista de derechos humanos para tomar su versión, pero no nos respondió.

MOVILIZACIÓN
Por la noche, el plantón en la plaza San Martín se convirtió en un intento de marcha hacia el Congreso que la Policía impidió. Los ánimos se exacerbaron al conocerse que la Comisión de Justicia no había retirado a Chávez del citado grupo. Gritos de “¡Fuera Martha Chávez!” y carteles que la acusaban hasta de ser “protectora de pedófilos” acompañaban la protesta.

Una presunta víctima del terrorismo identificada como Luis Contreras le escupió a la directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, al reclamarle que nunca atendieron su denuncia. “¡A los terroristas, sí!”, gritaba en medio del tumulto.

DATOS

- Gisela Ortiz trabajó en el año 2000 con el parlamentario fujimorista Víctor Becerril en la Comisión de Presupuesto.

- Al año siguiente postuló sin éxito al Congreso con el número 2 en la lista por Amazonas del partido Todos por la Victoria, de Ricardo Flores, una persona cercana al fujimorismo y mencionado como colaborador de Montesinos en un ‘vladivideo’. El número uno de esa lista era, precisamente, Becerril.

- En 2007, Ortiz se refirió a su experiencia con el fujimorismo y dijo que se dejó “llevar” por la valoración personal y la “amistad”.


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